Valoramos positivamente la declaración expresa de la carencia de valor jurídico o normativo de las expresiones contenidas en el preámbulo referidas a “Cataluña como nación” y a “la realidad nacional de Cataluña”, así como de la interpretación del término "nacionales", recogido en el artículo 8,  se refiere exclusivamente, en su significado y utilización, a los símbolos de la nacionalidad de Cataluña, reconocida y garantizada en el art. 2 de la Constitución dentro de la "indisoluble unidad de la Nación española". Cualquier confusión en esta materia hubiera supuesto la reclamación para las nacionalidades de la misma equiparación que para la nación española, única que reconoce la Constitución. Supondría abrir una puerta al fraccionamiento de la soberanía nacional que constitucionalmente reside exclusivamente en el conjunto del pueblo español y someterlo a continuas reivindicaciones separatistas.

En C’s compartimos la interpretación del TC de que el autogobierno de Cataluña no se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán y que no existe otro fundamento jurídico del autogobierno de Cataluña distinto a la Constitución. Ésta no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores.

La sentencia debería haber sido más valiente y menos contemporizadora con el nacionalismo en materia lingüística. Además de haber declarado inconstitucional que el catalán sea la  lengua preferente de las  Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, debería haber establecido que castellano y catalán, como lenguas oficiales, han de ser  de uso normal en las administraciones públicas y en los medios de comunicación públicos, así como establecer que ambas lenguas se empleen normalmente como vehiculares y en el aprendizaje en la educación. En cualquier caso C’s no renunciará a sus objetivos políticos de uso indistinto y en condiciones de igualdad de ambas lenguas en la administración y en la educación.

Calificamos positivamente que la sentencia haya declarado inconstitucional la competencia exclusiva del Sindic de Greuges (defensor del pueblo catalán) en la defensa y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña. Se ha impedido así un agravio y una desigualdad entre españoles en lo que concierne a las garantías para sus derechos fundamentales, que ahora podrán elegir entre el Sindic y el Defensor del Pueblo español como sucede en el resto de España.

Apoyamos determinación del Tribunal de impedir con su sentencia la implantación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del resto de España; un Poder judicial a medida del nacionalismo con unas Instituciones cargadas de identidad catalana y al servicio de la misma que tendría su propio órgano de gobierno, crearía sus propios tribunales, determinaría la demarcación judicial y seleccionaría sus propios jueces y donde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relegaba al Tribunal Supremo y el Consejo de justicia de Cataluña hacia lo propio con el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces establecido en la Constitución.

La sentencia acota y define el alcance de la bilateralidad entre Generalitat y estado fijando que aquella no puede impedir  ni alterar el libre ejercicio por el Estado de sus competencias, ni tampoco menoscaba las decisiones que hayan de tomarse en los órganos multilaterales de cooperación.

La sentencia también rompe, aunque no con la claridad que C’s demanda y la situación exige, el blindaje competencial que pretendía establecer el estatuto a favor de la Generalitat y en detrimento de las competencias del gobierno central.

La sentencia pone fin al corsé que obligaba a una inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras igual a la aportación de Cataluña al PIB nacional. La sentencia interpreta que el estatuto no puede obligar y vincular al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscabar la libertad de las Cortes en el ámbito de su competencia. Igualmente aclara que los porcentajes de cesión de impuestos previstos en las disposiciones adicionales 8ª, 9ª y 10ª sólo alcanzarán virtualidad cuando se hayan acordado, en su caso, por el órgano multilateral correspondiente y hayan sido aprobados por las Cortes Generales.

-La anulación de 14 de los más de 200 artículos del Estatut de Catalunya por parte del Tribunal Constitucional evita el blindaje de 30 años de políticas nacionalistas excluyentes y permite que una mayoría no nacionalista desmonte la legislación pacientemente trabajada por los nacionalistas y el PSC, especialmente en lo referido a la lengua, evitando que esta se declare "preferente" , tener un Poder Judicial autónomo para poder evitar el control de la Justicia sobre la corrupción institucional que PSC y CiU han llevado a cabo en los últimos 30 años y ampliar competencias fiscales que rompieran el concepto de solidaridad amparado por la Constitución.. En la sentencia se mantiene el término nación en el preámbulo dejando claro que éste no tiene ninguna validez jurídica y señalando reiterativamente la "indisoluble unidad de la nación española, consagrada en la Constitución"

 

La mayoría de los preceptos que ha rechazado el alto tribunal tienen relación con la regulación que el Estatut establece en estos ámbitos y que, según el TC, es inconstitucional. Es el caso del polémico artículo 6.1 del Estatut que afirma que "la lengua
propia de Catalunya es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Catalunya, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".

El TC ha dictaminado que este precepto, que da preferencia a la lengua catalana, entra en colisión con la Constitución, que en su artículo 3 establece que es la única lengua que se considera oficial del Estado.

El desarrollo de la Administración de Justicia autonómica y el Poder Judicial autónomo en Catalunya previstos en el Estatut tampoco han pasado el examen del Constitucional. Seis de los 14 preceptos que el TC ha declarado contrarios a la Carta Magna tienen relación con las modificaciones que en materia de Justicia introdujo la norma estatutaria en 2006, entre ellas la creación del Consejo de Justicia de Catalunya (CJC) como órgano de gobierno del Poder Judicial catalán.

En concreto, son los artículos 95.5 y 95.6, 97, 98.2 (a,b,c,d y e), el 99.1, el 100.1 y el 101.1 y 101.2, que han sido declarados nulos, regulaban la creación y competencias del "Consejo de Justicia de Catalunya" con funciones que, según la Constitución, corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El CGPJ es en el artículo 122 de la Carta Magna el "órgano de gobierno" del Poder Judicial en España y, entre sus competencias, están los nombramientos de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, potestad que el Estatut también transfería al Consejo de Justicia de Catalunya.

Asimismo, supera también las previsiones constitucionales la regulación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la previsión del Estatut (artículo 95) para que los nombramientos del presidente del Tribunal Superior de Justicia y los de sus salas se realicen a propuesta del CGPJ y "con la participación" del CJC.

Entre los artículos declarados inconstitucionales están también el 76.4, que establece el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, y el 78.1, que otorga al Síndic de Greuges la supervisión "con carácter exclusivo" de la actividad de la Generalitat, invadiendo así competencias del Defensor del Pueblo, que también recurrió el Estatut.

La regulación en materia fiscal prevista en la carta estatutaria también ha suspendido la prueba en el TC, que considera inconstitucional el artículo 218.2 cuando afirma que las competencias financieras de la Generalitat pueden "incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales".

Se anula también el artículo 206.3, que establece que la Generalitat aportará recursos financieros para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás Comunidades Autónomas (...), "siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar".

Además, es inconstitucional el artículo 111 sobre "competencias compartidas" que atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas "como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto".

Igualmente se declaran nulos los artículos 120 y 126 que con los mismos criterios atribuyen a la Generalitat competencias compartidas con el Estatuto en materia de Cajas de Ahorro y las entidades de crédito, respectivamente.

 

 

 

El catalán no será la lengua «preferente» de las Administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña (artículo 6, apartado 1).

 

La labor de supervisión del Síndic de Greuges sobre la actividad de la Generalitat, de los organismos que de ella dependen y de las empresas privadas que gestionan servicios públicos no será exclusiva de esta institución (artículo 78, apartado 1).

 

Rechaza que este órgano que vela por la adecuación de las disposiciones de la Generalitat al Estatuto, tenga carácter vinculante en decisiones sobre proyectos de ley y proposiciones de ley «que afecten a derechos reconocidos por el Estatuto» (artículo 76, apartado 4).

 

- El tribunal niega que el Consejo de Justicia de Cataluña actúe con independencia del Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña (artículo 97);

 

- Rechaza que el Consejo pueda: participar en la designación y nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; proponer, nombrar y cesar a jueces y magistrados; expedientar y sancionar a estos; ordenar la inspección de juzgados y tribunales e informar sobre los recursos interpuestos contra las decisiones de los tribunales y juzgados de Cataluña (artículo 98, apartados 2 -letras a, b, c, d y e- y 3; artículo 95, apartados 5 y 6);

 

- Todos los miembros del TSJC, incluido su presidente, deberán ser nombrados de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 99, apartado 1).

 

- El Constitucional rechaza que aquellos actos del Consejo de Justicia de Cataluña «dictados en el ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma» estén excluidos de un posible recurso ante el CGPJ (artículo 100, apartado 1).

 

- La Generalitat propondrá al Gobierno central y al CGPJ -y no al Consejo de Justicia de Cataluña- la convocatoria para cubrir plazas de Magistrados, Jueces y Fiscales (artículo 101, apartados 1 y 2).

 

- Se elimina cualquier excepción a las bases fijadas por el Estado sobre las competencias compartidas de la Generalitat (artículo 111).

 

- Será únicamente el Estado el que regule las competencias compartidas de la Generalitat en materia actividad financiera de Cajas de Ahorro y funcionamiento de otras entidades de crédito, gestoras de planes de pensiones y entidades en el mercado asegurador (artículo 120, apartado 2; artículo 126, apartado 2).

 

- El tribunal rechaza que la Generalitat pueda exigir a las demás Comunidades Autónomas « un esfuerzo fiscal similar» como condición para que el Gobierno catalán realice el ajuste de sus «recursos financieros» (artículo 206, apartado 3);

 

- El fallo del Constitucional elimina la posibilidad de que la Generalitat pueda «establecer y regular» por ley «los tributos propios de los gobiernos locales» (artículo 218, apartado 2).

 

El Constitucional concluye que las referencias en el Preámbulo del «Estatut» a «Cataluña como nación» y a «la realidad nacional de Cataluña» carecen de «eficacia jurídica interpretativa».