En la mañana del 30 de enero se declaró un incendio en un piso, por llamar de alguna manera a un habitáculo compartimentado de 30m2 en el que convivían cuatro personas, situado en la calle San Pacià número 5 de Barcelona, cerca de la Rambla del Raval. Fallecieron una mujer de 43 años y sus dos hijos, de 9 y 3 años. La causa del incendio ha sido, según los indicios, un cortocircuito en la instalación eléctrica. Estamos nuevamente ante un caso de instalaciones obsoletas que implican, como se ha demostrado, un riesgo para las personas.

Que en Barcelona sigan ocurriendo estos accidentes mortales dice poco y mal del Ayuntamiento, desde hace lustros un feudo del PSC, asistido más recientemente en las bandas por linieres también progresistas de boquilla: IC-V y ERC.

Pero no sólo en el Raval -donde tanto gusta a Joan Herrera (IC-V) que le grabe TV3 interesándose por niños inmigrantes- malviven muchos de nuestros conciudadanos. Son miles las viviendas de éste y otros distritos de la ciudad que no cumplen requisitos mínimos de habitabilidad.

El derecho a una vivienda digna es el más sangrante de los incumplimientos constitucionales por parte de todas las administraciones. La falta de implicación de la Administración más próxima al ciudadano, su Ayuntamiento, en alcanzar la dignidad de una morada es una grave dejación política.

No se precisan crear nuevos organismos municipales, sino que los existentes sean eficaces. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) ya ha manifestado en otras ocasiones que la Oficina Municipal de la Vivienda debe implicarse en la lucha contra la infravivienda en Barcelona emprendiendo un plan riguroso de estudio finca a finca. Las conclusiones de inspecciones y estudios deben obligar a los propietarios a realizar los trabajos de acondicionamiento que se precisen y la adaptación a las normativas aplicables según las características de cada vivienda. Para ello, el Ayuntamiento debería abrir líneas específicas de financiación.

No olvidemos que detrás de la situación de abandono de muchas fincas, y no sólo en el Raval, se encuentran prácticas de mobbing inmobiliario contra los ciudadanos económicamente más desfavorecidos. Frente a tales prácticas los afectados han denunciado pasividad de la administración municipal y falta de asistencia jurídica. Son prácticas, no lo olvidemos, que han condenado los tribunales de justicia, y contras las cuales el Ayuntamiento debería implicarse con toda su contundencia.

Padecemos un Ayuntamiento que se autodenomina progresista, pero que no ha creado mecanismos eficientes para los más desfavorecidos (¿dónde están las viviendas asistidas para ancianos, por ejemplo?) que tengan como meta la igualdad de todos los ciudadanos.

Concentrando los esfuerzos que desde C’s proponemos, pueden evitarse nuevas tragedias en amplias áreas de distritos de Barcelona donde malviven muchos ciudadanos a merced de la falta de escrúpulos de algunos y de un gobierno municipal que mira hacia otro lado, empezando por el alcalde Hereu, con su expresión de estar permanentemente tocando la lira. 

 C’s – Federación de Barcelona (ciudad) – Área de Política Municipal