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14 euros dan para mucho

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Inmigración
Inmigración
 
Impulsaremos un Plan Nacional de Inmigración, consensuado con las restantes fuerzas políticas y sociales del país, para dar una respuesta efectiva a uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española.

 
Inversión en cooperación y desarrollo
Diseñaremos un Plan de Inversiones para el Desarrollo aplicable a los países emisores o colaboradores en el control de los flujos migratorios que afecten a España. Este programa debe entender el hecho migratorio de una forma integral, vinculando y coordinando los recursos financieros a proyectos de desarrollo económico, educación y formación de los ciudadanos de estos países, así como el compromiso de colaboración de los Estados en aspectos de policía de fronteras, lucha contra las mafias de tráfico de personas y repatriación de sus nacionales.

Este Plan debe articular los mecanismos de contratación en origen, que regulen efectivamente los contingentes de inmigrantes y lo vinculen a las necesidades laborales y productivas. El Plan se complementará con la firma de acuerdos de comercio preferenciales que rebajen o eliminen los aranceles de entrada de los productos de exportación de estos países. En consonancia con esta política, se demuestra imprescindible una revisión de la Política Agraria Común de la UE.
Visado Temporal de Trabajo y Residencia
Promoveremos la creación de un visado temporal de trabajo y residencia. Este tipo de visado favorecería las migraciones circulares propuestas por la Comisión Europea. El acceso a estos visados podría establecerse mediante un sistema de puntos como el existente en Australia o Canadá y/o por convenios bilaterales con determinados países. Exigiría un pago inicial de para sufragar los gastos administrativos y el acceso a las prestaciones del sistema educativo y sanitario públicos. Asimismo, con la finalidad de garantizar el retorno al país de origen una vez acabada la relación laboral habría que sumar una cantidad en depósito que sería recuperado en caso de abandonar España a la extinción del contrato. En el caso de que los inmigrantes no dispongan de ahorros para pagar dichas cantidades, éstas podrían ser pagadas por la empresa contratante que, posteriormente las recuperaría detrayéndolas progresiva y mensualmente del salario del trabajador. La duración del contrato diferiría según el procedimiento de entrada del inmigrante: a) con contrato: 3 años más una posible ampliación por otros 2 años, b) sin contrato: de un máximo de 6 meses, que en caso de encontrar empleo se ampliaría a la modalidad 3+2, descontando los 6 meses iniciales. A aquellos que obtengan el visado sin oferta de empleo asociada al mismo, se les exigirá que cuenten con medios de vida durante el período de estancia autorizado.

A aquellos inmigrantes que desarrollen actividades de temporada o campaña, así como obras o servicios determinados y temporales, se les permitiría regresar varios años seguidos para realizar su trabajo estacional.

Con este tipo de regulación, la contratación se realizaría en origen, por lo que exigiría la creación de una red de oficinas de inmigración o convenios en los países de origen a partir de las consejerías laborales locales, como infraestructura que canalice adecuadamente las ofertas de empleo.
Residente de larga duración
Transcurrido el periodo máximo de cinco años del Visado Temporal de Trabajo y Residencia, aquellos trabajadores que continúen con contrato de trabajo en vigor y acrediten recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención, podrán acceder al estatus de residente de larga duración. El permiso tendrá una validez de cinco años y será renovable.
Sustitución de la modalidad de contratación de régimen general
Proponemos una sustitución progresiva en un periodo de tres años de este procedimiento de contratación ya que está demostrado que en la práctica sólo sirve para contratar a los inmigrantes irregulares que ya están residiendo en España. Resulta insuficiente y restrictivo por varios motivos:

Primero, no existe la infraestructura adecuada para canalizar las ofertas de empleo hacia los países de origen y seleccionar allí a los candidatos a ocuparlas.
Segundo, muchos trabajos que está ocupando la inmigración tienen empleadores que son personas individuales o pequeñas empresas, y en tales casos la contratación del trabajador exige hacerse mediando el conocimiento y confianza entre las partes, en consecuencia, primero ha de producirse la entrada y después la contratación.
Tercero, la dilación de los trámites que supera los 6 meses como media, hace que las empresas no estén dispuestas a esperar los muchos meses que a menudo se requieren para que el puesto de trabajo sea cubierto por un candidato venido de un país tercero.

Por otro lado, el llamado contingente, por el que se contrata en origen mediante oferta no nominativa sino genérica, presupone una planificación total y detallada del mercado de trabajo que se lleva mal con una economía flexible y competitiva, donde el grueso de la contratación se realiza por las PYMES.
Coordinación europea y disminución de países con exención de visado
Promoveremos la coordinación de las políticas de inmigración de los países de la UE, elaborando y armonizando la política interna de la UE, fortaleciendo las tareas de inspección y aumentando los efectivos de la policía de fronteras (FRONTEX).

Disminuiremos el número de países incluidos en el programa de exención de visados. En enero de 2006 el 77% de los inmigrantes irregulares en España proceden de países que gozan de exención de visado con la UE y España, es decir, que no necesitan de visado para entrar en España o en los demás países que suscribieron el acuerdo de Schengen.
Lucha contra la explotación laboral
Perseguiremos los sectores económicos que se están beneficiando de la inmigración irregular, de mano de obra poco cualificada, convertida gracias a su irregularidad en mano de obra barata. La existencia de esta oferta laboral provoca un efecto llamada.

Por tanto, debemos actuar contra esta explotación si se quiere combatir la entrada irregular de inmigrantes. Compartimos la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE por la que se establecen sanciones económicas, administrativas, exclusión de las subvenciones y de la contratación pública e incluso sanciones penales a los empleadores de inmigrantes irregulares.

Incrementaremos las inspecciones a las empresas para controlar el empleo de inmigrantes ilegales. Asimismo consideramos que las medidas de fiscalización y las sanciones se han de hacer extensivas al servicio doméstico por ser un sector con altos niveles de ilegalidad, a fin de asegurar que las condiciones laborales nunca puedan ser abusivas. Propugnaremos medidas efectivas que palien el desabastecimiento del mercado laboral en los sectores con mayores índices de ilegalidad.
Combatir el tráfico, trata y explotación de personas
Combatiremos las redes de tráfico de seres humanos aumentando los recursos policiales y judiciales destinados a su persecución, entendiendo el tráfico como un problema integral que incluye a tratantes y explotadores. Se firmarán convenios específicos con los países emisores (especialmente aquellos que participen del Plan de Inversiones para el Desarrollo) que permita la persecución de los traficantes “en origen”. A tal efecto se firmarán convenios jurídicos.

Modificaremos y endureceremos el tratamiento el delito de tráfico de seres humanos.
Inmigración irregular interna
Rechazaremos cualquier medida destinada a establecer procedimientos de regularización masiva de inmigrantes en situación de irregularidad. Entendemos que en este tema es crucial no mantener una política diferente al resto de países de la UE. En consecuencia, planteamos la supresión o suspensión de la figura del arraigo mientras la Comisión Europa no establezca una figura similar para el conjunto de la UE

Los inmigrantes que se encuentren en situación irregular serán repatriados o expulsados. Aquellos que cometan actos delictivos serán expulsados directamente una vez cumplida la condena. A este respecto será necesario introducir variaciones legislativas que modifiquen la actual legislación, dotando de más y mejores medios a los cuerpos policiales y judiciales.
Derechos y obligaciones
La integración implica respeto a los derechos y deberes establecidos en los países de acogida. Los inmigrantes no pueden eludir el cumplimiento y respeto a las leyes y los valores democráticos de la sociedad española y europea.

Velaremos especialmente por los derechos de las mujeres y menores inmigrantes. Combatiremos toda práctica que impida el derecho a la educación de cualquier menor, impongan mutilaciones físicas o conculque sus derechos y libertades fundamentales. Combatiremos las prácticas de matrimonios concertados. Estas sanciones podrían acarrear la pérdida de beneficios sociales, así como en los casos más graves, podrán suponer la expulsión del país y la pérdida de la tutela.
4.40 Derecho a voto
Defendemos el derecho de los inmigrantes a votar en las elecciones municipales. Para que puedan hacerlo sin mediar una modificación de la Constitución, impulsaremos los tratados bilaterales necesarios para que todos los extranjeros legalmente residentes en España puedan votar en las elecciones locales.
4.41 La inserción laboral en condiciones de igualdad
Combatiremos las malas prácticas contractuales con los inmigrantes. El trabajo es un vínculo elemental de las relaciones sociales y es parte fundamental del proceso de integración, así como esencial para las contribuciones que los inmigrantes aportan al país de acogida y para visualizar tales contribuciones.
El acceso a la vivienda y al espacio urbano
Promoveremos que las actuaciones públicas no vayan encaminadas a la creación de espacios segregados para inmigrantes, sino a abrirles las puertas de los espacios comunes y ordinarios. Los Ayuntamientos y las organizaciones vecinales han de colaborar y luchar contra el establecimiento de guetos que producen degradación urbanística y social en los barrios donde se ha concentrado la inmigración. Dotaremos a los barrios de servicios adecuados, disponiendo de vivienda social y favoreciendo el acceso a la vivienda de alquiler.
Derecho a la reagrupación familiar
Defendemos la reagrupación familiar por considerarlo un derecho fundamental de importancia en el proceso de integración social. Serán reagrupables un cónyuge, los hijos menores de 18 años de ambos y los mayores en casos de dependencia motivada. Serán requisitos disponer de vivienda y recursos económicos adecuados para atender a la familia que se reagrupa.
Conocer para comprender
La integración se favorece mediante el conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones del país de acogida. Facilitar la adquisición de dichos conocimientos básicos es fundamental para alcanzar el éxito de la integración.
Si deseas conocer nuestro programa al completo en lo referente a nuestra política en inmigración, consulta nuestro programa.
Programa Generales 2008.pdf







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