27-08-2009 | La Vanguardia

Muchos ciudadanos saben que con todo este constante ritual reivindicativo y victimista, lo único que pretendéis es disimular vuestra ineptitud e inoperancia en el día a día de la política práctica.

 

“Si les doy vacaciones se me desmandan”. Esto es lo que ha debido pensar el president Montilla estos últimos días a la vista del rumbo que iba adquiriendo la polémica sobre la hipotética respuesta de las fuerzas políticas catalanas a una supuesta sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional en los recursos interpuestos contra el Estatut de Catalunya.

Empezó el vicepresident Carod proponiendo organizar una gran manifestación el 11 de septiembre con el objetivo de presionar al TC, señalando que lo importante era llevarla a cabo de forma preventiva, es decir, antes de que éste se pronunciara. A partir de ahí, se desató un batiburrillo de declaraciones a favor y en contra de convocar la manifestación antes o después de la sentencia. Todo ello, sin embargo, no parecía tener mayor trascendencia, mera serpiente de verano. A lo más, como cada año, ir calentando motores para una Diada reivindicativa.  

Ahora bien, todo subió de tono el pasado martes cuando el conseller Ernest Maragall publicó un artículo en el que mantenía que las instituciones catalanas debían prescindir de la futura sentencia y aplicar el Estatut tal como fue aprobado en referéndum. Además, entre otras cuestiones, se refería despectivamente al Tribunal tachándolo de “auténtico rey desnudo de nuestro sistema democrático”, lo trataba irónicamente de “un grupo de ciudadanos, tan sabios”; y remataba la faena al proponer: “¿Debemos quedar atados de pies y manos esperando atemorizados lo que una docena de juristas puedan decidir por nosotros? De ninguna manera”.

Se había llegado, pues, a un punto en el cual el Govern debía reconducir una situación que empezaba a entrar en el ámbito de lo penal: de las coacciones de Carod se estaba pasando a desobedecer una sentencia de un órgano constitucional del Estado, previamente ninguneado y al que no se le reconocía ninguna autoridad. Todo ello protagonizado por el vicepresidente de la Generalitat y un significativo conseller, con carnet, detalle importante, del partido socialista.

La respuesta no se hizo esperar ya que a las pocas horas de la publicación del artículo de Maragall, el conseller Joan Saura, a la salida de una reunión del Govern, afirmaba rotundamente que no habría manifestación “preventiva” y que se acataría la sentencia, añadiendo, “como no puede ser de otra manera”. En el PSOE debieron respirar, de momento, tranquilos: varios de sus más altos representantes se habían mostrado muy críticos respecto de las propuestas catalanas. Pero, tras la contundencia primera, Saura añadió unas inquietantes consideraciones de cara al futuro.

Estas consideraciones parten de una premisa equivocada: el Estatut es un pacto entre Catalunya y España. Ello no es cierto. Si lo fuera, si el Estatut fuera un pacto, estaríamos en el terreno del derecho internacional, no sería una ley sino un tratado y el Estado de las autonomías una confederación entre entes soberanos. Se puede aducir: no se trata de un pacto en el sentido jurídico sino en el sentido político. Ciertamente, la mayoría de las leyes presuponen un pacto político previo entre los partidos que las aprueban, el Estatut también. Pero se trata de pactos entre partidos, no entre territorios (España y Cataluña), ni entre instituciones (Estado y Generalitat). Por tanto, el Estatut no es un pacto entre Catalunya y España sino una ley estatal elaborada con un procedimiento específico que da un cierto protagonismo a los representantes y a los ciudadanos de la comunidad autónoma. Unos dirigentes políticos presumiblemente responsables y bien informados deberían ser más cuidadosos y no seguir insistiendo en esta falsedad. 

Desde esta premisa errónea, Saura, como portavoz oficioso del Govern, dedujo consecuencias políticas: “si el fallo [del TC] afecta a aspectos importantes habrá que rehacer el pacto político entre Catalunya y España”. Es decir, amenaza con otra vuelta a lo mismo, a la inacabable disputa competencial y simbólica. Se pretenderá reformar la Constitución, acudir a la vía del art. 150.2, a revisar leyes orgánicas, qué sé yo, a cualquier cosa menos a ponerse a gobernar en serio: crisis económica, obras públicas, educación, protección social, sanidad, etcétera, etcétera. Cuando todo parece que se acaba vuelve a comenzar, como dijo el poeta refiriéndose a otros tiempos. 

Sin embargo, ¡menos lobos!, Govern de la Generalitat. Se pretende hacer creer que según sea la sentencia dichosa, se producirá en Catalunya una revuelta popular. Olvidan que el famoso pacto político solo fue ratificado por el 35% del electorado. Hay un hartazgo general de cómo se comportan los políticos catalanes, hartazgo que se expresa más en las urnas que en los medios de comunicación. ¿Qué pasará si el TC declara inconstitucional aspectos importantes del Estatut? No pasará nada. El ciudadano es mucho más sensato que la clase política. Como no pasó nada cuando se ilegalizó Batasuna, se rechazó el Plan Ibarretxe y no pasa nada ahora, a pesar de las predicciones, cuando el gobierno de Patxi López hace que la Erzaintza limpie de propaganda etarra las calles de Euskadi.

Menos lobos, gobierno tripartito. Que todavía no os habéis atrevido a convocar una manifestación en defensa del Estatut. Y muchos ciudadanos saben que con todo este constante ritual reivindicativo y victimista, lo único que pretendéis es, simplemente, disimular vuestra ineptitud e inoperancia en el día a día de la política práctica.

Francesc de Carreras Serra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).