Lo peor de la recién aprobada Ley de Educación de Cataluña no es que estipule que el catalán ha de ser, como normal general, la lengua vehicular en la enseñanza. Lo peor es que lo impone de manera total y absoluta. Es decir, que nadie va a poder elegir que la lengua vehicular de sus hijos sea el castellano. Algo que no es propio de una sociedad libre, sino de una intervenida. O sea, parecido a lo que sucedía con Franco, pero en sentido inverso. El dictador prohibió estudiar en catalán, y ahora son los nacionalistas (socialistas incluidos) y los independentistas los que prohíben que se pueda usar el español como lengua prioritaria en las escuelas. De lo que se infieren injusticias, discriminaciones y una manifiesta indefensión e incluso ilegalidad.
Injusticia, porque es injusto obligar a muchos niños cuya lengua materna es el castellano a estudiar todo el temario en un idioma que no dominan y en el que se encuentran en desventaja. Discriminatorio, porque no se tiene en cuenta el deseo de miles de padres que lo que quieren es que sus hijos estudien preferentemente en castellano y que el catalán sea sólo una asignatura. Se produce indefensión, porque la Generalidad se está saltando a la torera todas las sentencias de los tribunales que le obligan a escolarizar en castellano a aquellos niños que lo desean. Y es claramente ilegal, porque vulnera la Constitución, que proclama que los españoles son iguales ante la ley. En Cataluña esto no se produce.
No son iguales los que quieren estudiar en español. No son iguales los que quieren rotular, emitir o escribir en español. Al español se le persigue hasta en los recreos. El niño que habla en castellano en el recreo es apercibido. Las administraciones públicas sólo usan el catalán en sus comunicaciones con los ciudadanos. La cartelería de calles, plazas, información pública, carreteras y autopistas está elaborada enteramente en catalán y sólo en catalán. No existe bilingüismo oficial. Quieren la transferencia de los aeropuertos para poner únicamente en catalán todos los mensajes de megafonía, las señales, carteles e indicaciones. Con la idea de que cuando uno llegue a El Prat diga: «Esto no es España, es otro país».
Hay hoy en Cataluña un abuso de la norma con voluntad clara de sacar de la circulación al español, lengua oficial de 23 naciones e idioma materno de 400 millones de personas en el mundo. Lo quieren echar de la escuela, de la universidad, de la administración, del comercio, de la televisión, de las calles, los autobuses, los trenes y los aeropuertos. Lo quiere el nacionalismo moderado y también el radical. Lo quieren claramente los independentistas, que equiparan lengua con soberanía. Se prestan a ello los socialistas, olvidando que no es algo que reclame su electorado. Y el PP hace como que no se entera, atrapado como está por la obsesión de no molestar a CiU. El problema no lo tienen los políticos. Lo tienen los hijos de los castellanoparlantes que quieren estudiar en español, hablar un buen español y escribir correctamente en español. Lo tienen los españoles de otras regiones que se van a vivir un año a Barcelona o a Gerona. Lo tiene el Estado, cada vez menos capaz de tomar decisiones que afecten a Cataluña. Lo tenemos todos y no es un problema menor. Es un problema de libertad.
