23-01-2020 | El Economista

"El partido va a resurgir como el 'ave Fénix' con Arrimadas al frente"

Cuando le preguntas, a bocajarro, si se arrepiente de haber sido un abogado del Estado rebelde, que se atrevió a plantar cara a Pedro Sánchez y Dolores Delgado, negándose a cumplir sus órdenes sobre lo ocurrido el 1-0, dice un no rotundo. "Me represaliaron y el castigo fue severo, con destierro incluido, pero me negué a mentir, y no me arrepiento", señala. Edmundo Bal (Huelva, 1967) ha pasado de ser el jefe de Penal de la Abodacia del Estado -por cuyas manos pasaron los casos de mayor relumbrón- a ser el número dos de Ciudadanos en el Congreso. Su despacho, en la planta sexta del edificio de la Carrera de San Jerónimo, es un lugar pequeño con aires de provisionalidad, porque aún los diputados no tienen su ubicación definitiva, pero no se queja. Esta acostumbrado a ir "ligero de equipaje", tal vez porque es un deportista nato, al que le gustan los maratones, y un motero empedernido, que disfruta de la naturaleza para relajarse. En los 16 años que duró su actividad anterior, no hubo ni una sola noticia en contra de alguna de las resoluciones y, tal vez por eso, su cese fulminante resultó todavía más llamativo: "Me querían obligar a mentir, y eso demuestra lo poco que me conocían. La orden era suprimir todas las alusiones a la violencia el 1-O, y me negué. Tuve la fortuna de que me llamó Albert Rivera, me ofreció ir en las listas de Cs, y hoy soy diputado. Es un gran honor, y voy a luchar desde mi escaño para que este Gobierno no siga intentando politizar la justicia, tal como hace", afirma. Dice que es "lamentable e inadmisible" que el Gobierno pretenda modificar el Código Penal para beneficiar a los presos de ERC, que la elección de Delgado como fiscal general es un disparate, y que Torra no es ni diputado ni presidente de la Generalitat, por lo que sería una" sinvergonzonería" que Pedro Sánchez se reúna con él.

¿Qué le ha parecido el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado?

Me parece un disparate. Si las condiciones del fiscal general del Estado tienen que pasar por garantizar la neutralidad de la Fiscalía y que no tenga intromisiones políticas del Gobierno, nombrar a una persona que hasta hace nada era ministra de Justicia, e iba de número dos en las listas del PSOE por Madrid, no tiene un pase. Está claro que la señora Delgado tiene un perfil político, cuando hay muchísimos juristas buenísimos en este país que tendrían un perfil de neutralidad, acorde con esa responsabilidad. Por eso, el Consejo General del Poder Judicial quitó la palabra "idoneidad" y dejó solo la palabra "requisitos".

¿Este nombramiento, como dicen algunos, ahonda en el desprestigio de la Justicia y en su imagen de politización?

La Fiscalía tiene muchos mecanismos para defenderse y que no le impongan un criterio político en su acción penal. El problema de este nombramiento es la imagen que se ha enviado a la ciudadanía. España es el segundo país de Europa donde los ciudadanos tienen una menor confianza en la Justicia, porque entienden que está politizada. Y claro, nombramientos como el de Dolores Delgado les confirman en esa idea.

Usted fue destituido como abogado del Estado por negarse a asumir los criterios que se le sugirieron de cara al 'procés'...

Sí, a mí me cesaron porque me negué a quitar en el escrito de la acusación los sucesos de violencia de los días 20 de septiembre y 1 de octubre. Me cesaron por no querer mentir en el escrito de acusación, pero lo volvería a hacer. La Abogacía del Estado es la Abogacía de todos; no es del PSOE, ni del Gobierno, y muchísimo menos es la Abogacía de ERC.

Su tarjeta de presentación es de un abogado del Estado rebelde, que plantó cara a Pedro Sánchez. ¿De verdad no se arrepiente de este paso?

A mí se me aplicó un castigo severo, duro, pero ahora, aun conociendo las consecuencias, si me pusieran ese escrito delante y me obligaran a mentir en cuanto a los hechos probados de que hubo violencia durante el 1-O volvería a hacer lo mismo. Durante 16 años, y ahí está la hemeroteca, he llevado casos importantes, como Gürtel, la lista Falciani, el caso del cuadro de Jaime Botín, etc., y ni una vez ha habido una sola noticia desfavorable en contra de la Abogacía del Estado mientras yo he sido el jefe del departamento de Penal. A mí me cesaron como represalia por querer decir la verdad. Pero lo peor de todo es que tenemos un presidente del Gobierno que es capaz de ceder y de humillar a España todo lo que haga falta con tal de mantenerse en La Moncloa. Estamos pagando un precio muy alto por esa obsesión de poder.

¿Con el tema del 'procés' nos estamos jugando la separación de poderes, que es la esencia de la democracia, o eso es una exageración?

Bueno, cuando tú haces depender tu investidura de que te apoye ERC, se abstenga Bildu, te vote el PNV, y accedes a las peticiones de los independentistas de que le hagas un guiño favorable a sus pretensiones a través de la Abogacía del Estado, se está haciendo un daño enorme a la separación de poderes. Si además se acepta reformar el Código Penal para modificar una serie de delitos, incluido el de sedición, para favorecer a políticos presos, es evidente que el Ejecutivo está contaminando políticamente a la Justicia de este país. Es curioso que en este anuncio de reforma del Código Penal no aparezca la tipificación del delito de referéndum ilegal, tal como Pedro Sánchez prometió en la campaña electoral.

¿Se puede modificar el Código Penal solo con los apoyos de Sánchez en la investidura, sin el PP y Cs?

Dependerá de si se ponen de acuerdo en todo, pero, desde luego, podrían dar los números si pretenden hacerlo. Y eso sería una barbaridad.

Y si eso se hiciera, ¿qué consecuencias tendría?

Sería algo lamentable, rechazable e inadmisible. La reforma del Código Penal necesita de un consenso de todas las fuerzas políticas. Y no se puede utilizar esa reforma del Código Penal como moneda de cambio para que te aprueben la Ley de Presupuestos. Yo sigo reivindicando la necesidad de que haya un nuevo Código Penal, realizado por una comisión de expertos y consensuado entre todas las fuerzas políticas.

¿Y está absolutamente claro que si el Gobierno consiguiera rebajar las penas de sedición eso tendría efectos retroactivos para los condenados por el 'procés'?

Sí, tendría efectos retroactivos. Si se modifica la ley, y la ley penal posterior es más favorable, se aplica retroactivamente a los que han sido juzgados con anterioridad. Es una norma práctica del Código Penal y de la Constitución Española.

Vamos, que si esta reforma sale adelante, Junqueras y el resto pueden estar fuera de la cárcel en un pispás...

Yo espero que el señor Junqueras cumpla su pena, como la cumplen en las cárceles españolas todos los que están condenados por otros delitos, y se acoja a los mismos beneficios penitenciarios que el resto. No quiero que el señor Junqueras tenga una pena superior que la de cualquier otro preso en España, y también creo que no se le debe indultar ni amnistiar, porque la amnistía en España es inconstitucional. No puede haber ni indulto ni amnistía para los condenados por el procés.

Sea como fuere, lo que sí está claro es que Puigdemont y Comín ya son eurodiputados, y muchos creen que Europa ha vuelto a doblarle el pulso a la Justicia española...

La Justicia española lo que ha hecho ha sido cumplir con la ley, y ha tenido un comportamiento de lealtad institucional absoluta con los organismos e instituciones de la Unión Europea. Tenía una duda en la aplicación de una norma europea y ha planteado una cuestión prejudicial, ni más ni menos. Ahora nosotros lo que queremos es que se tramite el suplicatorio que ha pedido el juez Llarena lo más rápidamente posible, y que ese suplicatorio se conceda. La pregunta es: ¿qué va a hacer el PSOE en Europa? Porque está clarísimo que, según la norma europea, estas personas no tienen inmunidad por los hechos anteriores a su condición de eurodiputados. Es decir, que el suplicatorio de Puigdemont y Comín se tiene que conceder para ser juzgados en España.

Pues Puigdemont ya no descarta volver a nuestro país, o al menos eso dice. Si lo hace, ¿puede ser detenido?

El Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia dice que la prisión provisional es compatible con el hecho de tener el suplicatorio, y por lo tanto es el juez español el que tiene que determinar si puede acordar o no la prisión provisional. Yo me imagino que si Puigdemont pone un pie en España, lo que el juez Llarena determinará será inmediatamente la orden de detención y que se encuentre en prisión provisional mientras se tramita el suplicatorio, que ya ha pedido al Parlamento Europeo.

¿Que Sánchez se vaya a entrevistar con Torra, aunque esté inhabitado por la Junta Electoral y el Supremo lo haya ratificado, significa que las decisiones de la JEC son papel mojado?

No deben serlo. En Cs fuimos los primeros en denunciar a Torra y los únicos en presentar las alegaciones que ha confirmado el Tribunal Supremo. Torra es un inhabilitado y debe dejar el acta. Sánchez no puede obviar la Justicia ni seguir legitimándole como interlocutor. La resolución de la Junta Electoral Central es ejecutiva y por lo tanto Torra no es diputado, no es presidente, y Sánchez no puede reunirse con él en su condición de presidente de la Generalitat, porque no representa al Gobierno de Cataluña. Entrevistarse con Torra en este momento es una imprudencia, un descaro y una sinvergonzonería totalmente fuera de lugar. El señor Sánchez debería asesorarse bien antes de hacerlo.

Pero si se reúne con Torra y con el resto de los presidentes autonómicos, ¿el asunto no se diluye?

Sánchez pretende hacernos caer en la trampa de un mensaje engañoso. Dice que se puede reunir en comisión bilateral con todos los presidentes de las autonomías, y es cierto, pero no se puede reunir para temas que no están regulados por ley. No para regular la independencia de Cataluña, no para pactar un referéndum de autodeterminación ni para promover la amnistía a los presos que se encuentran en la cárcel. Para eso no puede reunirse ni con el presidente extremeño, ni con el gallego, ni con el murciano, ni con el catalán.

¿Cómo se define ideológicamente: de centro, liberal o progresista? Y una curiosidad: ¿ha fichado plenamente por Cs?, ¿tiene carnet?

Sí, yo tengo carnet de Ciudadanos, y me considero ideológicamente un hombre de centro, liberal y progresista. Siempre he creído en la economía liberal, en que la riqueza la producen los empresarios y no el Estado. Pero también creo que no se puede dar un paso atrás en materia de derechos sociales, ni en la lucha contra la violencia machista o la homofobia, y que hay que respetar los derechos del colectivo LGTBI. Creo que hay que promover la conquista de nuevos derechos sociales, como la muerte digna o la gestación subrogada. En Ciudadanos hay un tronco sólido, programático, ideológico, de valores y principios que aceptamos todos, y no veo que haya discrepancias ideológicas.

Hablando de su partido, ¿cree que Inés Arrimadas es la persona idónea para liderarlo?

Conozco a Inés desde la primera campaña electoral que hice, el 28-A. Y desde entonces me ha parecido una persona con carisma, extraordinariamente inteligente y preparada, que conecta muy bien con la gente, y además sabe escuchar. Yo voy a apostar por ella decididamente para que lidere Ciudadanos, porque creo que el partido con Arrimadas va a resurgir como el ave Fénix, y va a ser capaz de recuperar el terreno perdido.

¿Qué le parecen las medidas económicas que está desgranando el Gobierno de PSOE y Podemos?

Las veo con mucha preocupación. Muchas de las medidas económicas que planean son inviables y, desde luego, si los Presupuestos se basan en las promesas electorales, Bruselas los va a rechazar. No saben cómo conseguir el gasto público que planean, y eso va hacer daño a nuestra economía en un escenario muy desfavorable para la economía mundial de desaceleración.

Bueno, de momento el presidente ya ha dicho que no tendremos Presupuestos hasta verano, lo que algunos interpretan como una forma de ganar tiempo para lograr el apoyo definitivo de ERC...

Sánchez es capaz de cualquier cosa para complacer a sus socios y que avalen sus medidas. Por eso, este Gobierno da miedo, porque no tiene ningún tipo de escrúpulo, aunque viendo la relación de desconfianza que hay entre el PSOE y Podemos, que ha llevado a los altos cargos, ministros y secretarios de Estado a no renunciar a su acta de diputado, puede ocurrir cualquier cosa. Pedro Sánchez y Pablo iglesias no deberían fiarse el uno del otro, por si acaso.

Vamos, que usted no le da a Sánchez ni los cien días, ni uno, de gracia...

Al Gobierno se le podrían haber dado los cien días de gracia si hubiera tenido cien días de prudencia. Han entrado como elefante en cacharrería, intentando cambiar el Código Penal, proponiendo a una fiscal general del Estado de partido y, frente a eso, ¿qué pretende?, ¿que la oposición esté silente viendo el espectáculo?

De momento, el Gobierno también ha conseguido pactar una subida del salario mínimo con sindicatos y empresarios y situarlo en 950 euros...

Esa medida es buena y más si se ha consensuado con empresarios y sindicatos, pero en Cs creemos que España necesita con urgencia una reforma global del mercado laboral, que ataje el principal problema que tenemos: la precariedad. Si hay muchísimas personas que trabajan solo unos pocos meses en todo el año, su poder adquisitivo sigue sin aumentar. El pasado mes de diciembre, más del 90% de los nuevos contratos fueron temporales y ya tenemos datos de paro preocupantes. Es ahí donde tenemos que poner el foco y es necesario avanzar hacia una reforma del mercado laboral para acabar con la precariedad y evitar que haya trabajadores de primera y de segunda.

¿El pin parental es una cortina de humo o algo más?

El pin parental es una cortina de humo, que están utilizando tanto Vox como el Gobierno, con posiciones extremistas. Uno dice que son los padres los dueños de los hijos, y otros, desde una postura comunista, que los hijos son propiedad del Estado. Nosotros decimos que ahí está el artículo 27 de la Constitución, la Ley Orgánica que regula el derecho a la educación, y las leyes autonómicas también regulan los derechos de padres e hijos. Estos asuntos deberían verse en un gran pacto por la educación, para que se equilibren los derechos.

Para ustedes, ¿Vox es un aliado incómodo? Porque ideológicamente se distancian mucho...

Nosotros hemos cerrado nuestros acuerdos de Gobierno con el PP, no con Vox y, efectivamente, tenemos unas diferencias ideológicas esenciales con ellos. Ciudadanos es un partido de centro, liberal y progresista, y Vox es el partido que hay más a la derecha del extremo político español.

La condena a Jaime Botín, un caso que usted llevó, ¿es la prueba palpable de que aquí no hay intocables?

La condena a Jaime Botín lo que demuestra es que cuando a los profesionales nos dejan trabajar -cuando los abogados del Estado, los fiscales y la Justicia actúan sin ningún tipo de contaminación política - siempre se hace lo correcto. Cuando nadie pretende reformar el Código Penal para beneficiar a una persona con nombres y apellidos, la Justicia funciona y la ley es igual para todos. Eso es el Estado de derecho.

 

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