Opinió

La ley y la trampa en el asalto al Poder Judicial

04-03-2021 | El Mundo

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La semana pasada, 400 días después del primer positivo por coronavirus en nuestro país, se anunció el primer acuerdo PSOE-PP de toda la pandemia. No se trataba, lamentablemente para los españoles, de desarrollar un Plan Nacional de Vacunación ni de un plan de rescate a autónomos y pymes o al turismo y la hostelería con ayudas directas, como llevamos meses pidiéndoles desde Cs a los unos y a los otros. No: el acuerdo fue para repartirse el Consejo de Administración de RTVE, la radio y la televisión públicas que pagamos todos los españoles y que debería ser neutral a la política. 

 

El acuerdo ha dinamitado el concurso público basado en el mérito y la capacidad, negociado por Cs y al que se comprometieron todos los partidos. Una Comisión de Expertos seleccionó a los mejores candidatos al margen de afinidades políticas, cosa que enfadó profundamente al bipartidismo, al populismo y también a los nacionalistas, que el jueves decidieron hacer oídos sordos a la profesionalidad, ignorando las calificaciones de los expertos para volver al mercadeo entre partidos.

 

Todo parece indicar que estamos en el entreacto de una obra de teatro donde lamentablemente el nudo y el desenlace van a suponer el reparto del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional. En lugar de construir Pactos de Estado, como los que tenemos en Europa entre liberales, conservadores y socialdemócratas, el bipartidismo vuelve a los pactos para repartirse el Estado. En Cs podemos decir con la cabeza bien alta que somos el único proyecto que sigue luchando por la regeneración democrática y la neutralidad de las instituciones. Prueba de ello es que hemos renunciado ¬–no importa cuántos diputados tuviéramos– a participar en el reparto de los jueces, y esta misma semana nos hemos negado a legitimar una votación viciada para la elección del Consejo de Administración de RTVE.

 

La joya del mercadeo es el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces. En mis 27 años como abogado del Estado, he investigado el caso Gürtel, el caso Pujol, tramas que también afectan al PSOE… y puedo afirmar con rotundidad que la piedra angular de la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y el freno a las aspiraciones liquidacionistas del nacionalismo es la independencia judicial. Es la última frontera del Estado de Derecho.

 

Porque, ¿qué interés pueden tener partidos con historial de corrupción en controlar de esta manera el CGPJ? Todos recordamos los mensajes del señor Cosidó, portavoz del PP, diciendo que, tras su acuerdo con Sánchez, controlarían “desde atrás” la sala segunda del Tribunal Supremo. No es difícil imaginar la ansiedad de Podemos, imputado a título de organización y cuyos principales representantes están siendo investigados por diversos casos de corrupción, por tener una parte del pastel en el CGPJ. Palabras como Neurona, Caja B o niñera ahora mismo pesan mucho en Podemos como para quedarse al margen del Poder Judicial. Pero Gurtel, Púnica, Lezo, Kitchen, EREs son también palabras evocadoras para otros. 

 

Es de sentido común: los políticos no pueden nombrar a los jueces que luego deben juzgar la corrupción de los políticos, ni cualquier otro delito. Lo dice el principio elemental de la separación de poderes, nos lo está exigiendo Europa a través del GRECO y con la verdadera anomalía democrática que supone ser, junto a Polonia, el único país de toda Europa que escoge a la totalidad de miembros del órgano de gobierno de los jueces por un acuerdo entre partidos. Eso, además, es contrario al espíritu de nuestra Constitución, que establece en su artículo 122.3 que solo una minoría de los miembros deben ser elegidos por el Parlamento.

 

Así lo establecía la Ley del Poder Judicial de 1980 que fijaba que estos 12 jueces y magistrados serían elegidos por sus propios compañeros. Pero en 1985, el PSOE aprovechó su mayoría absoluta para articular una reforma que deja el 100% del Poder Judicial a elección de los políticos. Como es sabido, esta reforma se denunció al TC, que, si bien terminó avalándola debido a este vacío legal, advirtió en su sentencia sobre los riesgos de la injerencia en la Justicia. Exactamente lo que venimos padeciendo desde hace décadas, y por lo que los informes del Consejo de Europa de Lucha contra la Corrupción, la Comisión Europea y el TJUE nos saca los colores. El PP ha tenido mayorías absolutas holgadas como para revocar esta anomalía y jamás ha hecho nada, al contrario: ha seguido participando de este mangoneo.

 

Con las denuncias europeas y la llegada de partidos regeneracionistas como Ciudadanos, cada vez son menos comprensibles para una inmensa mayoría de españoles las explicaciones y excusas del bipartidismo para seguir repartiéndose el poder judicial e incluyendo, de paso y como siempre, a los nacionalistas en el mangoneo. Algunos, arguyen, participan en el mercadeo en aras de aislar a “jueces de un partido X o Y”. Bien: hay una forma de que no haya jueces de Podemos, del PSOE, del PP ni de nadie. Que los jueces elijan a los jueces como propone Ciudadanos a través de una reforma que es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia.

 

No es verdad que no haya alternativa. La propuesta de Cs serviría para acabar, de un plumazo, con el bloqueo y la politización, cumpliría con la Constitución y con lo que nos piden desde Europa y además no cuesta un euro. Se trata de algo tan revolucionario como que sean los jueces, y no los políticos, quienes elijan a la mayoría, doce de los veinte vocales, del CGPJ, como nos pide Europa. Sabemos que hay una inmensa mayoría de españoles con nosotros, aunque ni el bipartidismo, ni Podemos, ni Vox -que anda enfadado no por el sistema de reparto, sino porque nadie les ha llamado para meter cuchara- sean capaces de llevar al Parlamento lo que la ciudadanía nos demanda.

 

Es normal que los españoles se pregunten qué más tiene que pasar en nuestro país para que PP y PSOE se unan por una buena causa, porque ni siquiera la pandemia ha servido de acicate para ello. Pero en Ciudadanos no vamos a tirar la toalla y seguiremos alzando la voz para que el bipartidismo deje de usar sus mayorías para alcanzar acuerdos lesivos para nuestras instituciones y las emplee para abordar las reformas que urgen en nuestra democracia en horas graves como esta, aislando a nacionalismos y populismos como ya sucede en Europa.

 

Es hora de los grandes Pactos de Estado, las grandes reformas que nos permitan seguir salvando vidas y ayuden a salvar miles de empleos en la crisis que viene. Entre ellas, la del CGPJ, tan importante para luchar contra la corrupción y recuperar la credibilidad de la gente en nuestras instituciones. Y nadie nos va a rendir.

 

* Artículo publicado en El Mundo

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