La nevada del 8 de marzo en Catalunya está provocando consecuencias políticas. Que no estemos preparados para hacer frente a los inmediatos problemas de comunicaciones y de tráfico que provoca una nevada es comprensible, al fin y al cabo sucede esporádicamente. El ciudadano puede entender las inevitables molestias que un fenómeno tan excepcional puede ocasionar.

 

Las consecuencias políticas no vienen de ahí, vienen del apagón eléctrico y de las posibles responsabilidades de Endesa, la compañía privada que tiene el monopolio de la distribución eléctrica en Catalunya. Dado que la energía es un servicio básico, los poderes públicos tienen la responsabilidad de asegurar su buen funcionamiento. Y, efectivamente, durante esta semana han comenzado a pedirse  responsabilidades políticas por los daños ocasionados a miles de usuarios.  

 

Curiosamente, las responsabilidades no las han demandado sólo los partidos de la oposición al Govern sino que dentro del mismo gabinete se han ido acusando implícitamente unos a otros, en concreto el departamento de Interior (en este caso por boca del señor Boada) ha responsabilizado a Endesa e, indirectamente, al departamento de Economía (el señor Castells),  que es el competente en la inspección del servicio eléctrico y, por tanto, de las instalaciones que esta empresa gestiona. En términos políticos, IC dando las culpas al PSC. La cultura de coalición, aquella asignatura que debía aprenderse en pocos meses durante el año 2004, al comienzo del primer tripartito, aún no se ha aprobado en el 2010. Tras abrir el Govern un expediente informativo a Endesa, Montilla ha querido zanjar el problema interno creado en el Govern al advertir en tono severo a la compañía eléctrica: “Si hay responsabilidades habrá castigo y pagarán”.  

 

Esta actitud de sacarse las pulgas de encima y hacer responsable a una compañía privada indica también una clara falta de cultura democrática. Los ciudadanos no elegimos a Endesa sino que elegimos cada cuatro años a unos diputados que, en el Parlament, por mayoría, designan a un President, el cual forma su Govern. Los ciudadanos, con quiénes tienen relación política es con sus representantes, no con la compañía eléctrica de la cual sólo son usuarios y consumidores. El responsable político es por tanto el Govern y, dentro de este, el conseller de Economía, encargado de garantizar un buen servicio.