El 26 de noviembre de 2009 doce diarios que reciben entre todos ellos más de 20 millones euros anuales procedentes de las arcas públicas y “cuya línea editorial se determina en Catalunya (sic)”, publicaron un editorial titulado La dignidad de Catalunya.

En él que se advertía y presionaba al Tribunal Constitucional (TC) para que este no modificara el nuevo Estatuto con su futura sentencia sobre la constitucionalidad de alguno de sus artículos, por ser esta ley orgánica el fruto de un doble pacto político -Parlamento autonómico de Cataluña y Cortes Generales- y haber sido sancionado por los electores. Decían muchas más cosas, pero fundamentalmente reproducían esa forma de entender Cataluña defendida por los nacionalistas -y su cómplice necesario en esta farsa democrática que vive Cataluña, el PSC- donde son los nacionalistas y sus voceros quienes se arrogan el derecho de hablar en nombre de Cataluña y de todos los catalanes, autodesignándose interlocutores exclusivos sobre todo aquello que sienten, les preocupa o necesitan.

Esta iniciativa periodística, ejemplo contemporáneo de aquellas adhesiones inquebrantables al régimen tan habituales durante el franquismo, solo puede ser calificada por aquellos que mantienen viva la llama de Montesquieu de bochornosa e indigna.

Es bochornosa porque asume con absoluta desvergüenza las tesis involucionistas de unos partidos políticos que han decidido romper con las reglas de juego democrático desde el chantaje y la amenaza al TC. E indigna porque refleja el avance del proceso de imposición en Cataluña por una minoría que controla los resortes políticos, económicos y mediáticos, de un régimen totalitario. Una Cataluña oficial, oligarca y corrupta, caciquil y prepotente, que ha infectado nuestra sociedad putrefactándola con el único objetivo de alcanzar sus objetivos políticos.

La inexistencia de unos medios de comunicación críticos con el poder es uno de los signos que determinan la ausencia o muerte de la democracia real en un país. Cataluña no es un país, pero su marco comunicativo local hace tiempo que ha dejado de ser un contrapoder del poder político para convertirse en la correa de transmisión del mismo.

Unos medios de comunicación que han abandonado su función de informar para convertirse en actores políticos son una anomalía propia de países totalitarios. Su unanimidad en el seguidismo del poder, su actitud lacaya y servil es sencillamente contraria al papel de control de los medios en una sociedad libre. Por ello, estos medios deben explicar a esos ciudadanos de los cuales dicen ser portavoces cómo se ha fraguado ese editorial conjunto, quién lo ha redactado o a instancias de quién, y sobre todo si persiguen, además de coaccionar y chantajear al TC, desviar la atención de los casos de corrupción de los partidos de los que son tributarios y cómplices: el PSC y CiU.

También deberían explicar a los ciudadanos, si tan preocupados están por la dignidad de Cataluña, por ejemplo, ¿por qué no hicieron un editorial conjunto contra la corrupción institucional?, o ¿por qué no hicieron ningún editorial defendiendo su dignidad frente a aquellos que en nombre de Cataluña se enriquecen ilícitamente y roban recursos públicos de todos los ciudadanos?, o ¿por qué no publicaron un editorial unitario liderando la catarsis democrática que necesita nuestra comunidad? ¿Por qué?

La respuesta es evidente, porque la prensa en Cataluña forma parte del poder de una forma inextricable desde esa espesa y tupida red de vínculos familiares, políticos y económicos que asfixian la libertad en nuestra comunidad. Y también, de una forma menos prosaica, porque dependen de las subvenciones y encartes publicitarios de las administraciones para sobrevivir en un momento donde la caída de ventas y de los ingresos por publicidad azota a la prensa escrita.

Estos meses nos han permitido ver la realidad catalana de una forma descarnada: la existencia de una trama de corrupción institucionalizada vinculada al poder, la voluntad de los partidos políticos nacionalistas y sus cómplices por subvertir el orden constitucional y la inexistencia de una prensa libre. Hemos podido ver al régimen nacionalista que gobierna en Cataluña sin tapujos. La Cataluña oficial que copa las instituciones y la sociedad civil, asfixiando y ahogando la Cataluña real en estado puro.

Porque si de dignidad se trata, según estos augures mediáticos, la dignidad de los catalanes no se fundamenta en su grado de bienestar, en si tienen trabajo o no, o en si tienen la educación y sanidad que necesitan. No.

Para estos oráculos de lo que piensan los catalanes, lo que les quita el sueño de verdad, es una sentencia del Tribunal Constitucional que determine que Cataluña no es una nación jurídica, o que conocer el catalán no deba ser una obligación, o que lo símbolos de nuestra comunidad no puedan ser considerados como nacionales. Si no fuera tan peligrosa, defender que el problema de los ciudadanos catalanes es la constitucionalidad de la simbología identitaria nacionalista llamaría al sonrojo y a la vergüenza ajena.

Es a la luz de esta forma de entender la realidad, como podemos afirmar que Cataluña está dividida entre los que defienden la dignidad de Cataluña y la que defiende la dignidad de los catalanes. Entre aquellos que creen en la oligarquía y los que creen en la democracia; entre los que creen que los derechos son de los territorios y los que defienden que son de los ciudadanos; y entre los que creen en que los privilegios y derechos históricos son de una minoría y los que creen en la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos.

Y por que esa Cataluña oficial se despliega con absoluta impunidad ante el silencio de la mayoría, ha llegado el momento de que los que callan ante aquellos que amenazan nuestra convivencia den un paso adelante y digan basta. Lo griten sin miedo a las represalias y consecuencias que enfrentarse al nacionalismo en Cataluña supone, y lo hagan con la convicción de que vivimos un momento histórico que puede inclinar la balanza definitivamente del lado de la razón frente a aquellos que quieren perpetuar el dominio de uno pocos sobre la mayoría.

Porque todos aquellos que pensamos que otra Cataluña es posible, una Cataluña de ciudadanos realmente libres, tenemos la obligación cívica de trabajar para que algún día en nuestra comunidad las instituciones públicas, la sociedad civil, y la vida política dejen de ser un día el patrimonio de unos pocos para ser el reflejo fiel de la Cataluña de todos.

Jordi Cañas es secretario de Comunicación y portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también se le puede leer en el blog del portavoz de Ciudadanos.