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NOTA DE PRENSA publicada por C's el 29/12/2008
Hay tres sentencias judiciales que ponen de manifiesto 'los atropellos de la política lingüística' de la Generalidad

Hay tres sentencias judiciales que ponen de manifiesto 'los atropellos de la política lingüística' de la Generalidad

Robles ha manifestado que la reciente sentencia del Supremo es clara e insta a la Generalidad a velar 'para que los derechos que contempla la ley no sean meramente teóricos o ilusorios'.

El diputado autonómico de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía Antonio Robles ha recordado este lunes que hay tres sentencias claves de los tribunales de justicia que ponen de manifiesto “los atropellos de la política lingüística” de la Generalidad de Cataluña.

Robles ha indicado que las tres sentencias “claves” son las que obligan a la Consejería de Educación “a poner la casilla en la hoja de preinscripción para que los padres puedan elegir en qué idioma oficial quieren que su hijo estudie”, la que obliga a cumplir con la tercera hora de castellano “seguida de un auto de obligado cumplimiento” y, finalmente, la que prohíbe el uso exclusivo del catalán en las actividades de acogida matinal en las escuelas públicas.

La sentencia contradice el Artículo 6.1 del nuevo Estatuto de Autonomía

El diputado autonómico ha manifestado que la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) es clara e insta a la Generalidad a velar “para que los derechos que contempla la ley no sean meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos”. Robles ha asegurado que el TS “se cura en salud porque prevé lo que siempre han hecho todos los gobiernos de la Generalidad, es decir, aparentar el cumplimiento del derecho y concucarlo en la práctica”.

Asimismo, desde Ciudadanos se ha puesto el acento en que la sentencia del TS contradice el Artículo 6.1 del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y Robles ha indicado que si el Tribunal Constitucional no declara inconstitucional este artículo “tendremos un grave problema”.

En cualquier caso, ha recordado Robles, Ciudadanos “ayudará a todos los padres que hayan pedido y no hayan conseguido que sus hijos sean escolarizados en castellano desde los tres a los ocho años para que exijan al Gobierno de Montilla el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento sistemático de la ley”.

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