09-05-2016 | La Voz Libre

En esta historia de deslealtad institucional en el seno de las principales instituciones de la Generalitat, ese es el verdadero papel de Raúl Romeva

El separatismo catalán parece determinado a romper el ordenamiento democrático español y separar a Cataluña de España. Quienes se creen las afirmaciones del actual Presidente de la Generalitat, piensan que a mediados de 2017 se hará efectiva esa ruptura. Culminaría así una estrategia planificada por el patriarca Jordi Pujol, que durante décadas ha ido ganando fuerza en el entorno de Convergencia Democrática de Cataluña y que ha utilizado todos los resortes del poder para afianzar la idea de que las instituciones de autogobierno se enraízan en la Baja Edad Media. Una estrategia que plantea que el hecho de que Cataluña sea una parte consustancial de España, antes incluso de que se usara ese sustantivo de forma generalizada para referirse a uno de los Estados-nación más antiguos de Europa, debe corregirse porque es una “anomalía histórica” impuesta por la fuerza de las armas.

 

Avanzada ya la segunda década del Siglo XXI, en el seno de un Estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea -garantía de homologación de nuestra democracia-, la legitimidad de las instituciones de gobierno, en los distintos niveles político-administrativos, emana del ordenamiento democrático vigente. En el caso de la Generalitat de Cataluña y de las instituciones que la integran (el Parlament, la Presidencia de la Generalitat y el Gobierno de la Generalitat) su legitimidad emana de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. No de una mirada continua al pasado que recorre con melancolía el amplio período histórico comprendido entre los siglos XIV y XX, en los que el actual territorio de Cataluña y sus gentes vivieron las vicisitudes propias de la formación de un Estado moderno y de la gestación de una Nación democrática que, con luces y sombras, nos ha permitido alcanzar las mayores cotas de igualdad, justicia, libertad y desarrollo de nuestra historia. España, gracias al esfuerzo de todos los españoles, es hoy la cuarta economía de la zona euro y disfrutamos de las ventajas de un estado del bienestar avanzado que era impensable pocas décadas atrás.

 

Aun así, el separatismo catalán ha armado una tramoya propagandística con la que venden la falsa idea de que Cataluña ha sido esquilmada por el resto de España, que los ciudadanos catalanes somos víctimas de un expolio sistemático de nuestros recursos y que la única solución es romper nuestros lazos ancestrales con los demás españoles. Los principales mantras, que no los únicos, España nos roba y nuestra dependencia política es fruto de un Estado autoritario que nos ha impuesto unas limitaciones insoportables al autogobierno del que veníamos disfrutando, en plenitud, hasta 1714 y la promulgación del Decreto de Nueva Planta.

 

Ese es el escenario que en los últimos años intenta vender, con ayuda del artificio diplomático organizado por el Gobierno de la Generalitat, a nuestros aliados europeos y a otros Estados, de los que se pretende un apoyo explícito a la causa del separatismo y a la posible creación de un nuevo Estado que pudiese disfrutar de la plenitud de derechos que tiene España en las distintas instancias internacionales.

 

El pasado 2 de febrero, Raúl Romeva remitió una carta a Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, en la que le informa sin tapujos de su recién estrenada condición de Ministro de Asuntos Exteriores y de que se hace cargo de sus “nuevas funciones con plena confianza y determinación” siendo “plenamente consciente de la responsabilidad que este nuevo cargo implica, sobre todo teniendo en cuenta que este es un momento crucial en la larga historia de Cataluña”. La herencia histórica, una vez más, determinante para acometer la gesta de romper la convivencia y el ordenamiento democrático que la sustenta.

 

Insiste la misiva “diplomática” en el hecho de que “es la primera vez que el Gobierno de Cataluña (debería ceñirse a la realidad: El Gobierno de la Generalitat de Cataluña) otorga el rango de Ministerio al departamento responsable de los asuntos exteriores” con lo que se “pone de relieve la importancia que nuestro gobierno concede al diálogo y los intercambios con nuestros socios internacionales (socios de España, en tanto que Estado miembro de la UE y de otros organismos internacionales)” en particular los europeos, sobre cualquier materia pero especialmente “sobre las relacionadas con el futuro político de nuestro país (la Comunidad Autónoma de Cataluña, una región europea entre otras muchas) y nuestro compromiso constructivo dentro de la Unión Europea”.

 

Ni que decir tiene que además de informar a Schulz de su determinación absoluta para informar de primera mano sobre lo que “Cataluña puede ofrecer como país (léase Estado)”, le anuncia que buscará “su apoyo para hacer frente a los retos formidables que tengo por delante y a la tarea que nuestros conciudadanos nos han confiado democráticamente”. La despedida insiste en que espera ser recibido pronto, para iniciar sus trabajos de Hércules, depositario como es de la épica ancestral en la que el separatismo ancla su narrativa histórica.

 

Pero el esfuerzo diplomático no acaba aquí. El 4 de febrero la flamante Secretaría de “Asuntos Exteriores” y de la Unión Europea del gobierno de la Generalitat de Cataluña distribuyó, también en inglés, su Memorándum número 23, con el que anunciaba al Mundo el “juramento” del nuevo gabinete “con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores”.

 

Como colofón a la primera andanada propagandística, el 11 de febrero el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado por su “nuevo Ministro de Asuntos Exteriores”, sermoneó en el Palau de la Generalitat al Cuerpo Consular acreditado en Barcelona, mostrándoles su decisión de seguir vendiendo internacionalmente su pretensión de romper el ordenamiento democrático que le permite ejercer su cargo de presidente autonómico.

 

Probablemente, conocedores como son de la realidad española y del derecho internacional, la práctica totalidad de los cónsules se tomaron el sermón como una fabulación, un cuento. Un acto protocolario en el que el Presidente de la Generalitat presentaba ante el Cuerpo Consular a su nuevo Juglar, el encargado de vender, en las esferas internacionales en las que se le permita, la fábula, el cuento, de la Cataluña independiente en 18 meses.

 

En esta historia de deslealtad institucional en el seno de las principales instituciones de la Generalitat, ese es el verdadero papel de Raúl Romeva. Minstrel, not Minister (Juglar, no Ministro).