27-05-2008 | ABC

'No nos ha sorprendido porque ya ha pasado en otras ocasiones. No nos sorprende que el Gobierno catalán haga su propia interpretación de una norma a favor de sus intereses políticos', afirma J. Cañas

Que la inmensa mayoría de los colegios catalanes no imparten la tercera hora de castellano es algo que ya muchos intuían. Ahora, después de que los datos lingüísticos de los centros corroboren estas percepciones, formaciones como PPC y Ciudadanos y algunos sindicatos educativos exigen que se actúe al respecto.

La portavoz del PP en el Parlamento catalán, Carina Mejías, admite que los informes de los colegios, que ayer avanzaba ABC, no le han sorprendido. «Hace tiempo que el PP se percataba de esta situación, aunque no estaba constatada sobre el papel», indicó.

Mejías recordó que «no hay ningún requerimiento en los colegios catalanes para que se cumplan las horas de castellano que exige el Ministerio de Educación».

Presiones de ERC

Los populares tenían la percepción de que el consejero catalán, Ernest Maragall, actuaría al respecto. «Pensábamos que Maragall quería que se cumplieran esos mínimos de castellano que dicta el decreto ministerial, aunque ha sido incapaz. Las presiones de sus socios republicanos no le han dejado», explicó la portavoz popular. A su entender, hay una clara intencionalidad por parte de la Generalitat para «excluir el castellano del sistema educativo de Cataluña».

Desde Ciudadanos la impresión es similar. Jordi Cañas, portavoz del partido, denuncia también la «impunidad» con la que la Administración autonómica incumple el decreto ministerial. «Lo lógico sería que, en espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la Generalitat cumpliera la normativa estatal, aunque lo que ha hecho es aprobar su propio decreto rebajando hasta límites increíbles los mínimos. No deja de ser una interpretación dudosa de esta normativa», denunció Cañas.
«Lo que está pasando con la tercera hora de castellano no nos ha sorprendido porque ya ha pasado en otras ocasiones. No nos sorprende que el Gobierno catalán haga su propia interpretación de una normativa y que la haga, como viene siendo habitual, a favor de sus intereses políticos», afirma el portavoz de Ciudadanos. La formación quiso también denunciar el mutismo que existe en Cataluña respecto a estos incumplimientos que, según apuntó, «empiezan a generalizarse».

Algunas organizaciones, como el Sindicato Independiente de Profesores ANPE, reaccionaron a la noticia. Portavoces de esta asociación hicieron especial hincapié en la necesidad de que haya una mayor coordinación entre la Administración central y la autonómica «para evitar situaciones como las que se están viviendo en Cataluña con el castellano».

Las mismas fuentes precisaron que «el Ministerio, a través de la Alta Inspección, debe extremar los controles para que se cumplan las leyes estatales y los decretos que las desarrollan». Recordaron que la normativa estatal ha sido recurrida por la Generalitat, aunque no hay un pronunciamiento todavía al respecto por lo que «lo normal es que el Gobierno autonómico no vaya a la suya».

Por otro lado, portavoces del sindicato Ustec-Stes lamentaron que «la cuestión de la lengua se haya utilizado una vez más con fines políticos y no pedagógicos». El sindicato considera que «no hay necesidad de reforzar el castellano en Cataluña porque los alumnos castellanohablantes tienen el mismo nivel que en el resto del Estado».

No obstante, criticó la indefinición de la consejería de Educación a la hora de dar las consignas a los centros. «No ha dicho claramente cuáles son los mínimos y ha delegado responsabilidades en los colegios», dijo Rosa Cañadell, portavoz de Ustec-Stes.