10-06-2014 | El País

Tres sistemas jurídicos distintos, incluso contrapuestos, han regulado los poderes y funciones de Juan Carlos I

Se dice estos días que Juan Carlos I es Rey de España desde que fue proclamado el 22 de diciembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco. Ello es cierto, pero hay que matizarlo para entender el papel que deberá desempeñar su hijo y sucesor.

 

Efectivamente, desde entonces Juan Carlos I ha sido Rey de España. Pero tres sistemas jurídicos distintos, incluso contrapuestos, han regulado sus poderes y funciones. Por tanto, la persona ha sido la misma, pero el órgano del que es titular ha cambiado tres veces en aspectos sustanciales. La misma persona, pero tres reyes distintos.

 

En una primera etapa, el Rey debía actuar conforme a las siete Leyes Fundamentales legadas por la dictadura: era el Rey de un sistema no democrático. Entre otros muchos, tenía el poder de nombrar presidente del Gobierno. Primero mantuvo a Carlos Arias y en julio de 1976 nombró presidente a Adolfo Suárez que, con su consentimiento, consiguió que se aprobara la Ley para Reforma Política, que aumentó los poderes del Rey para permitir que se llevara a cabo la transición a la democracia.

 

Con esta Ley para la Reforma, ratificada por el referéndum el 15 de diciembre de 1976, empezó un segundo Rey. Las reglas de juego habían cambiado sustancialmente y se convocaron elecciones para el 15 de junio de 1977: las Cámaras resultantes de las mismas elaboraron y aprobaron una Constitución que entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. A partir de aquel momento, Juan Carlos I ha sido el Rey de una monarquía parlamentaria: sin poder político alguno, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, sólo con funciones de arbitraje y moderación en el funcionamiento regular de las instituciones. Este es el tercer Rey Juan Carlos I, que ha cumplido siempre con su papel sin desbordar nunca sus funciones constitucionales.

 

Cuando se le pide al futuro Felipe VI que emprenda y dirija cambios políticos, tal como hizo su padre en el período preconstitucional, se le está reclamando algo que no puede hacer, que sería contrario a derecho y, por tanto, contrario a la democracia. Si en la Transición fue decisivo el activismo político del Rey, para consolidar la democracia ha sido decisivo que el Rey, de acuerdo con la Constitución, permaneciera neutral en la contienda política. Debe arbitrar y moderar, eso sí. Pero la culpa de lo que funciona mal está en los actuales sujetos políticos, en los partidos que nos gobiernan, a ellos hay que pedirles responsabilidades. Lo que no puede hacer el futuro rey es retomar los poderes que tuvo su padre para pasar de una dictadura a una democracia.