06-10-2022 | The Objective

Nuestro portavoz en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, asegura que «el PSOE y el PP se creen con patente de corso para repartirse los jueces»

Ni el principal partido del Gobierno ni el principal partido de la oposición se han tomado en serio el desbloqueo de la situación que sufre desde hace años la representación del poder judicial en España. ¿Hasta qué punto? Hasta el vergonzoso punto de que el responsable de Justicia de la Comisión Europea ha tenido que verse con todas las partes implicadas para tratar de resolver el callejón sin salida. Didier Reynders, con el que me reuní en Estrasburgo esta misma semana, dio un serio aviso al PSOE y al PP con unos plazos muy definidos y un mensaje claro y terminante: arreglen esto de una vez.

 

La imagen es francamente mala: el profe tiene que separar a dos alumnos que se pelean en el patio delante de todos, tiene que darles un tirón de orejas. ¿Nos damos cuenta de lo grave que es este espectáculo? ¿Somos conscientes de que Bruselas ha hecho esto en situaciones delicadas de abuso del poder y de hostigamiento a la justicia solamente en tres países, Polonia, Hungría y Eslovenia? Estos países, después de las presiones políticas y económicas –con los fondos Next Generation, nada menos— han quedado en una situación incómoda en el escenario europeo. Quedan tocados, señalados.

 

Reynders lo explicó con claridad después de sus encuentros: España tiene que renovar el Consejo general del Poder Judicial –su mandato expiró en diciembre de 2018, hace casi cuatro años- y tiene que reformar la manera en la que se eligen sus miembros para que al menos la mitad lo sean por parte de los jueces. Y más cosas: España es el único país de los 27 en el que el Gobierno pone a dedo al fiscal general –Pedro Sánchez lo dejó meridianamente claro en su famosa pregunta retórica en RNE en noviembre de 2019: «La Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Depende del Gobierno. Pues ya está». El mandato del fiscal general dura lo mismo que el mandato del gobierno, y esa es una mala señal, que va en contra de la independencia de la justicia y que contribuye decisivamente a que la percepción de los ciudadanos sea negativa, de desconfianza en el sistema judicial.

 

España es uno de los países importantes de la Unión Europea, uno de los pesos pesados, y en el horizonte inmediato está la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023. Lo último que necesitamos es que Bruselas llegue a abrir un proceso sancionador contra nuestro país por el inadmisible retraso justo cuando seremos responsables de presidir el Consejo.

 

La presión de Reynders -es decir, la preocupación de Bruselas- se ha reflejado en los dos últimos informes anuales sobre el Estado de derecho en los países miembros en forma de recomendación a España; si no reaccionamos, esa recomendación se transformaría en una falta grave. Yo considero inconcebible que pueda llegar a ocurrir eso, que no se renueve el órgano del poder judicial y que no salga adelante la reforma que Bruselas nos pide para homogeneizar los criterios europeos en materia de justicia.

 

De lo que se trata es de salir de una vez por todas de los cálculos electorales en los que están atrincherados el PSOE y el PP, y que llevan el debate a si primero se hace la renovación del CGPJ y luego la reforma o al contrario. El PP cree que en año y medio o dos años estará en el gobierno, así que dicen que no van a renovar porque no hay reforma, pero ya sabemos que lo llevaron en el programa electoral, y que cuando tuvieron mayoría absoluta se negaron a llevarlo adelante. El PSOE también intentó hacer una reforma caciquil y ahora echa las culpas al rival de su propio pecado: no reformar un sistema cuando Europa le pide que lo haga.

 

Siento decirlo, pero tenemos dos partidos –el principal del Gobierno y el principal de la oposición- que se creen con patente de corso para repartirse los jueces. Y Bruselas nos ha sacado ya la tarjeta amarilla de la falta de transparencia. La presidencia española de la UE es el límite: no podemos llegar a ella sin haber introducido las reformas, a no ser que queramos manchar el semestre con un borrón semejante.

 

Y con las consecuencias que eso implica: cuando Eslovenia ejerció la presidencia, hace 18 meses, tenía justamente esta denuncia, y fue una presidencia poco exitosa. ¿Con qué legitimidad iba a Eslovenia a decirle nada a los otros socios comunitarios o llamar la atención a Hungría y Polonia de que están en una deriva autoritaria? Aquella presidencia fue un desastre, lo recuerdo muy bien. El ministro de Justicia esloveno estaba bloqueado muy a menudo, el país no tenía legitimidad ni credibilidad.

 

Esta situación, la de un comisario de Justicia de la UE avisándonos reiteradamente de que no estamos a la altura de los criterios europeos de organización del sistema judicial, es inadmisible. Primero, porque deteriora la imagen de España. Segundo porque dificulta y compromete los retos jurídicos y políticos -que no son pocos- que tenemos en Europa, y eso es algo que no nos podemos permitir.

 

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