20-09-2009 | El Mundo

Esa es la idea fundamental por la que muchos ciudadanos nos embarcamos en un proyecto como C's. Porque queremos un Estado propio, y no un Estado impropio, que es en lo que se ha convertido España.

 

Necesitamos un Estado que garantice los derechos de todos sus ciudadanos y que no se arrugue frente a las amenazas de las castas políticas locales, que están fragmentando, con el silencio cómplice de PSOE y PP, la cohesión social, económica y territorial en España.

 

El pasado 11 de septiembre, como ya es habitual, se convirtió nuevamente en la Diada de unos pocos, los políticos nacionalistas, y un thriller psicológico o un buen puente para los que no somos nacionalistas, según la agenda y la intensidad con la que cada uno se tome ese día mitología “patriotera”. Pero hubo una manifestación independentista encabezada por Joan Laporta, que me hizo abrir los ojos y darme cuenta de que formalmente yo estaba totalmente de acuerdo con el lema que lucían en  su pancarta: “Volem un Estat propi”. Esa es la idea fundamental por la que muchos ciudadanos nos embarcamos en un proyecto como Ciutadans. Porque queremos un Estado propio, y no un Estado impropio, que es en lo que se ha convertido España en los últimos años.

 

Según la definición de la Real Academia Española un Estado impropio sería, en la primera de sus acepciones, aquél que está falto de las cualidades convenientes según las circunstancias; y en la segunda, aquél que se muestra ajeno o extraño a una persona, cosa o circunstancia. Lamentablemente ambos significados casan con la actuación que el Estado está teniendo frente a las circunstancias políticas que están aconteciendo en nuestro país, y concretamente en Cataluña.

 

Solo un Estado débil se queda de brazos cruzados frente al apoyo y convocatoria de un referéndum ilegal y antidemocrático- y los que vendrán- por parte de un ayuntamiento, actuando sólo a regañadientes y a última hora a instancia formal de Ciudadanos. Y el  primer partido de la oposición, el PP, no ha movido ni un solo dedo para solicitar formalmente la prohibición de dicho atropello al Estado de Derecho.

 

Solamente un Estado frágil permite que un parlamento autonómico apruebe una norma como la LEC, una ley que prohíbe el uso del castellano como lengua de aprendizaje en las aulas catalanas, y que tiene entre sus objetivos adoctrinar en la Formación del Espíritu Nacionalista a nuestros alumnos. El último ejemplo lo leíamos en este diario, los profesores de un colegio público en Arenys de Munt fomentaban redacciones y opiniones de los alumnos en torno al idependentismo de Cataluña. El Gobierno permanece ajeno a las graves consecuencias de esta ley impulsada por sus colegas del PSC y de un PP cabizbajo que obedece ante la exigencia de CIU, no llevar esta norma al TC si quiere gobernar algún día en Madrid y repartirse las poltronas en Cataluña. Sólo un Estado silenciado renuncia a ejercer con convicción la inspección de los contenidos de los libros de texto de nuestras escuelas, permitiendo implícitamente que el nacionalismo plante la semilla de la diferencia, el odio y la manipulación histórica entre nuestros escolares.

 

Sólo un Estado acomplejado acepta que las políticas nacionales y la distribución de las competencias constitucionales sean repartidas como cromos a cambio de apoyos de CIU, ERC, PNV o BNG a los gobiernos de turno que permitan al Presidente de turno aguantar un año más en la Moncloa. Sólo un Estado fragmentado permite que se levanten fronteras laborales, económicas, educativas y lingüísticas entre trabajadores, funcionarios y empresas dentro de su propio territorio.

 

Los catalanes que no somos independentistas, los que no queremos dejar de tener pasaporte español,  los que respetamos el pacto constitucional y las leyes, también queremos como Laporta & CIA un Estado propio, pero en nuestro caso que sea propio a la España democrática y constitucional del siglo XXI. Queremos un Estado donde el abogado del Estado actúe de oficio prohibiendo que los alcaldes de turno convoquen o apoyen consultas ilegales, y donde la Fiscalía ejerza sin cortapisas políticas, inhabilitando a aquellos cargos públicos que desobedezcan las leyes o las sentencias judiciales. Deseamos vivir en un Estado que garantice el uso institucional de las lenguas oficiales en las escuelas, en la Administración y en los medios de comunicación públicos. Necesitamos un Estado que vele por un sistema educativo donde todos los alumnos estudien contenidos contrastados y rigurosos en cualquier lugar del país. Soñamos con  un Estado donde el Gobierno y el principal partido de la oposición, lejos del  electoralismo, defiendan efectivamente, que todos los ciudadanos españoles somos  libres e iguales ante la ley, y donde no evite cualquier barrera administrativa o lingüística que trabe la libre circulación de personas en el territorio nacional. Nosotros no necesitamos construir ese Estado porque ya existe y se llama España. Pero si algunos no se toman en serio las debilidades que sufre este Estado serán responsables por omisión de su quiebra. 

Albert Rivera, presidente de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (C's) y diputado en el Parlamento de Cataluña.

ARTICULO PUBLICADO EN: EL MUNDO, y La Voz de Barcelona.