Opinión

Independencia sin blanca

13-10-2017 | El Mundo

Cataluña carece de una Hacienda propia capaz de recaudar los grandes impuestos. No tiene información sobre los contribuyentes, ni un sistema legal

Hay una conexión directa entre la estampida de las grandes empresas catalanas y la declaración de independencia «suspendida-reversible» de Carles Puigdemont. Es cierto, como muchos han observado, que el cambio reciente de sede de estas empresas tiene un efecto menor sobre la recaudación en un Estado unificado como España. El Impuesto de Sociedades, salvo en el caso de Navarra y País Vasco, es un ingreso estatal, que cobra la Agencia Tributaria, y es el único gran impuesto que el Estado no comparte con las CCAA. 

Pero la consecuencia más relevante de este cambio ha pasado inadvertida. Pocos se han dado cuenta de que esta salida pone la puntilla a cualquier sueño imaginable de un estado independiente. 

La razón es muy sencilla: un Estado sólo es viable si es capaz de cobrar impuestos para financiar sus gastos. La primera medida que la Generalitat de una Cataluña supuestamente independiente debería poner en marcha para hacer que esa independencia fuera real sería exigir a sus ciudadanos y a sus empresas que paguen sus impuestos. 

La dificultad para hacer tal cosa ya era muy grande antes de la semana pasada. Cataluña no dispone de una Hacienda propia capaz de recaudar los grandes impuestos, es decir IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA e Impuestos Especiales. La Generalitat no tiene ni el sistema informático, ni el personal, ni mucho menos la información legalmente obtenida, necesaria para cobrar estos impuestos. 

Tampoco dispone de un sistema legal, que es lo que distingue a los impuestos de otros pagos coactivos.

Pero con la salida de las empresas, lo que era una quimera se convierte en completamente imposible. La gran empresa ingresa directamente muchos impuestos. Aproximadamente, 3.000 empresas adscritas a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, las que facturan más de 100 millones de euros, ingresan aproximadamente el 50% del Impuesto de Sociedades, y un tercio de las retenciones del IRPF y el IVA. En el caso del Impuesto de Hidrocarburos, el 90% se ingresa en Madrid, donde tienen su domicilio fiscal los grandes operadores petrolíferos, con independencia de dónde estén las refinerías, o dónde llene usted el depósito de su coche. 

Pero más importante que los impuestos ingresados es la información que proporciona la gran empresa y la gran banca. La mayor parte de la información que maneja Hacienda procede de la información proporcionada por las grandes empresas. Es esta información la que permite hacer los borradores del IRPF, u obligar a los demás empresarios y profesionales, les guste o no, a declarar sus ventas e ingresos. 

Imaginen que CaixaBank recibe una carta de una nueva Hacienda catalana exigiéndole que entregue a esta Hacienda retenciones del IRPF de sus empleados en Cataluña. Antes del cambio de sede, los separatistas podrían soñar con un conflicto de jurisdicciones, los de una supuesta legalidad catalana y española. Ahora, CaixaBank es una empresa extranjera para esta supuesta legalidad. La respuesta será: «Pídasela a nuestra central en Valencia». El problema es que ni los separatistas pueden soñar con pedir esos datos, y mucho menos el dinero, a una empresa que, desde su punto de vista, es extranjera. Lo que tendrían que hacer sería pedir a la otra Administración, en este caso, la española, que sea ella la que pida los datos, y traspase el dinero. En una Cataluña sin convenios ni acuerdos internacionales, esto va mucho más allá de la ciencia ficción.

En definitiva, aunque sólo el Impuesto de Sociedades procede de la gran empresa, es imposible cobrar los demás sin una mínima colaboración por su parte. Si no se puede tener acceso ni al dinero ni a la información, porque la sede está en el extranjero, en un país con el que no se tiene convenios, entonces la mayor parte de los impuestos no se pueden cobrar. Sin grandes empresas, incluso teniendo una Hacienda propia que la Generalitat no tiene, no es posible la recaudación.

Más aún, la salida de los bancos, y su acatamiento de la legalidad española, supone que cualquier cuenta de la Generalitat que ésta abra para cobrar impuestos puede ser bloqueada o cerrada sin más que una autorización administrativa. 

El cambio de sede no es tan sencillo para las pequeñas empresas. Éstas, sujetas a demandas de dos administraciones para que paguen impuestos, irían directamente a la bancarrota en gran parte si las cumplieran. Para ellas no vale transferir su actividad a otra sede ya existente, porque no la tienen. Si quieren imitar a las grandes, y evitar la enorme inseguridad jurídica, no tienen más remedio que irse físicamente. 

Y este éxodo se ha puesto ya en marcha. Cuanto más dure un período de ambigüedad e inseguridad jurídica, más se tendrán que ir. A corto y medio plazo se irá trasladando personal con elevados ingresos, pequeñas empresas de servicios y, en general, actividad económica fuera de Cataluña. Esto nos empobrece a todos, pero especialmente empobrecerá masivamente a los catalanes. 

Es hora ya de que acabe esta locura. La independencia es un happening con un solo plan viable: el leninismo de «cuanto peor mejor», romperlo todo, empobrecer a todo el mundo y enfrentar a los catalanes entre sí para provocar una supuesta negociación. Los separatistas estarían diciendo: «Amamos tanto a Cataluña que la queremos ver destruida». Este camino es una insensatez evidente y debe detenerse cuanto antes.

 

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