13-05-2008 | ABC

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga si el encargo a dedo de informes a personas afines al Gobierno tripartito son constitutivos de delitos.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga si el encargo a dedo de informes a personas afines al Gobierno tripartito son constitutivos de delitos. El pasado 30 de abril, el ministerio público abrió «diligencias preprocesales», según consta en un oficio al que ha tenido acceso este diario, a raíz de la denuncia presentada por el sindicato colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que considera que la Generalitat podría haber incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La denuncia de este sindicato tuvo lugar después de que ABC desvelara que el Ejecutivo que dirige José Montilla encargó en 2007 un total de 1.583 informes técnicos a personas externas a la administración, por un coste total de 31 millones de euros. Parte de estos estudios fueron pedidos a personas vinculadas a PSC, ERC e ICV, entre las que se encuentran ex diputados, antiguos cargos de la Generalitat y asesores de estos partidos que podrían habrían cobrado más de 300.000 euros. Cifra previsiblemente más elevada, dada la larga relación de empresas que han efectuado este tipo de trabajos.
«Escándalo»
Manos Limpias calificó de «escándalo» los «sectarismos, clientelismo y pago de favores» que, a su juicio, se desprende de estos estudios y que, según CiU y PP, se han externalizado cuando podrían ser realizados perfectamente por funcionarios y personal laboral que ya trabaja para la Generalitat. De hecho, desde que el tripartito gobierna Cataluña, el número de funcionarios ha aumentado sensiblemente, pese a la voluntad de contención presupuestaria que, en su momento, expresó la izquierda, inmersa ahora en negociar un aumento de la financiación para Cataluña.
En 2003, el número de funcionarios contratados por la Generalitat ascendía a 126.510, cifra que en 2008 es de 178.948 (no incluye nuevos médicos, mossos o profesorado). Asimismo, el número de altos cargos ha pasado de 149 a 236, lo que supone un aumento del 58 por ciento, mientras que el personal de confianza eventual asciende a 323, frente a los 227 del año 2003, es decir, un incremento del 42 por ciento. Sin embargo, la externalización de informes, algunos de ellos de dudosa utilidad, parece haberse convertido en una práctica habitual que la Fiscalía deberá determinar si es ilegal.
Manos Limpias sostiene en su denuncia que la Generalitat «ha actuado sin objetividad y sin preservar los intereses generales. Se ha actuado con subjetividad y favoreciendo intereses particulares». Entre los beneficiarios de esas asignaciones a dedo se encuentran Elisabet Comín Oliveres, que formó parte de las lista del PSC en las elecciones locales de 2003 y, en 1999, se incorporó a la candidatura socialista en las autonómicas de 1999. Comín realizó dos informes para la Generalitat por un coste de 60.000 euros. Por su parte, Enric Pujol Casademont, que figuró en las listas electorales de ERC por Gerona, hizo un estudio sontre equipamientos culturales en la zona transfronteriza por 2.750 euros.
Asimismo, la ex diputada de ICV en el parlamento Catalán Bet Font, que es directora de área en La Vola Compañía de Servicios Ambientales, a la que la Consejería de Economía encargó en 2007 seis informes técnicos por 124.000 euros. En el listado figura también Juan Ignacio Lekuona, experto en márketing electoral que en 2006 fue denunciado por el PP por cobrar 12.000 euros del Consejo Insular de Menora por un informe vacío de contenido. El departamento de Acción Social le pagó 12.000 euros por un informe el año pasado.
«Seguimiento de la concha brillante», «Estudio del murciélago Nana como control de la plaga de la mariposa del arroz en el delta del Ebro», «Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable» o «Bibliografía selectiva sobre la imaginación» son algunos de los estudios encargados.