Notas de Prensa

La política económica de Mas consiste en suprimir el impuesto de sucesiones y malvenderse el patrimonio de todos los catalanes

28-01-2011 | C's

Artur Mas no ha explicado el plan de viabilidad, se ha dedicado a poner el ventilador de la culpa para salpicar al tripartito y a echar la culpa a Madrid de nuestra situación económica

Jordi Cañas, diputado de C's, ha realizado una rueda de prensa extraordinaria para valorar el Plan de viabilidad presentado por Artur Mas. Para C's, Artur Mas se ha limitado a sustanciar aquello que ya sabía la población, que se fija una reducción del 10% en los presupuestos de la Generalitat, pero sin especificar en qué partidas se harán los recortes más severos.

Según Jordi Cañas: “Los responsables de la actual situación financiera de la Generalitat son por este orden, PSC, ERC y ICV, que no sólo fueron incompetentes irresponsables y negligentes, sino que además falsearon los datos del déficit en el última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto hace de Cataluña, la Grecia española”.

Desde C's se ha criticado que CiU presente el Plan de Viabilidad antes al gobierno de España, que al resto de los partidos parlamentarios catalanes, porque para Cañas: “supone un mal inicio que puede minar los apoyos de CIU necesarios para aprobar los presupuestos de la Generalitat”.

Para Jordi Cañas, parece contradictorio suprimir el impuesto de sucesiones que en la actualidad afectaba a las rentas más altas, que supondrían unos ingresos de 400 -600 millones de euros, mientras malvendemos el patrimonio del conjunto de catalanes.  Sin embargo, Cañas ha anunciado que apoyarían a la Generalitat para recuperar los 1000 millones de euros, al tiempo que les ha reprochado que no lucharan por esta partida cuando apoyó los Presupuestos Generales del Estado: “CiU fue partícipe de la desaparición del fondo de compensación de  los PGE, cuando ayudó a aprobarlos al PSOE sin condiciones”.

Desde C’s se ha resaltado la necesidad de una reforma del sistema autonómico y delimitar los ámbitos competenciales, para que las administraciones no puedan legislar sobre aquello que van a pagar otras administraciones y para que los ciudadanos sepan a quien corresponde la responsabilidad de las políticas: “En la Ley de Dependencia estamos de acuerdo en que el Gobierno de España ha prometido cosas, que le tocaba pagar a las comunidades autónomas". 

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