08-09-2009 | C's

Hace años que el problema de los municipios no reside en los gastos extraordinarios, sino en los ordinarios: El problema real no es conseguir una subvención, sino la falta de liquidez para sus pagos.

 

A finales de julio y como consecuencia del nuevo modelo de financiación autonómica, aprovechaba para empezar a escribir sobre la descentralización municipal.

 

Hoy a principios de septiembre, una vez finalizadas las vacaciones, escribo esta segunda parte sobre el mismo tema con el ánimo de que los organismos correspondientes se planteen este curso político que empezamos como un período durante el cual deben abordar con seriedad, sentido de Estado y visión de futuro la financiación municipal, pues no pueden esconder por más tiempo debajo de la alfombra la problemática económica real de nuestros municipios.

 

Hace años que el problema de los municipios no reside en los gastos extraordinarios, sino en los ordinarios: El problema real de nuestros ayuntamientos no es conseguir una subvención de la Diputación o del Gobierno Autónomo para arreglar las aceras del municipio, el problema real es de liquidez para pagar las nóminas a fin de mes, para dar cobertura a los servicios que necesita la ciudadanía, para pagar a los proveedores en plazos razonables… pero claro, para ese supuesto no hay subvenciones… y si no se acogen a arreglar las aceras, pierden la subvención, por lo cual ese ayuntamiento que tiene que hacer juegos malabares para llegar a fin de mes, sí dispone de dinero para el arreglo de unas aceras que bien podrían aguantar unos cuantos años más.

 

Es importante ahondar en las características de dos tipos de subvenciones completamente diferentes:

 

Las transferencias o subvenciones no condicionadas que reciben los ayuntamientos por parte del Estado y de los Gobiernos Autónomos y que se gestionan según criterio del equipo de gobierno local.

 

Las subvenciones condicionadas o de finalidad establecida son aquellas se reciben en función de programas o criterios determinados por órganos superiores (Estado, Gobiernos Autónomos, Diputaciones, etc..) y que deben destinarse a la finalidad concreta para la cual han sido concedidas. Precisamente el carácter específico, el hecho de tener establecida una finalidad así como la discrecionalidad en la concesión, hace que la “habilidad” de los ayuntamientos sea un factor importante a la hora de obtenerlas, alimentando así las sospechas de favoritismo hacia los consistorios gobernados por el mismo partido del organismo que las concede.

 

De estas segundas mantendríamos aquellas de duración plurianual, mientras que las de carácter anual consideramos deberían perder el carácter condicionado para pasar a engrosar las primeras y que juntamente con el complemento dotacional necesario, se concretasen cada año, tanto en los Presupuestos Generales del Estado (y en la Ley de Presupuestos) como en los Presupuestos Anuales de los Gobiernos Autónomos, Diputaciones, etc. reconociendo así, de una vez por todas, la necesidad de nuestras Corporaciones Locales de disponer de dotación económica suficiente no condicionada que les permita asignar libremente esos recursos a las necesidades reales de sus habitantes, pues al fin y al cabo ellos son el estamento político más cercano al ciudadano y por tanto los mejores conocedores de la realidad de su municipio.

 

La autonomía de los municipios que reconoce nuestra Constitución no puede permanecer por más tiempo en el desván de nuestra política: es necesario desarrollarla y es necesario hacerlo ahora, cuando la disminución de ingresos en las arcas municipales deja en evidencia los graves defectos del actual sistema de financiación local.

 

 

Miguel-Angel Ibáñez, concejal de C's en Gavá y Secretario de Política Municipal de C’s