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Educación
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Propondremos un Plan Nacional de la Educación que saque de la confrontación política el modelo educativo. Impulsaremos una reforma consensuada del mismo, que lo dote de principios educativos sólidos y acabe con la inestabilidad que nuestro sistema educativo lleva padeciendo como consecuencia de las numerosas leyes que han estado vigentes. Este gran pacto de Estado debe evitar que las leyes orientadas por posiciones ideológicas se sucedan unas a otras.
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Escuela pública laica y de calidad
Defenderemos una escuela pública laica basada en un modelo educativo que premie el esfuerzo y el mérito del alumno, que genere un espacio integrador y que permita una educación de calidad proporcionando igualdad de oportunidades para todos. Para ello dotaremos a la escuela pública de los medios materiales y proporcionaremos a los docentes las herramientas, los recursos y el apoyo necesarios para cumplir su decisiva función social.
Control por la Administración General del Estado de las competencias educativas de las Comunidades Autónomas
Propugnaremos el diseño por parte del Ministerio de Educación de los contenidos de las asignaturas, programas y currículos del sistema educativo de manera exclusiva y permanente. Estos serán iguales para todos los alumnos del sistema educativo español, incorporando cada Comunidad Autónoma, bajo supervisión de la Administración General del Estado, aquellos contenidos específicos propios de su singularidad. Para ello se constituirá un consorcio nacional de la educación como mecanismo de coordinación entre el Ministerio de Educación y los departamentos de educación de las diferentes CCAA.
Equipararemos las condiciones materiales en que se imparta la docencia en cualquier lugar de España: equipamientos, dotación económica, ratio de alumnos por clase, etc. Las CCAA mantendrán la gestión, pero en ningún caso podrán introducir cambios que modifiquen la igualdad de las condiciones generales del sistema educativo.
Mientras tanto, nos comprometemos a trabajar por la armonización de los contenidos educativos en toda España, implicando a los órganos correspondientes para garantizar que un alumno reciba la misma formación básica independientemente del lugar de residencia.
Favoreceremos la movilidad de los estudiantes y corregiremos las desigualdades entre territorios y promoveremos el ejercicio efectivo de la Alta Inspección Educativa en su tarea de supervisión del sistema educativo en todo el país.
La Administración General del Estado velará por el bilingüismo efectivo en la educación en todas las etapas educativas en aquellas CCAA con más de una lengua oficial.
Más inversión educativa y ayudas
Aumentaremos la inversión en educación hasta alcanzar en 2012 la media de la OCDE (un 5’8 % del PIB frente al 4’7% actualmente en España), proponiendo un horizonte de inversión del 7% del PIB en 2016.
Impulsaremos un programa de inversión material en los centros educativos, comprometiéndonos a alcanzar en 2012 una ratio de 1 ordenador por cada 3 alumnos (actualmente 1/13), con un horizonte de 1/1 en 2016.
Propondremos un mayor esfuerzo presupuestario para facilitar la integración de los alumnos extranjeros en las escuelas. Impulsaremos la creación de nuevas aulas de enlace, tutorías de acogida, de refuerzo y, en general, la presencia de perfiles profesionales especializados en los centros.
Incrementaremos las ayudas económicas y los beneficios sociales a los alumnos que lo necesiten: gratuidad en los libros de texto, ayudas para comedor, gratuidad del transporte público para estudiantes, etc.
De acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades y el del reconocimiento de la cultura del esfuerzo, propondremos becas y premios para los alumnos que demuestren aprovechamiento y excelencia en el estudio.
Educación de 0 a 3 años: universal y gratuita
Garantizaremos la universalidad y gratuidad de la escolarización de la etapa de 0 a 3 años, consolidando su carácter educativo. Para ello estableceremos un pacto global financiero con los Entes Locales, como responsables en la actualidad de la red de guarderías públicas. En estrecha colaboración con las Administraciones Locales se diseñará el modelo de distribución territorial de los centros más adecuado primando la actuación en aquellas zonas que carezcan de alternativa pública o privada eficiente. Paralelamente promoveremos la oferta privada y la concertación de plazas para alcanzar el objetivo de universalidad del derecho.
Entregaremos a los padres y tutores una cantidad de 300 euros al mes como ayuda para el abono de guarderías privadas, en el supuesto de que no exista plaza en guardería pública de la localidad.
El Ministerio de Educación elaborará programas educativos y pedagógicos homogéneos para toda la red de centros públicos y concertados que serán puestos a disposición de los distintos centros situados en las CCAA.
Primaria y Secundaria: una oferta educativa diversificada
Defenderemos una educación primordialmente comprensiva en la Educación Infantil y Primaria, etapas en las que todos los niños recibirán la misma enseñanza, con los refuerzos necesarios con la finalidad de que puedan asumir los objetivos fundamentales propuestos. En esa etapa se hará una detección precoz de cualquier tipo de problema o dificultad de aprendizaje, que deberá atenderse de manera prioritaria.
En la Secundaria, se primará un sistema flexible que permita adaptarse a la diversidad de situaciones personales y sociales. En consecuencia, a partir del segundo ciclo de Secundaria –es decir, desde los 14 años- se establecerán tres posibles itinerarios:
A: Orientación hacia el Bachillerato
B: Orientación hacia la Formación Profesional de grado medio
C: Orientación hacia una Formación Profesional elemental, que permita incorporarse al mercado de trabajo a partir de los 16 años.
Dichos itinerarios permanecerán abiertos, para que los alumnos puedan transitar de uno a otro, en función de su evolución personal. En los itinerarios B y C podrán incluirse prácticas en empresas, tutorizadas desde los centros, que podrán incluir remuneraciones a los alumnos.
Se establecerá un curso puente para conectar la Formación Profesional de grado medio con la superior. En él se cursarán las asignaturas comunes del Bachillerato y las materias de especialidad que se establezcan en cada caso como indispensables para el Ciclo Superior elegido. Los títulos superiores de Formación Profesional permitirán el acceso directo a la Universidad.
Proponemos un sistema flexible y adaptable que pueda, ante informes periciales (médicos, psicológicos, etc.) alterar de manera razonable algunos de los plazos establecidos, siempre con la finalidad de favorecer y ayudar al alumnado.
La escuela concertada
La Alta Inspección Educativa velará porque los centros concertados ofrezcan unas condiciones materiales en ningún caso inferiores a las de la enseñanza pública (ratio de alumnos por clase, instalaciones deportivas, informática, etc.). El coste de la enseñanza por alumno se estimará igual en los centros públicos que en los concertados. Se evitará que los centros exijan a los padres cantidades de dinero extra. La Alta Inspección Educativa recogerá las denuncias de los padres e investigará cada caso. A los centros que persistan en estas prácticas o no mantengan los niveles de calidad exigibles, les serán anulados los conciertos con la Administración Pública de modo inmediato.
España es uno de los tres países de Europa donde más alumnos cursan sus estudios fuera del sistema público educativo, siendo uno de cada tres centros de enseñanza españoles privado o concertado. Por ello, y velando por un distribución equitativa del impacto que supone el fenómeno de la inmigración en el sistema educativo, estableceremos que los porcentajes de alumnos de origen inmigrante sean homogéneos y equitativos entre la enseñanza pública y la concertada, en aras de evitar fenómenos de “guetización” escolar. Los colegios concertados contribuirán a la escolarización de los alumnos inmigrantes con la misma cuota que los centros públicos de la zona.
Los centros privados no concertados estarán obligados a ofertar un determinado porcentaje de plazas –a establecer por ley- becadas. Dichas plazas serán ofertadas públicamente.
La carrera docente
Impulsaremos el diseño de una auténtica carrera docente, a través de diversos grados y niveles de especialización, para estimular la competencia educativa del profesorado y otorgarle el adecuado reconocimiento profesional y económico. Se restablecerán las oposiciones al Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato como último escalón de la enseñanza preuniversitaria. Reivindicamos la figura del profesor especialista a partir de Secundaria y rechazamos el generalismo docente que se ha tratado de fomentar en los últimos años. Todas las materias impartidas en la Secundaria lo serán por especialistas, incluyendo la tutoría de alumnos. Ésta será realizada en todos los grupos por el psicopedagogo del centro educativo, que también coordinará al resto del profesorado en lo que se refiere a dicha labor y cuyo trabajo será fundamentalmente de atención y asesoría y no de sustitución de docentes.
Recuperaremos la dignidad y autoridad del profesor como un elemento esencial del sistema educativo mediante su equiparación a la autoridad civil, de modo que cualquier agresión o insulto recibidos en el ejercicio de sus funciones queden tipificados legalmente y sancionados de modo inmediato y ejemplar.
Fomentaremos la formación continua del profesorado mediante cursillos de corta duración y promocionaremos la competencia lingüística del mismo en lenguas extranjeras mediante la reserva de plazas gratuitas en las EOI más cercanas al centro de enseñanza de los docentes. También fomentaremos la formación permanente del profesorado, a niveles superiores en su especialidad, por medio de cursos de postgrado universitario. A tal fin, se facilitarán becas y reducciones de jornada no lectiva.
Impulsaremos todas las medidas encaminadas a que las tareas burocráticas, de vigilancia o de gestión de los centros sean llevadas por personal especialista adjunto a los mismos, dejando así al profesorado libre para dedicarse plenamente a su labor docente.
Jornada integrada en la escuela y en el mundo laboral
Propugnaremos una jornada escolar integrada, para todos los alumnos a partir de 1º de ESO. En ella las actividades lectivas –al menos las fundamentales y con mayor carga teórica- se realizarán exclusivamente por la mañana. De este modo los alumnos dispondrían de tiempo por las tardes para el estudio personal, actividad indispensable para el éxito académico. Los centros permanecerán abiertos todas las tardes, con una oferta obligatoria de actividades complementarias tutorizadas por personal especializado y de dedicación específica que todos los alumnos podrán elegir libremente.
Creemos conveniente concentrar el número de asignaturas por curso y que las impartidas tengan 3 horas de clase a la semana como mínimo. El modelo actual, inaugurado por la LOGSE –cada vez más asignaturas y con menos horas- sólo consigue saturar a los alumnos, confundirlos acerca de la verdadera relevancia de las cuestiones estudiadas y trivializar sus contenidos.
Sobre la lengua de enseñanza
Defendemos la libertad de opción lingüística en la primera enseñanza en aquellas CCAA con dos lenguas oficiales, o en aquellos territorios o zonas de aquéllas donde otro idioma tenga la consideración de cooficial, siempre en aras de garantizar el derecho a recibir la educación en la lengua materna del alumno. El idioma escogido como opción será la lengua vehicular de enseñanza en esta etapa en los colegios públicos y concertados hasta que el niño cumpla 8 años de edad y haya sido iniciado en la lectura y la escritura. En ningún caso la libertad de opción lingüística significará segregación de los alumnos en centros educativos diferentes, debiendo ofrecer todos ellos ambas líneas. En esta etapa se introducirá progresivamente la lengua cooficial no escogida en el programa educativo, de manera que se garantice que el segundo ciclo de Primaria pueda realizarse bajo un régimen de bilingüismo equilibrado en las dos lenguas cooficiales.
Defendemos una línea única a partir del 2º ciclo de Primaria, garantizando una presencia mínima de cada lengua oficial de un 35% en cada tramo. Todo ello sin menoscabo de las ofertas de escolarización en lenguas extranjeras que algunas escuelas privadas no concertadas puedan realizar.
De manera general y especialmente en secundaria, proponemos fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras y, allá donde sea posible, de la enseñanza de algunas asignaturas en esas lenguas, constituyendo centros bilingües (trilingües en aquellas CCAA con dos idiomas cooficiales) fomentando decididamente el plurilingüismo en la educación.
Para facilitar la libre circulación por el territorio nacional, según el mandato constitucional, en todas las CCAA con lengua cooficial distinta del castellano habrá una oferta obligatoria de enseñanza exclusivamente en castellano para todos los niveles de la educación preuniversitaria.
Los alumnos extranjeros serán escolarizados en castellano en las aulas de acogida en la enseñanza pública y en la concertada. En las CCAA con lengua cooficial los padres serán los que elijan la lengua en la que quieren introducir a sus hijos en la enseñanza, sin menoscabo de la introducción progresiva de la otra lengua cooficial hasta equipar su situación a la del resto de alumnos.
El defensor del estudiante
Defenderemos la erradicación de la violencia escolar hacia alumnos o profesores, así como de cualquier forma de acoso escolar. La plasmación práctica del estudio de los valores y derechos constitucionales implica una lucha decidida y constante contra toda discriminación racial, sexual, religiosa o de cualquier otro tipo que pueda producirse en los centros.
Los profesores y en particular las directivas de los centros deben disponer de posibilidades legales más amplias para actuar adecuadamente ante este fenómeno.
Alumnos con necesidades educativas especiales
Promoveremos en todas las etapas educativas la creación de espacios y equipos profesionales para los alumnos con necesidades educativas especiales (discapacitados, superdotados, inmigrantes, TADH, etc.), programas de asesoría específicos para sus familias y protocolos de estrecha colaboración con ellas.
Las escuelas especiales sólo deben proponerse cuando supongan una mejora efectiva de la formación de los alumnos con discapacidad, en los demás casos se deberá garantizar la integración plena del discapacitado en un aula ordinaria. Por tanto, en lo que se refiere a alumnos con minusvalías físicas o psíquicas importantes, consideramos adecuado que sean atendidos en centros específicos, donde podrán realizar un aprovechamiento superior.
Los alumnos que provoquen graves y reiterados problemas de convivencia deben ser educados con métodos específicos y por profesionales especializados, con una menor ratio profesor/alumnos y una vigilancia social estricta que garantice la integración satisfactoria de dichos alumnos en la sociedad. Los casos extremos serán derivados a centros especiales.
Educación Cívica
Propondremos una ley que permita al ciudadano controlar todos los aspectos del coste económico del funcionamiento de las Administraciones Públicas, ya que las facultades de control económico del ciudadano sólo existen formalmente dadas las grandes dificultades que se plantean en la actualidad para ejercerlo.
Endureceremos las obligaciones de transparencia a entidades financieras y partidos políticos en sus relaciones, poniendo coto a la arbitrariedad en las grandes decisiones de financiación.
La Historia de las Religiones como asignatura
Propondremos la creación de una asignatura específica sobre la Historia de las Religiones que atienda desde el laicismo los distintos aspectos históricos y culturales de la religión, especialmente aquellos que más influencia han tenido en nuestra cultura. Esta asignatura será impartida por profesores funcionarios, seleccionados por oposición, en las mismas condiciones que los profesores de las restantes asignaturas de los itinerarios de Secundaria. Como materia de contenido exclusivamente cultural, no confesional, será impartida a todos los alumnos. Entre sus objetivos estará fomentar los valores constitucionales de tolerancia y libertad religiosa, fundamentales en el marco de una sociedad plural.
Fomento de la diversidad lingüística
Propondremos que todas las escuelas españolas e institutos ofrezcan la enseñanza de una segunda lengua española (además del castellano) como asignatura optativa; en todas las Universidades españolas se tendrían que ofertar todas las lenguas cooficiales españolas como asignaturas de libre elección y oferta obligatoria.
Universidad y excelencia
La excelencia, el dinamismo, la agilidad y el liderazgo en la generación y la difusión social del saber son elementos imprescindibles en la Universidad de una sociedad orientada hacia el conocimiento. La consolidación de este modelo requiere una dotación de recursos más ambiciosa y más diversificada, acorde con su relevancia y en el que se corresponsabilicen los distintos agentes sociales, tanto públicos como privados. Pero requiere también la dignificación de la institución y mejoras en la estructura y en el funcionamiento de los centros, en orden a hacerlos más ágiles, más adaptables y más sensibles a las demandas sociales.
Proponemos un objetivo de gasto en la enseñanza superior que alcance el 2,5% del PIB en 2016. Una universidad de calidad debe disponer de recursos financieros suficientes.
Consideramos que la universidad debe diversificar sus fuentes de financiación. En la economía del conocimiento, la educación superior confiere a quienes la disfrutan de ventajas de ingresos durante todo su ciclo vital. Entendemos por ello necesario una corresponsabilidad del alumno en la asunción del coste de su formación.
Creemos necesario el ajuste del precio de las matrículas al coste real de la formación, sin que eso signifique una limitación al acceso a la formación universitaria de aquellos con restas más bajas. Para ello proponemos aumentar las ayudas y becas a los estudiantes para pasar del 0,08% del PIB que se destina en la actualidad al 0,25% en 2016, diversificando los tipos de subvenciones, así como facilitando a los estudiantes créditos blandos con un período de carencia igual a la duración teórica de los estudios, y un período de devolución no superior al doble de dicho plazo.
Fomentaremos mecanismos para que la empresa privada contribuya financieramente a las universidades apostando por programas de colaboración. Impulsaremos incentivos fiscales a las donaciones que empresas o particulares realicen a las universidades.
Autonomía universitaria
Preservaremos la autonomía universitaria y la protegeremos de las tentaciones de control político. Los poderes públicos promoverán la transparencia en la estructura, las decisiones y el funcionamiento de las universidades y combatirán los riesgos de endogamia, opacidad y discrecionalidad en ellas.
Docencia e investigación
Fomentaremos áreas de especialización universitaria, de modo que los profesores que lo deseen puedan intensificar su trabajo en las áreas de docencia e investigación docente o en el campo de la investigación, modificando su distribución horaria en virtud del área de especialización.
Favoreceremos, buscando la mejora de la calidad de nuestra universidad, un aumento de la contratación de profesores ajenos al cuerpo de funcionarios docentes de la universidad. Plantearemos la necesidad de eliminar progresivamente la figura de profesor-funcionario del sistema universitario, sustituyéndola por docentes con contrato laboral seleccionados en función de criterios de excelencia, combatiendo de este modo la endogamia que esclerotiza la universidad. Este sistema de selección de las plantillas docentes basado en criterios de excelencia iría vinculado a un sistema de financiación vinculado en una parte relevante a criterios de calidad.
Extenderemos la contratación laboral para becarios de investigación y profesorado en formación, permitiendo la posibilidad de que el estudiante pueda combinar trabajo y estudio en el ámbito universitario.
Gratuidad de los museos nacionales
Estableceremos la gratuidad de los museos nacionales un día a la semana, ampliando su gratuidad a aquellos colectivos más desfavorecidos.
Eliminación del canon digital
Modificaremos la Ley de Propiedad Intelectual eliminando el llamado canon digital. Propondremos medidas alternativas consensuadas con el sector para la salvaguarda de los derechos de autor y de la propiedad intelectual y que persigan adecuadamente las conductas delictivas, sin menoscabo de los derechos del resto de ciudadanos.
Software libre
Propondremos la utilización del software libre y de fuentes abiertas por la Administración General del Estado. Para ésta el ejercicio de la libertad de ejecución, conocimiento, modificación y redistribución de este software tiene consecuencias positivas en el ejercicio de sus potestades, en especial en la Administración electrónica, así como en aspectos operativos a tener en cuenta por cualquier Administración Pública: la libertad de elección, la protección de la inversión, la mejor relación precio/rendimiento y la garantía de comunicación e interoperabilidad.
Ley del Cine
Apoyaremos medidas que incentiven el desarrollo de la industria cinematográfica, conjugando su valor como producto cultural, pero teniendo clara la necesidad de desarrollar activamente su vertiente industrial de producto de consumo. Para ello modificaremos la vigente Ley del Cine, impulsando la creación de un Fondo Nacional de ayuda a la Cinematografía que otorgue ayudas a la producción, a la distribución y a la exhibición, así como medidas de apoyo al conjunto del sector.
Las ayudas a la producción se centrarán en un anticipo sobre ingresos de taquilla (préstamos sin interés, reembolsables con los resultados de explotación de la película subvencionada o con el apoyo financiero automático generado por la película).
Las ayudas a la distribución apoyarán a las empresas independientes cuya actividad favorezca la diversidad y pluralidad de la oferta cinematográfica en las salas.
Las ayudas a la exhibición se concederán para el fomento de la construcción y modernización de salas en zonas insuficientemente cubiertas de oferta, especialmente en zonas rurales o en la periferia las grandes ciudades, así como para mantener las salas que exhiben programaciones arriesgadas y poco comerciales.
En defensa de la libertad de mercado limitaremos las acciones monopolistas de las grandes distribuidoras, impidiendo que ninguna película pueda monopolizar simultáneamente más del 15% de las pantallas.
Impulsaremos el acceso de los cortometrajes a las salas de distribución y a la televisión. Mantendremos la cuota de pantalla que obliga al pase de un 25% de cine europeo dentro de la programación total de las salas de proyección, así como el porcentaje del 5% de inversión previsto por la Ley actual que deben destinar las cadenas de televisiones privadas en productos cinematográficos españoles.
Deporte
En colaboración con las CCAA, las Diputaciones Provinciales, los municipios, las escuelas y sus profesores de Educación Física, dotaremos de recursos económicos a aquellos programas destinados a potenciar el deporte de base, ayudando así y de forma transversal, a cohesionar nuestra heterogénea sociedad, a acoger de forma positiva a la inmigración, a luchar contra la marginación, la exclusión social o la drogadicción. El deporte de base puede ser un eficaz medio para educar en valores de esfuerzo, solidaridad y compañerismo. En último término servirá para mejorar nuestro deporte de élite: al ampliar la base estaremos aumentando las posibilidades futuras de tener grandes deportistas. Incrementaremos la inversión en los Centros de Alto Rendimiento.
Propondremos la eliminación de las subvenciones públicas destinadas a las federaciones y selecciones autonómicas en su proyección internacional.
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Programa Generales 2008.pdf
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