Gastados tres largos años en deliberar la sentencia del Estatut, dos declaraciones anticipan su veraniega publicación, presagiando lo peor.

Doña Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, al unísono anuncian que «gustará a todos» y que «Cataluña la asumirá bien». Sospechosa coincidencia. Una sentencia «como debe ser» de un Tribunal no puede «agradar a todos», sino a una de las partes.

Pero ni el Constitucional es un auténtico tribunal, sino dependencia del Gobierno y los partidos, ni sus sentencias son resoluciones jurídicas, sino prolijas disquisiciones para lucimiento de los ponentes. Tanto retraso ha dañado la convivencia entre los españoles de Cataluña y los de las demás regiones. Y el Estatut se aplica día a día, creando situaciones irreversibles pese a que el Constitucional pudo suspender su entrada en vigor al presentarse el recurso y no lo hizo.

¿Qué ocurrirá si la sentencia es anulatoria de concretos artículos del Estatut, entre ellos los que conceden a Cataluña preeminencia sobre el resto de España, facultad de vetar las leyes estatales del Estado y la de negociar bilateralmente en igualdad con éste? Artur Más, de CiU, responde centrándose en las «pelas»: Si resultara una financiación que no atienda las necesidades de Cataluña, «se habría agotado la vía constitucional y estatutaria».

Cabe pues preguntarnos: ¿Qué otra vía quedaría, excepto negociar una nueva redacción del Estatut que salve su constitucionalidad? Y de no ser anulatoria, sino interpretativa –como se filtra–, abrirá durante décadas la puerta a futuros recursos de constitucionalidad según el ánimo litigante del Gobierno de turno o de los partidos. ¿Estará el Constitucional en condiciones de resolverlos? Su futuro es cuestionable desde la presidencia de doña Emilia Casas. Veamos:

1) Sus sentencias profundizan diferencias entre las autonomías, a modo de peligrosa «Constitución bis». ¿Necesita España un Tribunal Constitucional que en vez de preservar la unidad territorial se entretiene en cuartearla?

2) ¿Para qué un Constitucional convertido en innecesaria tercera instancia montada en la «chepa» del Supremo, como cuando anuló la sentencia de prisión impuesta por éste a «los Albertos» o aprobó la proetarra lista de Iniciativa Internacionalista?

3) ¿Para qué un Constitucional que prioriza las garantías del delincuente sobre las de la víctima con el efecto de que aquel «entre por una puerta y salga por otra»?

Lo dijo Indalecio Prieto en 1932 a propósito del entonces Tribunal de Garantías Constitucionales: «El sistema constitucional equivale al apéndice en el sistema intestinal; no sirve más que para producir cólicos». ¿Por qué no traspasar el juicio de constitucionalidad de las leyes al Tribunal Supremo como en EEUU?