30-09-2012 | El Mundo

La estrategia, magníficamente diseñada, por cierto, y al albur de la prensa subvencionada, no ha sido otra que hacernos creer que 'España nos roba'

En estos tiempos de fragilidad en que la crisis nos azota sin piedad y todos nuestros esfuerzos deberían estar encaminados a cómo ganar competitividad, generar empleo y pagar los intereses de la deuda con nuestros socios europeos resulta que el señor Artur Mas, en un intento de camuflar su nefasta gestión financiera al frente de la Generalitat de Cataluña, decide capitalizar el fervor independentista anticipando las elecciones al Parlament sin haber llegado a la mitad de su legislatura. Él fue el elegido tras la manifestación de la Diada para dirigir el camino hacia el hipotético paraíso que a modo de bálsamo curará todas las heridas. Poco importa que no se puedan pagar las nóminas, se retrasen los pagos a los proveedores, o haya que solicitar el rescate al Estado. Lo importante es la construcción del Estado propio, cueste lo que cueste y a espaldas de la Constitución.

 

La estrategia, magníficamente diseñada, por cierto, y al albur de la prensa subvencionada, no ha sido otra que hacernos creer que «España nos roba» mediante una manipulación interesada y demagógica de los saldos fiscales que ha contribuido al fortalecimiento de una conciencia nacional catalana frente el Estado español. Digo manipulación por algunas prácticas seguidas para hinchar los déficits fiscales debido a la diversidad de criterios de imputación de los ingresos y los gastos a la hora de confeccionar la balanza fiscal.

 

Veamos, la Generalitat de Cataluña cifra el «España nos roba» en 16.409 millones, que equivalen a 2.195 euros por ciudadano (saldo fiscal ofrecido por la Generalitat en 2009). Pero lo que no imputa la Generalitat al efectuar el cómputo, son todos los gastos pagados directamente por el Estado y que benefician a Cataluña, como los incurridos para financiar el ejército, las embajadas, los servicios centrales de los ministerios, o los de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y que, en su conjunto, ascenderían a 5.148 millones. Torpemente han sido omitidos para no tener que rebajar la cifra del déficit.

 

Las estratagemas de los convergentes han ido dando sus frutos, y su metalenguaje, que no tiene límites, inflaría el suflé del asunto del Estado propio. Podemos ser como Puerto Rico pero integrados en la UE, o como Andorra, decían. Como dice Manuel Trallero, puestos a «jugar al monopoly con el mapamundi geopolítico», les propongo porqué no ser como el Vaticano, o porqué no adherirse a Gibraltar como requisito indispensable para entrar en la UE.

 

Así y en torno a una recién constituida Asamblea Nacional Catalana para celebrar la Diada, fletaron más de 1.000 autocares, varios trenes, y agotaron el stock de senyeras esteladas. La casa es rica y, por supuesto, que no se le ocurra a nadie preguntar quién fue el pagano de la jornada lúdico-festiva de la Diada.

Allí se juntaron todos, soberanistas, federalistas, independentistas, separatistas y probablemente indignados que poco sabían del denominado Pacto Fiscal, o de las consecuencias económicas que se derivarían de la creación de un Estado propio. La consigna de «España nos roba» parecía ser la panacea contra todos los males, obviando a ese 80% de ciudadanos que no salió a la calle porque piensa que España no les roba y paga religiosamente sus impuestos.

 

Cierto es que Cataluña, aportó más ingresos al Estado de los que recibió, según los datos de 2009, pero lo mismo ocurre con otras autonomías. Madrid recaudó en 2011, según la AEATE, un 17,42% más en el IRPF, un 23,33% más por IVA y un 23% más en el Impuesto sobre Sociedades respecto Cataluña. Igual sucede en la Unión Europea. Son las llamadas comunidades ricas las que, gracias a sus excedentes, financian a las menos prósperas. Menudo lío se organizaría si todas reclamaran el Estado propio porque sus residentes pagan más tributos. Una equivalencia total y universal entre tributos y beneficios haría imposible la redistribución de la renta, así como la solidaridad económica y, en cualquier caso, nuestra Constitución se decanta por el principio de la capacidad de pago.

 

Argumenta Mas que la economía catalana lideraría el ranking de exportaciones españolas a la UE y que si Cataluña fuera independiente estaría entre los 50 países exportadores del mundo, lo que haría que apenas se resintieran económicamente en el caso de reducirse las ventas con el resto de España. Lo que no dijo Mas es que en 2011 las importaciones catalanas con el exterior superaron a las exportaciones en 15.325 millones, y si no se resintieron económicamente fue gracias al superávit que se produjo en las ventas con el resto de España que dejaron un saldo neto de 22.685 millones.

 

Con la construcción del Estado propio, Cataluña vería reducidas sus exportaciones a la UE por las deslocalizaciones que se producirían en empresas europeas situadas en Cataluña que no quisieran establecerse en ese Estado al margen de la UE. Esto sin contar que la creación del hipotético Estado establecería un nuevo marco de aranceles y de condiciones a la exportación, fruto de las nuevas fronteras y de la aplicación de la política comercial europea que dificultaría enormemente las exportaciones a la UE y, por ende, al resto de España.