La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos expresa que cuando grupos lingüísticos concurren en un territorio compartido, el ejercicio de los derechos lingüísticos se tiene que regir por el respeto entre todos y dentro de las máximas garantías democráticas. Multar por no usar el catalán nada tiene que ver con la Declaración apoyada por la UNESCO, obviamente esa declaración no entra en cómo garantizar los derechos que suscribe, pero cuando habla de respeto y democracia no está hablando ni de imposición ni de abuso de poder.
 
La imposición coercitiva mediante sanciones económicas es el resultado de un uso abusivo del poder por parte del Gobierno de la Generalitat. Los ciudadanos sienten achicado su espacio vital de manera arbitraria desde un gobierno que se dice socialista en Madrid y por sus federados del PSC en Cataluña. Resulta curioso observar cómo se emplean distintas varas de medir a la hora de entrometerse en las relaciones privadas. Se da la curiosidad de que si eres catalanohablante y fumador en Cataluña, como usuario el gobierno defiende tu derecho a ser atendido en catalán por un camarero pero otra ley defiende al camarero en caso de que se te ocurriera fumar en su local. Es decir, resulta que para el uso de la lengua se defiende el punto de vista del consumidor, pero para impedir que fumes se legisla desde el punto de vista del trabajador. Siguiendo el hilo de la broma, quien puede resultar peor parado en Cataluña es el castellanohablante fumador y empleado en un bar porque no sólo le van a quitar del tacaco sino que además le van a mandar a un curso de normalización lingüística. Se dirá que se hace por su salud y su cultura, pero ese razonamiento es muy malintencionado porque es consonante a formas de pensamiento autoritarias.
 
Los castigos, la obligación y el despotismo tienen que ver con un modo de ejercer la política que sólo genera antipatía. La inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña conviven en paz de manera respetuosa, una mayoría domina los dos idiomas y el sentido común y la amabilidad hacen el resto. Estamos frente a una comunidad lingüística bilingüe, por eso, salvo casos aislados, nadie se va a comprar a la tienda de enfrente porque el frutero no sepa hablar en catalán (o en castellano), o porque el ticket de compra no esté redactado en la lengua materna de cada cual. En este contexto es fácil entender que fomentar una lengua no puede ir en detrimento de ninguna y mucho menos de manera punitiva, es fácil entender que fomentar el uso sólo es democráticamente aceptable mediante una acción de apoyo en positivo.

Javier González, presidente del Consejo General de C's