Montilla anunció ayer que atrasaba las elecciones autonómicas, prorrogando más allá de los cuatro años  la legislatura, y lo justificaba defendiendo que aún quedan cosas por hacer.

 

Desde Ciutadans,  le pedimos a Montilla en diciembre del pasado año, en sesión parlamentaria,  que convocara elecciones para que empezásemos el 2010 con nuevo ejecutivo, cuya única prioridad, a nuestro entender, tenía que ser trabajar por lo que nos une a los ciudadanos de Cataluña, es decir, la salida de la crisis y la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos,  y no por aquello que nos divide, el eterno debate identitario y secesionista guiado por los nacionalistas. El presidente se negó a convocar alegando que a su gobierno le quedaba mucho por hacer para sacarnos de la situación económica, que  era, según dijo, la prioridad para el líder socialista.

 

Pero, si analizamos las prioridades reales del Tripartito desde entonces, nos damos cuenta de que exprimir esta legislatura no sólo no ha servido para centrar las acciones del gobierno y del Parlamento en sacarnos de la crisis, sino que ha contribuido a tensar la cuerda identitaria y la política intervencionista y prohibicionista en Cataluña.

 

Desde la creación de las Veguerías, un nuevo chiringuito político y burocrático para satisfacer a ERC, hasta la prohibición de los toros apoyada por ERC, ICV, CIU y parte del PSC, pasando por el incremento hasta un millón de euros del importe de las multas lingüísticas por no rotular los comercios en catalán, o la imposición de exhibir el 50% de películas dobladas al catalán en los cines, son algunas de las normas que, según Montilla, debían colaborar a sacarnos de la crisis y hacían imprescindible agotar la legislatura.

 

La última joya que aprobará Montilla, antes de que las urnas envíen el Tripartito al baúl de los recuerdos, viene de manos del que algunos llaman ya el “caudillo” del Bages, el conseller Huguet. El mismo conseller que propone retirar las muñecas flamencas de las tiendas de las Ramblas,  e instaurar un catálogo de productos de “identidad catalana” para que los comerciantes no vendan productos “impropios”, ahora pondrá  la guinda al pastel de la obsesión lingüística  exigiendo por decreto a los profesores universitarios el nivel C de catalán, cosa que contribuirá, sin duda, a consolidar el provincianismo y la mediocridad creciente de nuestro sistema universitario.  Es decir, pretenden convertir un certificado lingüístico en una barrera de entrada al profesorado en vez de un mérito más en su curriculum. Vaya,  que Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de literatura,  no podría haber dado clases en la universidad catalana,  pero el hermano de Carod si puede ser el “embajador” de Cataluña en París.  

 

Y lo más grave no son las medidas que toman sino lo que demuestran con ello. Estos señores tripartitos no saben lo que es la universidad, ni cómo funciona y qué realidad vive hoy en día un empresario, ni de qué vive el turismo en Cataluña, ni cuál es la situación de las empresas del cine.  O incluso peor, sabiéndolo, les importa un bledo y anteponen la limpieza lingüística a la excelencia y al progreso económico.

 

Montilla tendrá que calcular qué coste ha supuesto para el PSC pasarse al nacionalismo y traicionar a los suyos por la silla. Tiempo no les faltará, porque lamentablemente CIU y el nacionalismo del 4% probablemente volverán a gobernar unos cuantos años la Masía catalana, condenando a todos los catalanes al abismo soberanista.

 

Albert Rivera, Presidente de Ciutadans (C’s)