09-03-2022 | Valencia Plaza

Nuestra diputada y portavoz de Economía, María Muñoz, asegura en este artículo que deflactar el IRPF es urgente y obligado por mandato constitucional.

Llevas meses oyendo la palabra en la radio y en los informativos. La sufres cuando llenas el depósito de tu coche y cuando ves que hacer la compra te cuesta mucho más que antes. Quizás no sepas por qué ocurre, pero notas los efectos en tu bolsillo.

 

Es la inflación, querido lector, un fenómeno silencioso que te empobrece y que castiga con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo. Tanto es así que, como saben, entre los economistas la inflación tiene el sobrenombre de “impuesto a los pobres”.

 

La situación de la inflación preocupa y mucho. El Índice de Precios de Consumo (IPC) este último mes de febrero ha alcanzado el 7,4% interanual, unas cifras que España no sufría desde hace tres décadas. Concretamente, 32 años.

 

Los problemas ocasionados en las cadenas de producción globales, la escasez de ciertos suministros y la preocupante evolución del coste de la energía están siendo los principales causantes de esta alza que parece que no cesa. La invasión de Putin a Ucrania no solo no ayuda, sino que ha venido a empeorar la situación.

 

Pero si la inflación es ya un problema grave en sí, este se multiplica cuando el sistema fiscal de un país no se adapta de la forma adecuada. El problema es de sobra conocido para economistas y fiscalistas: las normas tributarias, al estar en términos nominales, pasado un tiempo se desacoplan de la realidad económica si no se ajustan a los cambios en la misma.

 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es la piedra de toque de nuestro sistema tributario, tanto por su peso en la recaudación como por el impacto directo que tiene en los hogares españoles. Los umbrales actuales del IRPF se han mantenido sin variación desde 2015 – con la excepción de la adición de un tramo adicional a partir de 300.000, que no afecta a la inmensa mayoría de los contribuyentes –. En el mismo periodo de tiempo, según datos del INE, el IPC ha aumentado más de un 12%. La consecuencia es que miles de contribuyentes, por efecto de la variación nominal de sus ingresos debido a la inflación, están tributando en un tramo que realmente no les corresponde.

 

En definitiva, una subida encubierta de impuestos a ciudadanos que hoy no tienen más capacidad económica que ayer. El actual Gobierno lo sabe y no quiere hacer nada por evitarlo.

 

La falta de deflactación de las tarifas del IRPF va en contra del mandato constitucional de que el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica, es decir, evitar que aumente el tipo impositivo efectivo del contribuyente sin que este realmente haya aumentado sus ingresos en términos reales.

 

Si me aumentan el salario un 3% pero los precios suben un 4% no tengo más capacidad económica, tengo menos porque mis ingresos me permiten comprar menos que antes. Sin embargo, para Hacienda, con su negativa a actualizar el IRPF, tengo más dinero y me cobra más impuestos.

 

Además, el mantenimiento de unos umbrales de renta que no se corresponden con la realidad económica actual está agravando aún más la pérdida de poder adquisitivo ya provocada por la inflación, cuando los poderes públicos deberían estar haciendo todo lo que estuviera en su mano para reducir su impacto.

 

La ausencia de deflactación de las tarifas del IRPF va a suponer una subida media por la puerta de atrás de en torno 100 € más de recargo en la cuota por contribuyente, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

 

El pasado miércoles, en el Pleno, el Presidente del Gobierno abogaba por un pacto de rentas para contener la inflación en el que todos pongan de su parte, trabajadores en sus salarios y empresarios en sus beneficios. La Vicepresidenta Primera incidía sobre ello el jueves en televisión, señalando que “el impacto tiene que repartirse en el conjunto de la economía”. Sin embargo, a la hora de la verdad, el Gobierno es el único que no está dispuesto a asumir el reparto del coste de la inflación.

 

Mientras trabajadores contienen sus demandas de aumentos de salarios, mientras autónomos y empresas ven reducir sus beneficios, el Gobierno decide ponerse de perfil y aumentar de forma injustificada su recaudación 2.000 millones de euros más de lo previsto solo ese año.

 

Frente a la negativa de actuar del Gobierno español, tenemos el ejemplo de países como Francia, que actualiza todos los años sus tablas con los tramos del IRPF para ajustarla a la inflación. Todos los años, de forma sistemática, independientemente del color del gobierno de turno, porque es una medida de justicia. Mientras tanto, en España no se han tocado desde 2015.

 

Pero es que ni siquiera hace falta irse al extranjero para encontrar buenas prácticas. En España las Haciendas Forales también están haciendo su trabajo y han deflactado ya o planean deflactar las tarifas del IRPF sobre las que tienen competencia.

 

Tampoco está falto de precedente a nivel nacional. Ha habido deflactación de las tarifas del IRPF bajo el gobierno de González, de Aznar y de Zapatero. Si no lo hay ahora es porque el PSOE y UP no quieren y prefieren seguir con su voraz política recaudatoria.

 

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