25-05-2022 | Cs

El portavoz de Cs asegura que 'cualquier fórmula que no prevea un mínimo de 25% de horas en castellano será un subterfugio para evitar el cumplimiento de las sentencias judiciales'

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha anunciado hoy en rueda de prensa que la formación naranja ha registrado en la cámara catalana una iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados para instar al gobierno de España a iniciar una reforma constitucional para eliminar del artículo 2 la diferencia entre nacionalidades y regiones. Martín Blanco ha explicado que esta reforma “nos llevaría a un país más igualitario, en el que se respete la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos” y “huya de los privilegios y desigualdades entre ciudadanos por el lugar donde residen”. El portavoz naranja ha defendido la propuesta “como ciudadanos de Cataluña que sufrimos el menosprecio de las instituciones autonómicas de los sucesivos gobiernos de la Generalitat y también el olvido del gobierno de España”.

 

El portavoz de Cs ha asegurado también que “cualquier fórmula legislativa que no prevea un mínimo de 25% de horas en castellano será un subterfugio para evitar el cumplimiento de las sentencias judiciales”. Así se ha referido al posible pacto sobre el catalán entre los partidos nacionalistas, el PSC y los Comunes. Martín Blanco ha defendido la proposición de ley registrada por su partido basada en “el respeto al bilingüismo y a la aspiración de educarse también en inglés” que se sustenta en 5 puntos: “la supresión definitiva del actual sistema monolingüe de inmersión lingüística; la institución del catalán, del español y el inglés como lenguas de aprendizaje en un 25% cada una, y el restante a elección del centro educativo para compensar según la realidad sociolingüística del entorno; catalán, español, inglés y aranés como lenguas vehiculares y de aprendizaje en el Valle de Arán; y un programa de capacitación intensiva C1 de lengua inglesa gratuito para docentes”. La formación naranja ya ha hecho llegar esta propuesta por carta al presidente del gobierno de España, al president de la Generalitat de Catalunya, a la ministra de Educación y Formación Profesional, al Síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo y al Ombudsman europeo.