30-05-2020 | El Confidencial

El Gobierno de Pedro Sánchez ha roto las reglas del respeto a la Administración y a sus funcionarios. No le interesa cuál es la mejor decisión técnica a un problema.

A lo largo de mi vida he pasado 26 años ejerciendo de funcionario. Los últimos 16, en un puesto de mucha responsabilidad, jefe del Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado. Sé lo que es tratar con políticos de los dos partidos que han gobernado España durante todos esos años. Hay reglas de juego que regulan las relaciones entre el Gobierno y la Administración. No son solo implícitas o impuestas por la costumbre, sino que son de aplicación práctica, de principios y normas recogidas incluso en la Constitución española. Y durante todos estos años hasta llegar al actual Gobierno de Pedro Sánchez, estas reglas se han respetado o al menos ha existido un amplio consenso en que debían ser respetadas por parte del Ejecutivo.

Las relaciones entre el poder político y la Administración Pública y sus funcionarios deben ser y siempre han sido, dependiendo de la personalidad más o menos autoritaria del cargo político, de respeto mutuo. Es inteligente que sea así. El funcionario, por cuanto es un servidor público, es una garantía de la buena gobernanza respecto a la toma de decisiones desde el poder político. Pero él no toma la decisión: conoce y estudia la materia y, dejando de lado sus ideas o preferencias políticas, ofrece la que cree que es la solución óptima para los intereses generales. El funcionario es un experto, ha aprobado una oposición dura; al político le ha elegido la ciudadanía. El funcionario se debe a una carrera profesional toda su vida; el político, a un programa electoral a desempeñar desde un cargo temporal. Cada cual en su papel, legítimamente. Y ese punto de partida establece las relaciones: solo conociendo el sustrato técnico del problema concreto, puede el político tomar una decisión adecuada o evitar una querella por prevaricación.

Es un lugar común entre políticos mediocres la afirmación nunca dicha en público "los funcionarios no me dejan hacer nada". Hombre, ¡será la Ley la que no te deja hacer la barbaridad que pretendes llevar a cabo por tu santa voluntad y no el funcionario, que la conoce bien y aporta su experiencia y saber hacer a la solución de los problemas! Parece obvio y sin embargo hay políticos de todos los signos —yo he conocido a alguno— que creen que habiendo ganado las elecciones su partido y habiéndoles nombrado esto o aquello tienen una legitimidad que no les obliga a respetar la Ley, que es un límite incómodo que los funcionarios le recuerdan. Una concepción sesgada de la separación de poderes que suele conducir a la peligrosa arbitrariedad.

Esto se une a la cuestión de que en España la parte superior de la función pública se ocupa por los llamados puestos "de libre designación". Son puestos basados en la confianza, pero que, si hablamos de los puestos intermedios, por debajo de Director General, no son estrictamente políticos y en determinados Cuerpos —como la Guardia Civil o la Abogacía del Estado— no cambian cuando cambia un gobierno.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha roto las reglas del respeto a la Administración y a sus funcionarios. No le interesa cuál es la mejor decisión técnica a un problema. Le interesa que el técnico apoye su decisión política previamente tomada, aunque esta sea disparatada o contravenga directamente los intereses generales. Este Gobierno no entiende la necesidad de la neutralidad política de la Administración. Es el "estás conmigo, o contra mí" sin entender que los funcionarios sirven a España y a los españoles, no al Gobierno de turno y que aportan su conocimiento para fundar mejor las decisiones políticas que toman otros y por las que son responsables. Ayudan a quien gobierna porque son servidores públicos, pero no son sus siervos. El Gobierno que no entienda esto no solo se comporta de manera profundamente injusta y arbitraria, sino que pone en peligro el interés general de todos los ciudadanos.

Los ceses de personas íntegras, que toda su vida han cumplido con su deber y no querían otra cosa que poder mirarse al espejo sin sonrojo, además del sufrimiento personal e injusto, lanzan un mensaje de miedo a los demás funcionarios que también querrían tener como modelo a los buenos funcionarios, pero que tienen que pagar los gastos de su familia. Porque se puede pensar que al funcionario no le despiden y es verdad. Pero se les perjudica económicamente con descensos que suponen además una humillación pública motivada por una decisión política sin fundamento ni técnico ni ético. A veces, a ello se suma un círculo de afines alrededor del cargo público lanzando infundios sobre tu buen nombre.Y los funcionarios honestos tenemos como principal patrimonio nuestro nombre.

Sé de lo que hablo. Nunca habían cesado a un abogado del Estado por cumplir con su obligación de decirle al Gobierno que hay cosas que no se pueden hacer. Por no firmar un escrito que incluía mentiras y omisiones.

Pero que cesen al Coronel D. Diego Pérez de los Cobos sin dar más explicaciones que ha habido una "pérdida de confianza" me provoca una profunda vergüenza. Ahora que necesitamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que nos aporten seguridad en esta situación de epidemia, lanzas un mensaje de intranquilidad a quienes están en primera línea en esta batalla. Diego es un hombre íntegro, una buena persona, un Guardia Civil que ha trabajado con todos los gobiernos de cualquier signo, que ha servido a España con lealtad, exponiéndose públicamente en el equipo de coordinación de Policía Nacional y Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra el 1 de octubre, tomando decisiones muy difíciles para cumplir con el mandato del TSJ de Cataluña aquel día, dando la cara por los suyos, declarando con indudable credibilidad en el juicio del 'procés' sin caer en provocaciones pueriles. También son hombres íntegros quienes han dimitido y abandonado su cargo en señal de protesta defendiendo el buen nombre de un cuerpo del Estado al que han dedicado su carrera.

Muestras de dignidad, en definitiva, que contrastan con el nefasto papel del ministro que les cesa, alguien que fue Magistrado en la Audiencia Nacional y conoce muy bien a la Guardia Civil, su profesionalidad, su honestidad, su abnegación que no sabe de horarios, su gran servicio a los españoles. No se puede caer más bajo. Nunca creí que aquel magistrado de la Audiencia Nacional pudiera acabar haciendo todo esto desde un Ministerio. Nuestro único patrimonio es nuestro nombre, Fernando Grande-Marlaska. Usted ha arruinado el suyo ante los ojos de toda España. Pero, por lo pronto, como ministro que ha roto las reglas del juego, debe dimitir.

 

Edmundo Bal es Abogado del Estado y portavoz adjunto de Ciudadanos

 

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