15-09-2009 | C's

Cuando los cargos públicos renuncian a aplicar las leyes, están transmitiendo un mensaje equivocado a la sociedad: el de que las leyes no son iguales para todos, reinan la corrupción y arbitrariedad.

 

El Estado de Derecho es aquél en que ningún ciudadano está por encima de la ley. Con el fin de garantizar el cumplimiento de esta condición, el Estado asume la clásica división en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo, y el judicial. Una prensa libre, no sometida completamente a las presiones del poder político, permitiría que los ciudadanos pudieran controlar el funcionamiento de la maquinaria institucional, mientras que los partidos competirían para ocupar puestos en los órganos que legislan, teniendo la obligación, si entran en el gobierno, no solo de cumplir las leyes, como cualquier ciudadano común, sino también de hacerlas cumplir.

Pues bien, últimamente estamos viendo cómo en España determinados políticos con responsabilidades de gobierno se abstienen de su obligación de hacer cumplir las leyes. Es el caso del Consejero de Gobernación de la Generalitat de Cataluña, Jordi Ausàs, cuya obligación hubiera sido impedir la celebración del referéndum de Arenys de Munt, y del propio alcalde de esta localidad, que lo ha promovido a sabiendas de que se trataba de una consulta ilegal. Es también el caso de quienes, como el Consejero de Educación, Ernest Maragall, propugnan que se desconozca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, suponiendo que no sea de su agrado, lo cual es bastante probable que ocurra, ya que el mismo impulsor del texto estatutario, el expresidente Pascual Maragall, llegó a reconocer implícitamente su inconstitucionalidad, al considerar que para que fuera viable hubiera sido preciso reformar previamente la Constitución. Y recientemente, Ricard Gomà, el representante de ICV-EUiA en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, se manifestó contrario a aplicar las sanciones de la ordenanza del civismo para impedir la prostitución callejera. Dejando de lado lo desatinado de su propuesta para regular “zonas de tolerancia”, lo verdaderamente grave es que una autoridad municipal considere que puede dejar de aplicar las ordenanzas, como si su cumplimiento fuera opcional. Evidentemente no lo es. Lo que sí puede hacer desde su puesto de segundo teniente de alcalde, es influir para que cambie la normativa; o dejar el gobierno y pasar a la oposición. Pero permanecer en el gobierno y no aplicar las leyes es un fraude que deteriora muy seriamente la calidad del sistema democrático.

Cuando los cargos públicos renuncian a aplicar las leyes, están transmitiendo un mensaje equivocado a la sociedad: el de que las leyes no son iguales para todos. Cuando esto ocurre, no puede decirse que estemos en un Estado de Derecho, sino en un país en el que reinan la corrupción y la arbitrariedad.

Koldo Blanco, miembro del Comité Ejecutivo de C's