03-04-2014 | La Voz Libre

El próximo día 8 de abril, a las 10:00 de la mañana, la democracia española tiene una cita con la Historia

El próximo día 8 de abril, a las 10:00 de la mañana, la democracia española tiene una cita con la Historia. Una representación de diputados del Parlamento de Cataluña pertenecientes a los partidos que pretenden una consulta independentista en Cataluña acudirá al Congreso de los Diputados a solicitar que se autorice esa consulta, mediante la delegación de la competencia estatal en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

 

Es decir, pedirán que los representantes de los españoles autoricen que una parte de los españoles puedan decidir sobre la modificación de la Constitución, para que ésta deje de recoger como principio la soberanía de todo el pueblo español en su conjunto. Pedirán que se trocee la soberanía de España.

 

Pues bien, lógicamente, ni siquiera el Congreso de los Diputados puede hacer lo que se le pide.  El art. 150.2 de la Constitución dispone que “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”

 

Y la pregunta es ¿es la soberanía nacional una materia que, por su propia naturaleza, pueda ser delegada por el Estado a una Comunidad Autónoma? O, por enunciarlo de forma más clara, ¿puede el Estado delegar la soberanía nacional a un ente territorial inferior?

 

Y la respuesta parece muy clara, además de lógica: no.  De igual manera que tampoco se puede delegar la competencia, por ejemplo, a Cantabria para decidir sobre si España ha de ser una monarquía o una república.  O a Extremadura sobre la supresión o no del Senado. O a Murcia sobre la regulación del Tribunal Constitucional.

 

Son cuestiones que por su propia naturaleza no pueden ser delegadas. Para modificarlas se han de seguir procedimientos establecidos en la propia Constitución, que varían según sea el caso y que exigen, en los casos más importantes (como el presente), la celebración de un referéndum en el que participen todos los españoles. Y cuando no se exige expresamente referéndum para la reforma, basta con que lo soliciten 35 diputados, es decir, el 10% de la Cámara, para que se tenga que celebrar participando todos los españoles.

 

Pero lo que no se puede es privar a los españoles de su soberanía por la puerta de atrás, como pretenden los diputados de CiU, ERC e ICV-EUiA que irán al Congreso el día 8. Muchos otros catalanes no estamos de acuerdo y lucharemos democráticamente para que eso no se permita.

 

Espero, deseo y confío en que los diputados del Congreso estarán a la altura y que, con respeto por todas las opciones democráticas, incluida la que defienden los solicitantes,  dejen bien claro que la mayoría de los españoles, muchísimos catalanes incluidos, no están –no estamos-  dispuestos a que se trocee la soberanía.   

 

Lo que espero y deseo, aunque sinceramente  no confío en ello, es en que los partidos catalanes a favor del referéndum independentista acepten el resultado democrático de la votación que resulte el próximo martes en el Congreso.