Opinión

Esto va de confianza entre europeos

03-05-2023 | El Confidencial

Si queremos alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales, todos los Estados de la UE tendremos que ganarnos la confianza de nuestros vecinos.

Ya está aquí la tan esperada propuesta de la Comisión Europea para reformar las reglas fiscales de la Unión. Es una buena noticia para España, porque rompe con la rigidez de las anteriores y abre la puerta a las reformas e inversiones que necesitamos. Sin embargo, antes de que la reforma entre en vigor, el Consejo y el Parlamento deberán negociar y firmar el texto final, y esto no será tarea fácil. El principal problema es que los países no confiamos del todo en nuestros vecinos: ¿se endeudarán estos vecinos para financiar medidas electoralistas? ¿Harán aquellos las reformas que prometen? ¿Me tocará a mí rescatar a ese otro por su irresponsabilidad? Algunos levantan más sospechas que otros. En todo caso, si queremos alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales, todos los Estados de la UE tendremos que ganarnos la confianza de nuestros vecinos.

El actual marco fiscal se empezó a crear en los años 90, pero nunca ha llegado a funcionar del todo. En el Tratado de Maastricht de 1992 se incluyeron los conocidos objetivos de déficit y deuda pública anual, que no deben superar el 3% y 60% del PIB, respectivamente. Estas normas se desarrollaron con la conclusión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que ha sido actualizado en varias ocasiones. Estas fueron las reglas en las que se fundamentaron los programas de disciplina fiscal en respuesta a la crisis de 2008. Todos fuimos testigos de los efectos indeseados que el PEC ocasionó no solo en las economías de los países europeos, sino también en la percepción que tenían los ciudadanos de las instituciones europeas e internacionales.

Esta nueva propuesta no convence del todo a nadie: demasiado flexible para unos, demasiado rígida para otros. Mantiene los objetivos de 3% de déficit y 60% de deuda que fijan los tratados, pero propone que, a partir de ahora, sea cada Estado miembro el que diseñe su propio plan para alcanzarlos. El éxito de estos —que la Comisión llama planes fiscales estructurales a medio plazo (en adelante los planes o el plan) y que deben abarcar cuatro años— se medirá de acuerdo con una regla de gasto más o menos sencilla, que será distinta para cada país según su punto de partida: no es lo mismo partir de una deuda pública del 113% del PIB, como ocurre en España, que de un 66%, como en el caso de Alemania.

Además, los Estados podrán incluir reformas e inversiones que, bajo ciertas condiciones, justificarán una ampliación del plazo para cumplir su plan hasta tres años más. El objetivo es claramente dar más poder a los Gobiernos nacionales y aumentar su compromiso con las reglas fiscales de la UE. La inspiración en los planes de recuperación del Next Generation EU también es clara.

A los Estados más fiscalmente responsables les cuesta dar tanta flexibilidad a sus vecinos para decidir en cuánto reducen su deuda pública y cómo lo hacen. Tampoco se fían del todo de la objetividad de la Comisión a la hora de supervisar la aplicación de los planes sin tener unos indicadores numéricos que sirvan de referencia. La presión de estos Estados parece haber calado, porque la propuesta finalmente publicada incluye varias salvaguardas sobre la flexibilidad inicialmente prevista. Son indicadores cuantitativos; por ejemplo, la ratio de deuda pública al final del periodo del plan debe ser inferior a la del inicio y el crecimiento del gasto neto nacional (definido en la propuesta) debe ser inferior al del crecimiento potencial del PIB. También habrá sanciones económicas para los Estados que no cumplan las reglas.

Nos adentramos ahora en unos meses complicados de negociaciones. Primero, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo deberán adoptar sus posiciones sobre la reforma; complicado, porque hay posturas muy dispares dentro de cada institución. Después, deberán negociar un compromiso entre ambas, un acuerdo intermedio. En el Consejo, la voz cantante la tendrá la presidencia española, que liderará las negociaciones entre julio y diciembre de este año, mientras que el Parlamento todavía no ha decidido quiénes formarán parte del equipo negociador. Si todo va bien, se espera que tanto el Consejo como el Parlamento aprueben sus posiciones en octubre de este año y que las negociaciones se inicien a finales de 2023.

No hay tiempo que perder. La cláusula de suspensión de las reglas fiscales, activada desde 2020 tras el impacto de la pandemia, se desactivará en enero de 2024, lo que quiere decir que volverán a estar en vigor las viejas y rígidas reglas fiscales. Pero no solo eso: el próximo año habrá elecciones al Parlamento Europeo, con lo que, si no se alcanza un acuerdo antes del último pleno de esta legislatura (seguramente en abril de 2024), puede que no tengamos las nuevas reglas fiscales hasta 2026. Sea cual sea el resultado final, el éxito del acuerdo dependerá de su capacidad para generar confianza. España debe poner todo de su parte para merecerla.

 

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*Eva Poptcheva es eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta del Comité Económico del Parlamento Europeo

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