03-10-2009 | La Vanguardia

En el 'caso Millet' se ha producido esta semana un giro de signo contrario, un giro esperado: han entrado en escena los partidos políticos.

 

Cuando se dice que en algún asunto se ha producido un giro, con frecuencia se añade a continuación el adjetivo inesperado. Pues bien, en el “caso Millet” se ha producido esta semana un giro de signo contrario, un giro esperado: han entrado en escena los partidos políticos. ¿Por qué era de esperar? Por una razón de fondo y otra de forma. 

La razón de fondo es que la impunidad de que ha gozado Millet en estos años, sorteando controles privados y públicos,  hacían prever que necesitaba determinadas connivencias, tanto de la sociedad – civil, por supuesto – como de las instituciones públicas. Uno sólo comete tantas irregularidades cuando se siente seguro  dentro de la esfera en que actúa y esta   seguridad proviene siempre de las complicidades que ha ido tejiendo.

Pero, además, está la razón formal. En la escenificación pública que ha tenido lugar desde el 23 de julio en que se empezó a descubrir el tinglado, destacados miembros del establishment político y social de Catalunya han insistido en que la responsabilidad debía circunscribirse a Millet, a un tal Montull y a la hija de éste. Cuando lo decían se les notaba  que la camisa no les llegaba al cuerpo. Es evidente que un fraude continuado de esta magnitud no podía llevarse acabo  sin el amparo de una trama que también se beneficiara del fraude y, por esta razón, como mínimo, mirara hacia otro lado. Afortunadamente, ni la Agencia Tributaria estatal que descubrió los indicios de delito, ni la Fiscalía que actuó con la debida diligencia, pertenecían a esta trama y han actuado con la independencia que les es propia cumpliendo así  con sus respectivas funciones.

Las declaraciones de Ángel Colom han dado la medida de cómo actúan algunos que, diciendo que “sirven al país”, lo que hacen es “servirse del país”. Ya se sabe que cuando alguien invoca a la patria, lo mejor es comprobar inmediatamente si aún conservas la cartera. Ofrece dudas la cantidad que Millet dio a Colom para, supuestamente, liquidar las deudas del PI. Pero lo significativo es que en el momento que esto sucedió, Colom acababa de afilarse a Convergència. Hagan, lectores, las cábalas que quieran. 

Y ya pueden decir desde Convergència  que los 630.000 euros recibidos por la Fundació Trías Fargas son legales y están documentados y auditados. Démoslo por bueno. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual el Palau subvencionaba a una fundación ligada a un partido político? Si el Palau se nutría en muy buena parte de donaciones privadas y ayudas públicas, ¿no hubiera debido destinar los fondos que recibía a mejorar sus actividades musicales, remunerar mejor a sus colaboradores, muchos de ellos simples voluntarios que no cobraban un duro, o rebajar el precio de las entradas del Palau? Lo que empezó como el “caso Millet” puede convertirse en un caso con  nombres distintos. El asunto no ha hecho más que empezar.

Francesc de Carreras Serra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (U.A.B.).