La financiación autonómica es una cuestión de Estado y debe negociarse de forma multilateral entre el Gobierno central y todas las comunidades autónomas, no en acuerdos bilaterales cerrados al margen de las instituciones. Convertirla en una subasta para asegurar apoyos parlamentarios rompe la igualdad entre españoles y debilita la solidaridad territorial.
Según ha explicado la ministra María Jesús Montero, este planteamiento podría hacer perder recursos a comunidades históricamente desfavorecidas, como Extremadura, motivo por el cual ha anunciado un mecanismo adicional para garantizar que “ninguna comunidad pierda dinero”. Sin embargo, esta garantía no se aplica por igual. Mientras comunidades como Extremadura o Cantabria solo tendrían asegurado no perder recursos, Cataluña recibiría, según Oriol Junqueras, hasta 4.700 millones de euros adicionales al año. El resultado es un sistema con ordinalidad blindada para Cataluña, pero no para otras comunidades como Madrid, que se encuentran en peor posición relativa y no cuentan con ninguna garantía similar.
Desde Ciudadanos consideramos este planteamiento especialmente grave: confirma que la financiación autonómica no se está reformando con criterios técnicos y de justicia, sino al dictado de ERC para sostener al Gobierno del PSOE.
La financiación autonómica no se subasta ni se negocia bilateralmente. Exigimos la paralización de este acuerdo, la participación de todas las comunidades autónomas y una reforma real del sistema basada en criterios técnicos, transparencia, corresponsabilidad fiscal y solidaridad, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades de todos los españoles, vivan donde vivan.