28-07-2014 | Crónica Global

Mientras la Sanidad pública muere vilmente asesinada seguirán debatiendo estérilmente sobre 'el proceso'

Desde el comienzo de la crisis, y bajo la alegación del déficit económico, la Administración ha venido reduciendo reiterada y sistemáticamente el presupuesto de los centros sanitarios públicos y la contraprestación económica del concierto que mantiene con los concertados, públicos o privados, pero sin ánimo de lucro. Según datos del CatSalut, el presupuesto del Hospital de Bellvitge pasó de 322,6 millones de euros en 2010 a 288,9 millones en 2012 (-10.5%) y ha pasado a ser un 20% inferior en el 2.013. El Consorcio Sanitario de Terrassa, ja pasado de 100,7 millones en 2010 a 84,6 en 2011 (-16%). El Consorcio Sanitario del Parc Taulí, de 194,2 millones en 2010 a 173,9 en 2012 (-10.5%). Todo este recorte ha condicionado despidos, reducciones de plantilla, cierre de dispositivos asistenciales y la descapitalización de infraestructuras en centros de la sanidad pública. Las consecuencias son bien conocidas: incremento descontrolado de las listas de espera y empeoramiento de la calidad y seguridad asistencial, tanto la real como la percibida por parte de los usuarios.

La contraposición con lo acontecido respecto a los centros privados es contundente e irrefutable. En el mismo periodo en que la Generalidad ha reducido la asignación presupuestaria a los centros públicos, la cantidad percibida por uno de los grupos privados, concretamente el grupo IDC (anteriormente Capio Sanidad) que engloba el Hospital General de Cataluña y los antiguos centros de la Alianza (Hospital del Sagrado Corazón y Clínica del Vallés bajo el epígrafe Clínica de Sabadell), ha pasado de 71,1 millones de euros en 2010 a 126,9 millones en 2012; un incremento del 78%.

Con una Sanidad pública con presupuestos y recursos recortados, con camas y quirófanos cerrados, con limitación de personal... el incremento de las listas de espera, consecuencia directa de todo lo anterior, se ha convertido en un excelente nicho de negocio para la sanidad privada y en una coartada perfecta para poder derivar miles de pacientes de la lista de espera de los centros públicos hacia centros del grupo IDC y otros centros estrictamente privados. Sólo con la reapertura de las camas y los quirófanos hospitalarios cerrados en estos mismos centros públicos, con igual o menor coste y siempre con mayor calidad, se podría eliminar la lista de espera de pacientes que, según dice el CatSalut, los dispositivos públicos no son capaces de asumir.

Aunque se siga insistiendo en la 'demagogia' de los disidentes, las cifras se empeñan en demostrar lo contrario de lo que asegura la Consejeria: el Hospital de Terrassa (Consorcio Sanitario de Terrassa) ha pasado de tener 273 camas de agudos en 2010 a 217 camas en 2013 (-20%). El Hospital de Mataró (Consorcio Sanitario del Maresme) ha pasado de operar en 2010 a 4.955 pacientes de 13 de las 14 intervenciones quirúrgicas con tiempo de espera garantizado de seis meses, a operar 3401 enfermos en el año 2012 (-31 %). Y, como no podría ser de otra manera, la mayor parte de estos pacientes se han derivado a centros del grupo IDC.

La argumentación que sostiene la Consejeria de que el coste en esos centros privados es menor, no sólo es incierta sino que es rotundamente falsa, entre otras muchas y obvias razones, porque la dotación de los centros públicos está siendo infrautilizada y los costes de mantenimiento y amortización son los mismos, a pesar de haber impuesto una menor rentabilidad asistencial y, además, porque los centros públicos carecen del ánimo de lucro que es el que mueve a los centros privados que están obligados a obtener beneficios de la actividad que realizan.

El objetivo final es evidente: ahogar progresiva e intencionadamente a los centros públicos para que, obligatoriamente, sean ineficientes y poder justificar así las derivaciones a los centros privados. Con esa política restrictiva de asistencia pública, se conseguirá estimular a los ciudadanos, aunque sea sólo a aquellos que tengan recursos suficientes, a suscribir pólizas de seguros privados, tal como el Consejero Ruiz recomendó públicamente al poco tiempo de acceder al cargo. Cuando ya sea real y patente la ineficiencia del sistema público, quedará claramente justificada la necesidad de ceder su gestión, mediante concesión o concierto, a los grupos privados con ánimo de lucro, tras los que se encuentran notorios personajes y potentes fondos de inversión que, agotado el filón de la obra pública, han puesto los ojos y los bolsillos en la mayor partida presupuestaria pública, que es la destinada a Sanidad. Mira por donde: hemos pasado del ladrillo al quirófano.

El lamentable espectáculo de funambulismo se hace, además, con red de seguridad: si el negocio va bien (en detrimento de la calidad asistencial y de las condiciones laborales de los profesionales) no se gastará más, sino que llegarán menos recursos públicos a la población y con menor garantía de seguridad y calidad, pero se incrementarán los márgenes de beneficio empresarial. Si el negocio no va bien, los prohombres promotores del modelo, bien relacionados con los inversores, no tendrán otro remedio que "rescatar" con dinero público esas empresas pero, eso sí, bajo la clásica y conocida alegación de que “lo hacen por Cataluña”.

Y mientras la Sanidad pública muere vilmente asesinada por una pandilla de tahúres y truhanes, los medios de comunicación, los sindicatos, los partidos políticos, las sociedades científicas y corporativas, los colegios profesionales, y la sociedad catalana, seguirán debatiendo estérilmente sobre “el proceso” de forma que, oculto por las banderas, pueda consumarse, tranquila e impunemente, el mayor fraude y expolio social de toda la historia de Cataluña.