19-11-2020 | El Periódico

Ciudadanos no estará en una ecuación presupuestaria que anteponga el interés particular del separatismo al interés de la ciudadanía

¿Qué país de Europa impide que haya alumnos que puedan estudiar en su lengua materna, siendo esta además la oficial en todo el país? ¿Qué partidos supuestamente progresistas pueden defender un modelo educativo que genera profundas desigualdades entre alumnos castellanohablantes y catalanohablantes? ¿Qué tiene de moderno, en pleno siglo XXI, apuntalar un sistema monolingüe impidiendo uno trilingüe?

 

Son preguntas que se hacen muchos ciudadanos en Cataluña y en toda España desde hace años y que se repiten estas semanas viendo cómo el Partido Socialista ha vuelto a entregar los derechos de padres, madres y alumnos catalanes por un puñado de votos en el Congreso. Junto con Podemos, los socialistas han pactado con ERC blindar la exclusión del español como lengua vehicular de la enseñanza en las comunidades con lengua cooficial, dando un paso más en la vulneración sistemática de los derechos lingüísticos que llevamos años sufriendo en Cataluña. 

 

Con este despropósito, llevado a cabo con una enmienda a las puertas de la aprobación de una ley marcadamente partidista en mitad de una pandemia, los partidos que se dicen progresistas demuestran su escasa consideración por un asunto de Estado como la educación. No solo la utilizan como moneda de cambio para unos Presupuestos, sino que en lugar de proponer un pacto de Estado para mejorar la calidad educativa o garantizar la igualdad de oportunidades, lo que imponen son contrapartidas ideológicas para seguir marginando el castellano en las escuelas. Con esta maniobra política pergeñada por el separatismo, la Ley Celaá pasa de ser un despropósito educativo a ser también un despropósito democrático, pues a los ataques a la educación especial, concertada o el desprecio a la meritocracia se suma la barbaridad de tachar el español para dejar sin ni siquiera amparo legal a quienes ya ven sus derechos atropellados.

 

Sin oferta pública

No es nada nuevo: los partidos que se proclaman de izquierdas siempre han asumido las tesis lingüísticas del nacionalismo hegemónico. De hecho, cuando el PSC gobernó en Cataluña junto a ERC (2003-2010), los socialistas recrudecieron las políticas de discriminación o las multas por rotular en castellano. Pero si hay un ámbito en el que esta discriminación se traduce en desigualdad de oportunidades es el educativo, donde impera un sistema de monolingüismo docente sin parangón en nuestro entorno democrático, profundamente injusto y contraproducente para nuestros hijos. Prueba de ello es que muchos padres y madres catalanes, entre ellos dirigentes nacionalistas y socialistas que se lo pueden permitir, eligen para sus hijos un modelo trilingüe del que privan al resto: con el español como lengua vehicular junto con el catalán y el inglés. Lo que ningún derecho o premisa supuestamente progresista puede justificar es que no exista una oferta en la escuela pública con ese modelo y que para recurrir a él las familias tengan que dejarse una morterada en la escolarización de sus hijos.

 

La normalización de esta injusticia ha arrebatado a generaciones enteras de catalanes el derecho a escolarizarse también en castellano en Cataluña. El separatismo, con la aquiescencia cuando no la colaboración de PP y PSOE, ha despreciado siempre a quienes llevamos años oponiéndonos política y socialmente a este injusto modelo: desde Ciudadanos en solitario en las instituciones hasta valientes padres y madres que se han visto obligados a pleitear y ganar en los tribunales a la Generalitat los derechos de sus hijos, reconocidos por el Constitucional y también por el Supremo. Algunos que hoy se rasgan las vestiduras olvidan interesadamente que en España ha habido mayorías absolutas tanto del PSOE como del PP, y que el bipartidismo ha sido perfectamente simétrico en su inacción para garantizar una escolarización también en español. Algunas de estas mayorías han sido muy recientes y han coincidido con los años de radicalización del separatismo.

De aquellos polvos, estos lodos. Hoy el pleno del Congreso debe pronunciarse sobre la aprobación de la ley antes de que esta se someta al Senado. Ciudadanos, por supuesto, seguirá peleando hasta el último trámite para que el Gobierno de España rectifique. Si no lo hace, recurriremos la Ley al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a Europa. Y en las instituciones seguiremos defendiendo un modelo educativo de calidad homologable al de otros países europeos, que garantice la igualdad de oportunidades, la meritocracia y una enseñanza trilingüe frente a una monolingüe. Nadie entiende que quienes se dicen progresistas dediquen sus energías a seguir imponiendo un modelo que abunda en desigualdades y nos aleja de los estándares europeos.

Con este cambalache entre el Gobierno y el separatismo, se pretende convertir los Presupuestos, que deben ser una inyección de oxígeno y esperanza para millones de españoles, en un torpedo en la línea de flotación de nuestro sistema de derechos y libertades basado en la igualdad entre ciudadanos, además de contribuir al nauseabundo enjuague de Bildu, un partido heredero del terror. Cuando en Ciudadanos negociamos, exigimos a cambio mejoras para el conjunto de familias, autónomos y trabajadores españoles, incluidos los catalanes. Los nacionalistas, en cambio, solo exigen privilegios para sus líderes o impunidad para seguir imponiendo sus desvaríos separatistas. Por eso, Ciudadanos no estará en una ecuación presupuestaria que anteponga el interés particular del separatismo al interés de la ciudadanía.

 

Ha llegado la hora de que Pedro Sánchez elija si prefiere plegarse de nuevo a quienes trabajan para romper nuestra convivencia o si opta por la moderación y la sensatez. No podrá decir nunca más que, en las horas más dolorosas para España, no encontró una mano tendida en la oposición responsable y que no tuvo alternativa a sus pactos con populistas y separatistas.

 

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