10-09-2017 | El País

Burlar la ley no es la alternativa para tener instituciones más modernas, un bienestar más sólido y una mejor educación

Querido Jordi,

El 14 de octubre de 2012 escribiste un artículo en La Vanguardia en el que analizabas el tipo de política económica que una Cataluña independiente debería llevar a cabo. Decías (mi traducción): "La perspectiva de una Cataluña-Estado no me genera una atracción incondicional. Para que me entiendan, y llevando el argumento al extremo, si la independencia tiene que convertir a Cataluña en una nueva Cuba o una Corea del Norte en el Mediterráneo, pienso que más vale que lo dejemos estar. Mi atracción por la opción soberanista está vinculada a los conceptos de oportunidad y de posibilidades que aquella ofrece".

Defendías en particular seis objetivos clave para una futura política económica: "(1) Necesidad de un nuevo modelo de administración pública basado en los principios de austeridad, eficiencia y servicio de calidad al ciudadano.... (2) Importancia capital de procedimientos administrativos y judiciales sencillos, rápidos y eficientes, que maximicen la seguridad jurídica de los particulares y garanticen plenamente sus derechos.... (3) Necesidad de un marco laboral flexible, con un contrato único indefinido que ponga fin a la dualidad actual, y donde el papel de los tribunales no consista en "decidir por las empresas", sino que esté restringido a garantizar el respeto a los procedimientos establecidos y la no discriminación. ... (4) Una fiscalidad sobre empresas y trabajadores que favorezca la inversión extranjera y la atracción de talento. ... (5) Adopción del inglés como tercera lengua oficial, enfatizando su papel como lengua de relación con el mundo, incluyendo la relación entre empresas y profesionales extranjeros y administración. Esto requeriría una campaña intensa de alfabetización con la colaboración de medios de comunicación y escuelas.... (6) Un Estado del bienestar de calidad, que sea generoso con los desvalidos, pero con mínimas distorsiones y desincentivos, e implacable con el fraude". No te sorprenderá saber que comparto plenamente estos objetivos, como lo hace la opción política por la que trabajo, Ciudadanos. Luchamos, desde el Parlamento de Madrid, y desde los parlamentos autonómicos, por regenerar España y por modernizar su economía en la línea que planteas.

El motivo de mi carta es rogarte que reflexiones de nuevo, desde 2017, sobre si es razonable pensar que la independencia es el camino para lograr las políticas económicas modernas que planteas. En ese sentido, me gustaría hacerte varias reflexiones. Te rogaría que, frente a la emoción irracional (propia del siglo XIX) que embarga a muchos de nuestros conciudadanos, pensaras en ellas como el economista ilustre que eres, de forma racional y desapasionada.

1. El grado de autogobierno que tiene Cataluña es muy elevado, mayor en muchos aspectos que el propio de un Estado Federal. Hay muchos ejemplos de este autogobierno que todos los ciudadanos perciben con claridad. Por ejemplo, mientras en EE UU un atentado como el de Las Ramblas hubiera sido responsabilidad principalmente del FBI, en Barcelona, como presumió el Consejero de Interior, fue responsabilidad principal y casi única de los Mossos. También perciben los ciudadanos que los símbolos de España en Cataluña son prácticamente inexistentes. Hay muchas otras áreas en las que quizás el ciudadano medio no aprecia el enorme grado de descentralización existente. Permíteme que te cuente, entre nosotros (y los lectores de EL PAÍS) las dificultades que tenemos para llevar a cabo cambios en políticas activas, en formación, o en educación, desde Madrid. En reuniones recientes con la ministra de Trabajo hemos llegado a acuerdos para introducir un "cheque de formación" que permita a los trabajadores controlar el dinero para su propia formación y decidir cómo y dónde usarlo. Pues bien, depende de las Comunidades Autónomas sumarse o no, no es posible hacer que se implemente desde Madrid. El TC ha dictaminado que todo el dinero de las políticas de empleo debe ser controlado por los servicios de empleo autonómico. En educación, el presupuesto del Estado son 2.500 millones de euros, que se gastan casi íntegros en becas, frente a los 35.000 millones que controlan las autonomías. En sanidad el Estado controla 4.000 millones de gasto, frente a las comunidades que controlan 55.000 millones. Pues bien, a pesar de esas competencias, los sucesivos Gobiernos de Cataluña no han tratado de poner en marcha las políticas que tú sugieres. Al contrario, la misma corrupción, el mismo amiguismo que, desgraciadamente, ha imperado en muchos ámbitos en muchas regiones de España, ha imperado en Cataluña. El pensar que, por ejemplo, un pequeño aumento de competencias educativas o de empleo llevaría a un giro copernicano de las políticas educativas o de empleo que ya controla el Govern parece desafiar la lógica.

2. El Brexit nos muestra cada día lo delicadas que son las instituciones responsables de la prosperidad de Europa occidental. Los destructores, los nacionalistas, los que buscan el particularismo, han vendido a un electorado británico emocional y harto de austeridad, un camino muy fácil hacia la "independencia" del Reino Unido. Desgraciadamente, este camino simplemente no existe. Como Theresa May descubre cada día, es imposible para el Reino Unido conseguir la prosperidad a la que aspira a base de crear nuevas barreras. En vez de políticas abiertas y modernas, el Reino Unido corre un riesgo cierto de encerrarse cada vez más en el particularismo etnicista. No es difícil de imaginar un camino similar hacia el aislamiento para Cataluña, precisamente el opuesto al que tú deseas. Ese camino es imposible en la situación actual.

3. Lo crucial para la prosperidad, como muy bien dices en tu artículo, es el Estado de derecho, la seguridad jurídica, el que las normas se cumplan. Pues bien, este camino a la independencia trazado en confluencia con los sectores más retrógados de la sociedad catalana (la CUP, las fuerzas rurales nacionalistas más regresivas) pasa por ignorar tanto la jerarquía habitual de leyes como las mayorías reforzadas necesarias para cualquier cambio constitucional (recuerda que el propio Estatut requiere de dos tercios para su modificación). ¿Qué te puede hacer pensar que una república nacida con semejantes bases se volvería repentinamente respetuosa con la ley y el Estado de derecho?

En definitiva, Cataluña está sumida, principalmente por la absurda huida hacia delante de los nacionalistas moderados, en una situación preinsurreccional en la que la única esperanza de muchos es una sobrerreacción de "Madrit" que lleve a unas enormes manifestaciones al estilo de la revolución naranja. Pero la situación de Cataluña no es ni la de Túnez ni la de Ucrania.

Entiendo y comparto muchas de las frustraciones sobre España que refleja tu artículo. Podemos y debemos hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho. Las universidades, que tanto te preocupan, son un caso claro. Pero España no es un Estado fallido. Es un país vibrante y libre, donde la calidad de vida es muy elevada, el Estado del bienestar, particularmente las pensiones y la sanidad, son de las mejores del mundo. Romper este Estado, burlando el necesario respeto a la ley, supone incurrir en enormes riesgos para todos en un mundo incierto. La alternativa es trabajar con los muchos que en España, en la izquierda, en el centro y en la derecha, queremos cambiar el país para que tenga unas instituciones más modernas, un Estado del bienestar más sólido, y un sistema educativo mucho mejor.

Un fuerte abrazo

 

Luis Garicano es profesor de Economía y Estrategia en el IE Business School y responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos

Jordi Galí, a quien se refiere este artículo, es un economista español.

 

*Lee el artículo en El País