14-04-2012 | La Vanguardia

Reformemos aquello que funciona mal, pero no tomemos medidas caras, inútiles y populistas

Desde hace años, mucho antes de que empezara la crisis económica, entre los expertos españoles en cuestiones de organización territorial existía ya un amplio acuerdo en la necesidad de introducir reformas en el Estado de las autonomías. No era tanto una necesidad derivada de su mal funcionamiento sino la lógica consecuencia de que se había recorrido una primera etapa importante y difícil, en la cual se habían desarrollado las instituciones autonómicas  e igualado sustancialmente sus competencias, pero faltaba todavía acabar el tramo final.   

En los países de nuestro entorno político y cultural, el modelo más acreditado es el federal y, lo diga o no su constitución, Alemania, Austria, Suiza, Canadá, Estados Unidos y tantos otros, son considerados estados federales. El sistema español de autonomías es ya, desde hace diez o quince años, un modelo federal aunque para mejorar su funcionamiento habría que completarlo modificando alguno de sus elementos y, especialmente, cambiar la mentalidad de políticos, funcionarios y ciudadanos que todavía arrastran concepciones del pasado centralista. Todo ello ha sido objeto de debate en los últimos diez o quince años, siendo especialmente relevante el Informe del Consejo de Estado, entonces presidido por el profesor Rubio Llorente, sobre la reforma constitucional. 

Ahora bien, en este debate nadie había  propuesto en serio la devolución de competencias de las comunidades al Estado, si bien hay mecanismos legislativos para modularlas y adaptarlas a nuevas necesidades, el más obvio de los cuales es la reforma de leyes estatales básicas. Esta propuesta, profundamente desafortunada, la ha formulado esta semana, a título personal, Esperanza Aguirre, nada menos que en materias tan apropiadas para ser desempeñadas por las comunidades, como son la educación y la sanidad.  

La propuesta es desafortunada porque, en primer lugar, devolver competencias en bloque – desandar lo ya andado – sería financieramente más costoso y disfuncional para el conjunto que corregir las anomalías actuales. En segundo lugar, porque las necesarias reformas implican no sólo modificaciones en las comunidades sino también en el Estado central. En tercer lugar, porque atribuir la culpa del déficit público al  modelo autonómico que, como hemos dicho, es ya un modelo federal, no tiene sentido: los estados federales a que antes nos hemos referido no tienen los riesgos financieros a los que se enfrenta España y Grecia, Portugal e Irlanda, cuya situación es peor que la de España, son estados centralistas. 

Por tanto, no arrojemos el agua sucia de la bañera con el niño dentro: el problema es de mal funcionamiento, no de modelo. Reformemos aquello que funciona mal, pero no tomemos medidas caras, inútiles y populistas, cara a una cierta galería, como es la devolución de competencias.              

 

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB