18-07-2009 | C's

Las voces críticas al nuevo modelo de financiación mencionan el carácter bilateral del acuerdo como el talón de Aquiles del nuevo modelo de financiación. Se equivocan.

 

El catalanismo lleva tiempo alimentando la idea de que el gobierno de Cataluña no es simplemente un gobierno de una comunidad autónoma del estado español, para ellos es el gobierno de una nación (que algún día será estado) y, en consecuencia, el trato, la relación con el gobierno de España, ha de ser entre iguales, de tú a tú, bilateral.

Los catalanistas necesitan mantener ahora la ficción de la bilateralidad como una exigencia para evitar la frustración y la melancolía entre sus votantes y, en el caso de Esquerra Republicana, evitar una crisis interna. Por ello no dudan en disfrazar la realidad y presentar como bilateral un acuerdo que ha sido multilateral como no podía ser de otra manera.

No puede ser de otra forma porque la Constitución establece que la financiación de las comunidades autónomas se regulará por una ley orgánica estatal, lo que significa que toda legislación en esta materia, sea estatal o autonómica, incluyendo los estatutos de autonomía, debe ser conforme a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Así lo prescribe la Constitución. Al mismo tiempo, la LOFCA, como cualquier otra ley orgánica, necesita la mayoría absoluta del Congreso de Diputados para su aprobación, lo que imposibilita que pueda tener un carácter bilateral, es decir, pactada exclusivamente entre el gobierno central y el gobierno de una comunidad autónoma, en este caso, Cataluña.

Tampoco es posible la bilateralidad porque el acuerdo de financiación ha recogido y conciliado el sudoku que suponen las distintas claúsulas que sobre criterios de financiación contienen los diferentes estatutos de autonomía vigentes.

El aspecto más discutible o criticable (y que sin embargo está siendo poco cuestionado) es el abandono del objetivo de nivelación total por otro de nivelación parcial reducido a sanidad, educación y servicios sociales que abre la puerta a un sistema menos igualitario en el que los recursos de cada comunidad autónoma pasarían a depender, en alguna medida, de su capacidad fiscal y, en última instancia de su nivel de renta.

Aunque el elevado peso de los servicios básicos en la financiación autonómica (por encima del 80%) limitaría el tamaño de las diferencias de financiación entre comunidades surgidas por esta vía, el cambio en el sistema de financiación puede acabar beneficiando a las comunidades más ricas y perjudicando a las más pobres.

Si el sistema permite la existencia de diferencias de financiación no ligadas a necesidades de gasto, las comunidades menos favorecidas tenderán a repartir su déficit relativo de recursos entre todos los servicios que gestionan, incluyendo los considerados básicos, con el consiguiente descenso de la calidad de todos ellos en relación con el promedio nacional.

Resumiendo: las comunidades autónomas que más recaudan no tienen por qué recibir más y rechazamos la capacidad fiscal como criterio de reparto de recursos entre las comunidades autónomas. Sólo las necesidades de comunidades autónomas. Sólo las necesidades de los ciudadanos deben ser el criterio de reparto presupuestario.

Antonio Espinosa
Secretario de Acción Política de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía.