03-12-2014 | ABC

Los cambios constitucionales que algunos plantean esconden una acusación tácita de culpabilidad hacia nuestra Ley de Leyes

El próximo sábado se cumplen 36 años del referendum con el que el pueblo español, de nuevo soberano, validó la vigente Consitución Española. En Cataluña el texto constitucional obtuvo el refrendo del 90,46% de más del 67% del censo electoral que acudió a las urnas. Una norma fundamental que, tras la larga noche de la dictadura, abrió paso a valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Tres largas décadas después de su entrada en vigor, nuestra Carta Magna ha superado cuantos retos se le han planteado y ha sido el catalizador de grandes éxitos colectivos. La consolidación de nuestro estado social y democrático de Derecho nos ha permitido alcanzar las mayores cotas de riqueza y bienestar, disfrutar del más amplio período de paz y participar activamente en la construcción de una Europa más fuerte y unida que, aún con paso vacilante, camina hacia una Europa de los ciudadanos, de corte federal.

En los últimos años, desde la llegada de la crisis económica y financiera que padecemos, algunas voces claman por cambios profundos de nuestra Constitución que, aunque no se concretan, se presentan como el bálsamo para todos los males. Al mismo tiempo se han mostrado en toda su crudeza otras crisis que también nos asolan, especialmente la de valores y la institucional. La corrupción se ha convertido en una seña de identidad de la política, sin que los partidos hayan hecho cuanto está en su mano para erradicarla. El desencuentro emocional entre los ciudadanos y sus representantes políticos ha ido creciendo hasta tal punto que muchos ya no creen que sean un instrumento adecuado de participación política.

Cada una de las crisis tiene sus propias causas y desencadenantes. Cada crisis tiene sus actores principales y secundarios. Si buscamos culpables, seguro que los encontraremos. Los cambios constitucionales que algunos plantean esconden una acusación tácita de culpabilidad hacia nuestra Ley de Leyes. Pero, no nos engañemos: La Constitución es inocente.