Son tantas las barbaridades que el Gobierno de Sánchez ha perpetrado a lo largo de su mandato que cada vez que se produce una nueva se corre el riesgo de que pase desapercibida. De que al cabo de unas semanas se acabe diluyendo como una acción más de este Ejecutivo socio del separatismo ultramontano y determinado a seguir hasta el final con su estrategia divisiva. La alianza de gobierno lo asume con la esperanza de que a la hora de votar pesarán más otras cosas que sus decisiones en política territorial y sus pactos con el nacionalismo. El PP, con la expectativa de que se acumulará en el debe del PSOE y finalmente acabará llenando su zurrón de los votos suficientes para heredar La Moncloa.
Es así, con la desfachatez de unos y la indolencia de otros, como se ha producido la última de esas acciones. Seguramente, la más grave de todas las desarrolladas por Pedro Sánchez desde el poder. El golpe al Código Penal que está realizando junto a ERC para eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación es muy difícil de calificar y tendrá, de consumarse, unos efectos irreparables para la democracia española.
Supone reescribir la historia sobre los hechos que acontecieron en Cataluña en 2017. Aquello fue un intento de desmembrar por la fuerza y desde el poder una democracia europea para conformar una república bananera y totalitaria contra la mayoría de los catalanes y contra cualquier principio de legalidad, recurriendo a la violencia y pisoteando los derechos de millones de ciudadanos. Rebajar todo lo que hicieron a la categoría de desórdenes públicos es una canallada inadmisible. Y los demócratas, en especial los que sufrimos el golpe en primera persona, debemos alzar la voz con toda la fuerza de la que seamos capaces para denunciarlo.
Con la maniobra, Sánchez blanquea a sus socios y se blanquea a sí mismo. Como ocurrió con los indultos. Si se cumple su propósito, en unas semanas ya no será el aliado de un grupo de presidiarios, como al inicio de la legislatura, sino el de unos políticos a los que la protesta callejera por sus ideales se les fue un poco de las manos. Así se reescribe la historia.
Además, su iniciativa es un obús contra la Justicia española. Los servidores públicos que participaron en la instrucción y en el juicio a los golpistas (sufriendo acoso y señalamiento personal) se verán otra vez desautorizados. La sentencia del Supremo se esfuerza en argumentar por qué el golpe separatista fue mucho más que una algarada, desmonta la falsedad de que otros países castiguen menos los delitos de esa naturaleza y resuelve que sus autores deben pasar un largo tiempo en prisión e inhabilitados para el ejercicio de cargo público. Todo su trabajo en defensa de nuestra democracia es echado por tierra ahora por Sánchez, como sucedió con los indultos, en alianza con los perpetradores de aquel golpe, que para más inri prometen a diario volverlo a hacer.
La iniciativa supone también manchar la imagen de nuestro país ante las instituciones europeas. Con el recurso de Junqueras en Estrasburgo y la extradición de Puigdemont aún por resolverse, el Gobierno de España está enviando al exterior el mensaje de que las condenas fueron excesivas, poniéndose del lado de los delincuentes y enfrente del interés de nuestro Estado de derecho. Imperdonable.
Además, estamos ante un ataque frontal a la igualdad entre españoles. Se concede impunidad a unos condenados por sedición y malversación y se concede por el hecho de ser políticos con una serie de escaños en el Congreso. Igualmente, se rebaja el coste que tendrán en el futuro si cumplen su amenaza de volverlo a hacer. Legislación a la carta para ERC y alfombra roja para el siguiente golpe, que vendrá así apadrinado por Sánchez.
Es imprescindible hacer toda esta pedagogía para que la sociedad española sea plenamente consciente de lo que supone este cambio en el Código Penal, pero también lo es hacer todo lo posible para frenar el atropello. Y esta vez desde la oposición tenemos en nuestra mano una herramienta muy útil para evitar que al Gobierno le salgan sus planes tal y como los ha concebido.
Lo planteé el viernes en el Congreso de los Diputados, poco después de que PSOE y Podemos registraran su iniciativa, y lo reiteré el sábado en un acto público en Sevilla: el principal partido de la oposición debe recurrir al mecanismo que la Constitución contempla para censurar al Gobierno cuando considere que su gestión así lo amerita. Debe registrar una moción de censura contra Sánchez, a ser posible acordándola con el mayor número de diputados, y debe hacerlo por al menos tres motivos:
1) En primer lugar, porque la gravedad del asunto lo merece. Tenemos un Gobierno que está cambiando la legislación al gusto de condenados por la Justicia por gravísimos delitos, desarmando a nuestra democracia ante una de las mayores amenazas que se ciernen sobre ella y atacando la dignidad de nuestros servidores públicos. Si tal barbaridad no merece la censura desde la oposición, ¿qué lo merece?
2) En segundo lugar, porque ayudaría a elevar el debate sobre el tema. Sánchez pretende que el asunto pase de puntillas por la opinión pública. Una sesión parlamentaria de dos días provocada por una moción de censura que responde a su golpe al Código Penal haría que tomara mucha más dimensión y trascendencia. La que sin duda tiene.
3) En tercer lugar, porque en esta ocasión la moción es útil en sí misma. Al contrario que en las otras ocasiones en que se presentaron mociones de censura con nulas posibilidades de prosperar, esta vez tramitar una moción de censura tiene la virtud de, al margen del resultado de la votación, boicotear los planes de un Gobierno en manos de los enemigos de España.
Este último punto me parece especialmente destacable. Quedan apenas cuatro sesiones plenarias de aquí a fin de año. Sánchez pretende utilizarlas para dejar la sedición derogada y la malversación rebajada antes de enero, llevando la votación final a las puertas de Navidad y alejándola más de seis meses de las elecciones municipales y autonómicas donde los cuadros socialistas se juegan todo su poder. Si logramos que uno de esos plenos se ocupe con el debate de la moción de censura, la votación tendría que producirse ya en 2023. Teniendo en cuenta además que el mes de enero es inhábil en el Congreso, quizá se produciría a escasas 12 semanas de la próxima cita con las urnas.
“No puede hacernos esto a seis meses de las elecciones”, declaraban a este periódico el domingo fuentes próximas a un barón del PSOE. Esa contestación será mayor si en lugar de a seis meses de los comicios es a tres. Y, en todo caso, tendría seguro un mayor impacto en la votación. Si lo va a perpetrar, que sea al mayor coste posible y con la oposición utilizando todas sus herramientas para dificultarlo y para darle al asunto la gravedad que merece.
Sí, podemos frenar el golpe al Código Penal que Pedro Sánchez le está asestando junto a sus socios populistas y separatistas. No es inevitable que lo perpetre, o al menos no es inevitable que lo haga en el tiempo y en la forma en que lo tiene planeado: de forma exprés, hurtando el debate a los españoles y aprobándolo en diciembre.
No se trata de esperar más de un año a ver si el PSOE pierde las siguientes generales y después empezar la tramitación para revertir el cambio. Para entonces, el daño estará hecho y en gran medida será irreversible. Además, no podemos confiar en promesas del PP que ya en el pasado fueron incumplidas, mucho menos cuando su presidente no oculta que quiere apoyarse para gobernar en partidos como el PNV, que no solo apoyan la derogación de la sedición sino que plantean ir más allá e eliminar el articulo 155 de la Constitución. No. Es ahora cuando hay que actuar y hacerlo con la contundencia que la gravedad de la situación merece. Hay que presentar una moción de censura contra Sánchez para boicotear su golpe al Código Penal español.
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos
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