14-08-2009 | C's

La actual política lingüística nacionalista con su disfraz de progresista, es tan reaccionaria como lo fue en su momento la política lingüística franquista.

 
Un ciudadano, otro más, se acaba de sumar al colectivo creciente de denunciados y multados en Cataluña por rotular solo en castellano los carteles de su establecimiento. Y no es el primero ni será el último de esta lista no cerrada. Lista de ciudadanos no anónimos, con nombres y apellidos impresos en hojas de denuncia que esconden la gravedad de su falta: "el rotular solo en castellano", porque el pretexto bajo el que se pretenden justificar tales actuaciones: "no rotular en catalán, la lengua en riesgo", es apenas eso, una ridícula excusa no solo maniquea sino sobre todo falsa. Lo que está en riesgo y persecución en Cataluña es la libertad, la libertad de expresarse. De expresarse en una lengua propia y habitual de más de la mitad de los catalanes.
 
Otro ciudadano, en este caso sí anónimo, es el que ha denunciado. Ciudadano perteneciente a esa poco honorable y demasiado numerosa casta de los delatores, colectivo muy socorrido en aquellas cuestiones que atentan contra la libertad y que la Ley de Política Lingüística no solo fomenta hasta el punto de elevar a simples ciudadanos a la categoría de "policías lingüísticos" sino que también instrumentaliza al convertir la delación en una herramienta necesaria para su ejecución.
 
La actual política lingüística nacionalista con su disfraz de progresista, es tan reaccionaria como lo fue en su momento la política lingüística franquista. Porque son políticas que persiguen la homogeneización, la uniformidad lingüística y cultural en función y en atención exclusiva a las lenguas, prescindiendo de lo único que las convierte en vivas, las personas que las hablan.
 
La política lingüística de los sucesivos gobiernos autonómicos ha sido y es  un instrumento ilegitimo al servicio de “la construcción nacional de Cataluña” mediante la que atropellan los derechos lingüísticos de la mayoría de los catalanes. Una política lingüística progresista es la que prioriza a las personas y su derecho y libertad a expresarse en el fondo y en la forma.  En una sociedad democrática y en un territorio socialmente bilingüe la política lingüística debe establecer y garantizar que las lenguas socialmente mayoritarias puedan ejercitarse en igualdad de condiciones jurídicas, educativas, administrativas y sociales,  debe fomentar la convivencia de las personas que las emplean, no su enfrentamiento o aislamiento  y sobre todo debe propiciar que las personas que las hablan sean libres de utilizarlas sin que por ello sean ignoradas, obviadas, repudiadas, desatendidas, desdeñadas, prescindidas, rechazadas, menospreciadas y omitidas, y como no, multadas. Porque los derechos son de las personas, no de las lenguas, y en Cataluña, hoy, son de estos ciudadanos no anónimos represaliados.
 
 
Luisa Gómez Mutlló. Agrupación Madrid-Noroeste