07-07-2015 | C's

El subsecretario de Organización Municipal, Carlos Carrizosa, alerta que 'estos juramentos no son legales porque rompen el vínculo entre los ciudadanos y los ayuntamientos'

El subsecretario  de Organización Municipal de Ciudadanos (C’s), Carlos Carrizosa, ha asegurado que el juramento que realizaron algunos concejales en el pleno de constitución de los ayuntamientos siguiendo las indicaciones marcadas por l’Associació de Municipis per a la Independencia (AMI) o fórmulas que desnaturalizan el acatamiento a la Constitución  “equivale a la ruptura del vínculo entre el cargo público y los ciudadanos” ya que “no están actuando conforme a la ley”. 

Carrizosa ha explicado que en algunos ayuntamientos hubo cargos electos que “juraron la Constitución por imperativo legal” y después añadieron una  fórmula que “desnaturaliza el juramento anterior  ya que  se pusieron a disposición del presidente de la Generalitat y del Parlament de Cataluña después del 27-S para declarar el estado catalán libre y soberano”.

 

El subsecretario de Organización Municipal de Ciudadanos acompañado del  subsecretario de Acción Política Local de la formación, Miguel Angel Ibáñez, ha presentado un escrito en la Delegación del Gobierno en Cataluña para que “estudie si, tal y como creemos,  estos juramentos son nulos” y ha manifestado que si los tribunales así lo dictaminan “estos concejales no habrían adquirido válidamente su condición de concejal por lo que  las votaciones en las que su voto hubiera sido determinante, no serían válidas”.

 

Carrizosa ha constatado que “es básico que nuestros representantes  cumplan las leyes ya que son la garantía en un Estado de Derecho de que no habrá desviaciones de poder”.

 

“En el documento presentado ante la Delegación del Gobierno en Cataluña figura un listado de 25 municipios en los hubo regidores  que utilizaron la fórmula de la AMI en sus juramentos o otras formas que desnaturalizan el acatamiento a la Constitución” ha asegurado Carrizosa y ante esta situación a instado a la Delegación del Gobierno a “actuar conforme a la ley”.