18-08-2009 | C's

La ciudadanía tiene que reivindicar más responsabilidad sanitaria a los políticos, una mejor gestión de recursos y una mayor igualdad y coordinación entre las distintas CCAA para evitar diferencias.

-¡A tomar por culo la Seguridad Social!- decía yo hasta hace unos meses. Trabajar de contable te enseña en primera persona las millonadas que paga el empresario por sus trabajadores en Seguridad social e IRPF.

-¡Que nos metan la mitad de ese dinero en nómina y de ahí nos dará para pagarnos un seguro de desempleo, una mutua de seguros, un plan de pensiones y hasta un viaje al Caribe!- así pensaba yo.

Firme defensora de la supresión de la Seguridad Social, sostenía acaloradas discusiones con todo aquel que defendiese el que era para mí un sistema parasitario. Sin embargo yo no contaba con un factor importante: si la sanidad se privatizase el sistema económico en el que vivimos no desaprovecharía la oportunidad de hacer negocio en detrimento del enfermo. Si algo me ha enseñado la vida es a reconocer los errores y reconozco que he estado equivocada: durante los últimos meses me he dado cuenta que una sanidad pública, gratuita y de calidad es la base fundamental del Estado del Bienestar y asegura la equidad en nuestra sociedad.

La sanidad en España goza de gran aprecio internacional por su universalidad, fácil acceso y su carácter ecuánime, sin embargo, últimamente se están detectando intentos por avanzar en su privatización. Estos ataques difieren según la CCAA y dependen de la voluntad política de los gobiernos autonómicos, de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlos.

Estos conatos de privatización consisten en intentos de convencer a la opinión pública de ineficacias y problemas de funcionamiento graves del sistema, cuando es la clase política la principal responsable de esta situación ya que al introducir nuevas formas de gestión empresarial lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro olvidando la calidad de la atención sanitaria. Estas nuevas fórmulas de gestión facilitan la privatización de los centros manteniendo la financiación con dinero público y encareciendo el proceso ya que nos encontramos con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, con el consecuente aumento de gastos administrativos y aumento de la burocracia. Este nuevo sistema que ya se ha puesto en marcha en Inglaterra ha demostrado importantes deficiencias en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes, encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, según ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Como siempre, el gran damnificado es el ciudadano al disminuir la calidad de la atención y aumentar el coste de la misma. Si no somos capaces de parar estas agresiones al sistema sanitario, los interesados en la privatización conseguirán su objetivo y nos veremos abocados a pagar por acudir a los ambulatorios y la parte de la población más pobre y enferma se verá excluida del sistema sanitario. No hay que olvidar el ejemplo de EEUU donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria, y no porque no se la puedan pagar en muchos casos, sino porque los seguros privados deniegan las pólizas a personas que ellos consideran de riesgo: personas muy altas, con sobrepeso, o muy delgados, con pecas (por el riesgo a padecer cáncer de piel), con bronquitis, alergias... y un largo etcétera.

Nuestros políticos tienen una total falta de interés por la Sanidad y esto se demuestra en un aumento de las listas de espera para los especialistas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y como estamos empezando a sufrir recientemente: masificación en médicos generales y pediatras. Todo ello ejerciendo una política premeditada de menoscabo de la Sanidad Pública puesto que su objetivo final es conseguir apoyo ciudadano para su privatización.

Los ciudadanos debemos reaccionar ante estos asaltos impidiendo que la protección de la salud deje de ser un derecho de todos y pase a ser un negocio de algunos y un privilegio para aquellos que puedan pagárselo, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficencia. La sociedad debe exigir un sistema sanitario público fuerte, para lo que se requiere un aumento en el presupuesto destinado a partidas sanitarias y estar alerta ante esa descentralización que aumenta las diferencias e injusticias en algunas Comunidades Autónomas. Hay señales para estar preocupados, como lo que está ocurriendo en Madrid con una Esperanza Aguirre privatizando la gestión en esa Comunidad, lo que irremediablemente les conducirá a un aumento de la burocracia y de gastos administrativos, como mínimo. Otro ejemplo reciente de los peligros que puede comportar es el caso de los dos hermanos afectados por Niemann Pick a quien el Servei Català de Salut negaba el tratamiento por falta de presupuesto en el hospital donde estaban siendo tratados y a quienes impedía inexplicablemente cambiar a un hospital donde sí hubiese presupuesto para comprar Zavesca, el medicamento que necesitaban.

La ciudadanía tiene que reivindicar más responsabilidad sanitaria a los políticos, una mejora en la gestión de recursos y una mayor igualdad y coordinación entre las distintas CCAA para que la calidad de la prestación no sea diferente en función de donde vivan los ciudadanos. Una verdadera voluntad política en preservar el derecho constitucional de todo ciudadano español como es el acceso a la salud se traduciría en un aumento de la calidad y eficacia de la atención y más celeridad en el diagnóstico de las enfermedades.

Estamos a tiempo de salvar nuestra Sanidad pero para ello debemos hacer saber a nuestros políticos que con la sanidad pública no se juega.
 
Noemí de la Calle, miembro de la Sectorial de Jóvenes, y de la Agrupación de L'Hospitalet de C's