GESTACIÓN DE UNA NACIÓN DE CIUDADANOS.

A raíz del levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 y tras un período de guerra contra las tropas de Napoleón, las Cortes Generales reunidas en Cádiz promulgaron la Constitución española de 1812, que fue punto de partida del constitucionalismo y que supuso para España el acta fundacional de una Nación de Ciudadanos.

Ciudadanos se suma a la conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la independencia por ser ésta un acontecimiento capital de la historia de España. Las consecuencias de la Guerra de la Independencia fueron intensas, profundas y duraderas y se percibieron en todos los órdenes, pues la invasión francesa de 1808 y la respuesta española transformaron de raíz la historia de España y gestaron un nuevo punto de partida, tras la brusca ruptura de la evolución política y económica. Se inició una nueva dinámica política, que condicionaría las siguientes décadas, basada en el antagonismo radical entre los revolucionarios, que contaban con la experiencia del ejercicio del poder durante la guerra y con un modelo constitucional, y los defensores a ultranza de la monarquía absoluta, despojada de las ambiciones reformistas de fines del XVIII. Este esquema bipolar, dos grandes doctrinas que se enfrentaban radicalmente, fue una de las herencias de la guerra y contribuyó a que los posteriores vaivenes de la política española oscilasen entre los extremos del arco ideológico.

La guerra tuvo otra consecuencia, que afectaría a las formas que adoptaría la política española. Entre 1808 y 1813 la guerrilla había arrastrado a miles de españoles, en una movilización sin precedentes que resultó clave en la derrota de Napoleón. Pues bien, el levantamiento de partidas guerrilleras se convertiría desde entonces en todo un mecanismo político, con la idea de que la violencia podía ser el medio de resolver los conflictos. En las décadas siguientes, tanto absolutistas como liberales llamaron a formar partidas guerrilleras en sus disputas por el poder. La guerrilla y los militares. El militarismo, que marcaría la historia de España del XIX, hunde también sus raíces en el predominio político que alcanzaron guerrilleros y generales durante la Guerra de la Independencia.

El 2 de mayo de 1808 se puso de manifiesto la voluntad popular frente al gobierno títere instaurado por Napoleón. Supuso la perdida de legitimidad del poder monárquico y la asunción de la representatividad y la voluntad popular por las Juntas Supremas Regionales. En el futuro, el Rey volvería a reinar porque así se había manifestado la voluntad nacional y eso constituía una ruptura histórica de calado, que rompía con las legitimaciones tradicionales de la monarquía.

La Guerra de la independencia acabó con el antiguo régimen y la sociedad estamental anterior en la que los españoles eran súbditos y no ciudadanos, supuso el alumbramiento de la Constitución de 1812 que recogió el principio de la soberanía nacional que trasladaba la soberanía desde el rey absolutista a la nación, inició el camino del reconocimiento de derechos de ciudadanía, hoy consagrados y ampliados en nuestra actual Constitución, y estableció la división de poderes como garantía de la libertad.

En Cádiz amaneció el constitucionalismo y supuso para España el acta fundacional de una Nación de ciudadanos en la que se declaraban libres e iguales en derechos y depositarios de su soberanía, que pone el acento en la idea de ciudadanía, de igualdad de derechos de todos los individuos, y no carga las tintas ni en lo cultural, ni en lo lingüístico, ni en lo histórico. La nación descansa aquí sobre tres conceptos: individuo, sociedad y Estado. El individuo tiene derechos, y los ejerce en sociedad; el Estado es la estructura de poder que protege y armoniza en la sociedad los derechos de todos los individuos.

Criticamos la servidumbre de la mayoría de centrales sindicales al poder político nacionalista apoyando la construcción de naciones imaginadas. Denunciamos la complicidad de determinados sindicatos con la pérdida de calidad de los servicios públicos y la merma en la libertad de circulación de los trabajadores públicos.

Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía celebra el 1º de Mayo porque considera que el día internacional del trabajo tiene plena actualidad en el siglo XXI. Son muchos los logros alcanzados por los trabajadores, pero son también muchas las conquistas por realizar. Importantes mejoras están por conseguirse en aspectos como la seguridad laboral, las desigualdades salariales, falta de formación profesional o conciliación de la vida laboral y familiar.

Es prioridad de Ciudadanos, en el marco de la Unión Europea, la erradicación de la pobreza, del trabajo precario y del paro de larga duración. Especial atención y esfuerzos requiere para nosotros la escasa remuneración del trabajo juvenil y sus altas cotas de desempleo. De igual manera nos preocupa el paro de larga duración, por lo que la formación profesional y la orientación laboral que favorezcan la inserción laboral de los trabajadores en esa situación es una de nuestras primeras reivindicaciones.

Para avanzar en estos objetivos, y dada la situación de desaceleración e inflación que padece nuestra economía, junto a medidas coyunturales que atajen y palien el paro y sus efectos, es necesario articular propuestas estructurales que favorezcan el control de las tensiones inflacionistas, la productividad y la eficiencia de nuestra economía. Debemos sustituir un patrón económico basado fundamentalmente en el sector de la construcción, alentado irresponsablemente por el Gobierno, por otro cuya base se amplíe con más inversiones en tecnología, infraestructuras, educación y formación permanente de los trabajadores.

Criticamos la servidumbre de determinadas centrales sindicales al poder político nacionalista. Inaceptable consideramos el apoyo que prestan a la construcción y desarrollo de naciones imaginadas como la catalana, la vasca o la gallega y al fraccionamiento del actual marco de relaciones laborales en diecisiete marcos autonómicos. Criticamos la total contradicción que supone la exigencia de un marco de relaciones europeo que reclaman UGT y CCOO y su apoyo a unos Estatutos autonómicos que establecen dividir en diecisiete el actual marco español. La contradicción que supone denunciar el dumping salarial, el deterioro de condiciones de trabajo o la concurrencia fiscal que se producen por la falta de un único espacio europeo de relaciones laborales, y sustentar al mismo tiempo la involución que supone la aparición de marcos regionales ineficaces para responder a la dimensión cada vez más europea y mundial de las relaciones empresariales y comerciales.

Denunciamos la complicidad de determinados sindicatos con la pérdida de calidad de los servicios públicos y la merma en la libertad de circulación de los trabajadores públicos que se deriva de la exigencia de un nivel excesivo de las lenguas cooficiales para el acceso a la función pública con independencia de si el puesto supone relación con el público o con la comunicación, o bien se trate de un experto en tecnologías de internet o un investigador oncológico. Nos oponemos a que se utilice la lengua para reducir la competencia y reservarse así el acceso a los puestos de trabajo de la administración autonómica a nuevas elites políticas y burocráticas en detrimento de la incorporación de talentos y capacidades tan necesarias para la mejora de la administración pública y de nuestra sociedad.
Ciudadanos aboga por un sindicalismo libre de los poderes políticos que represente verdaderamente los intereses de los trabajadores, que no se pliegue a las exigencias de las grandes multinacionales, que negocie y pacte mejoras laborales y sociales de los ciudadanos trabajadores y que no interiorice el discurso identitario que sólo beneficia a las élites dominantes.

El comportamiento de ERC de Castelldefels, abandonando las dependencia municipal que le había asignado el Ayuntamiento para no compartir espacio con Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía al ser este un partido que, según su opinión, niega su “nación” y hace bandera de la “aniquilación de su lengua” nos enfrenta directamente, sin máscaras, ante la fea cara del totalitarismo.
El totalitarismo se caracteriza por que falsea la verdad. Los totalitarismos abominan de la libertad de expresión. Confunden la crítica con la enemistad militante, por eso buscan desprestigiarla, controlarla y acallarla. El totalitarismo necesita a un “enemigo exterior” al que fustiga. Inmune a la crítica y alérgico a la autocrítica, necesita de chivos expiatorios que mantengan la tensión de los suyos, creando un enemigo que focalice su odio.
Los signos nos identifican. Y a ERC son numerosos aquellos que la sitúan en esta categoría: el totalitarismo demagógico. No es fortuito que de la pedagogía del odio surjan comportamientos que legitimen el “apartheid” político y amparen comportamientos que lindan peligrosamente con la violencia política.
PC’s, ante esta perversión de los más básicos principios de la democracia y de la convivencia política, cree ahora más que nunca que es urgente habitar, enriquecer y profundizar la democracia. Creemos que ésta no es una coartada, sino un principio irrenunciable y por el que merece la pena luchar. La democracia no reside solo en el voto y en las elecciones libres, se fundamenta en un profundo respeto por el otro y en la sincera convicción que la diferencia es fundamental en el debate político.
Aunque algunos se empeñen en sembrar la sombra de la discordia en el horizonte, C’s defenderá sin condiciones el derecho a discrepar políticamente: piedra angular de toda democracia.

"En respuesta a la ofensiva iniciada por los partidos nacionalistas contra el marco de convivencia y progreso nacido al amparo de la Constitución, proponiendo referéndums de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña, en un oscuro intento de cortocircuitar la democracia española y sus instituciones legítimas, Ciudadanos-partido de la Ciudadanía, solicita a los dos grandes partidos nacionales que antepongan el interés de estado a los intereses partidistas y se comprometan, pasadas las próximas elecciones generales, a formar un gobierno de concentración nacional que afronte las necesarias reformas legales y constitucionales que neutralicen con naturalidad y transparencia democráticas el desafío nacionalista que amenaza la integridad de la nación y los derechos y libertades de sus ciudadanos.
La Ley Electoral vigente tenía como intención la integración de las minorías nacionalistas en la labor legislativa del parlamento nacional. Pero el uso y abuso que de esta desproporcionada representatividad han hecho los partidos nacionalistas ha pervertido irremediablemente la función de esta medida integradora. El chantaje, la subasta y mercadeo al que someten, legislatura tras legislatura, al gobierno de la Nación con su capacidad para determinar las mayorías necesarias para la gobernabilidad del país, ha llegado en la actualidad a amenazar seriamente la legalidad constitucional y los intereses de la mayoría de ciudadanos españoles y sus territorios. Esta situación límite pone en jaque los valores que definen a nuestra democracia: la igualdad en derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y comunidades. Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía cree que la posibilidad de un pacto de estado es insuficiente y propone que los partidos constitucionalistas con representación parlamentaria se comprometan de forma pública y solemne a no utilizar ningún apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados ni en el Senado, hasta la aprobación de una nueva ley electoral que impida que la política nacional dependa de unos partidos que tienen como horizonte político la desmembración de la nación y la destrucción de los valores de igualdad y solidaridad que emanan de nuestra Constitución. Es el momento de defender nuestro modelo de convivencia en común, renunciando al tacticismo político como método, que teniendo como legítimo objetivo alcanzar el poder, está llevando a nuestro país a una situación de no retorno.
España tiene retos colectivos que debe acometer urgentemente en aquellos temas que afectan realmente a las necesidades de sus ciudadanos: infraestructuras, la educación, la sanidad, la cohesión social, la economía, el modelo productivo, el medio ambiente, la excesiva dependencia energética, su proyección exterior ... porque son estos los problemas donde los ciudadanos se juegan su futuro y su bienestar, pero que son sistemáticamente postpuestos en la agenda política por las insaciables pulsiones del irredentismo nacionalista en su ansia por acaparar poder y obtener privilegios.
Es hora de que los ciudadanos exijamos a nuestros políticos el más alto sentido de estado. Es el momento para que seamos capaces de poner fin a una historia de enfrentamientos cainitas del que se benefician aquellos que quieren destruir lo que tanto hemos luchado por conseguir: la convivencia en paz. Es la hora de que nuestros políticos abandonen sus propios intereses y velen por salvaguardar el marco constitucional que nos garantiza a todos los españoles nuestra igualdad y nuestra libertad."

Resolución CG
“En respuesta a los últimos acontecimientos políticos y con la intención de incorporar al debate racionalidad y sentido de Estado, Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía considera imprescindible abrir espacios de colaboración entre los partidos constitucionalistas que permitan afrontar sin más demora las reformas legales y constitucionales necesarias para afrontar esta situación, en especial la reforma del sistema electoral y el cierre del modelo autonómico. Para ello consideramos imprescindible plantear acuerdos de Estado sobre estos temas fundamentales, sin descartar incluso la posibilidad de un gobierno de gran coalición entre los partidos constitucionalistas, si la situación así lo aconsejara.

"Tras treinta años de democracia en España, el marco de convivencia construido por los españoles y articulado en torno a la Constitución de 1978, se enfrenta a la persecución, el desafío y el ataque que los partidos nacionalistas y sus organizaciones radicales están sometiendo a los ciudadanos, las instituciones democráticas españolas y la legalidad constitucional.
Este fenómeno, que puede poner en riesgo el proyecto de convivencia en común, no es más que el resultado final de un proceso largamente incubado. Tras décadas de chantaje nacionalista sobre el marco democrático común, y especialmente después de una legislatura donde se han enconado los conflictos territoriales y políticos, hemos llegado a una situación de difícil retorno. El desafío nacionalista ha elevado y radicalizado su envite contra el Estado, acelerando su campaña permanente de desprestigio y cuestionando las instituciones democráticas y sus representantes.
El escenario es especialmente grave porque en las Autonomías gobernadas por los partidos nacionalistas y sus aliados el discurso excluyente ha permeado la sociedad hasta saturar la vida política y enrarecer el ambiente. En estas comunidades se ha impuesto una reconstrucción ficticia de la realidad donde quien no asume el patrón identitario dominante se convierte automáticamente en un traidor o en un enemigo. Porque para el nacionalismo el enemigo no sólo es España, sino también aquellos ciudadanos que no comparten sus ideas políticas ni sus patrones identitarios. Estos "rebeldes" son doblemente peligrosos, porque cuestionan desde la individualidad su proyecto totalitario, rompiendo el esquema simplista y reduccionista del "nosotros" contra "ellos". Derribando la idea que tan obstinadamente han construido: el "otro" como enemigo.
Es en este contexto donde proliferan políticos que transgreden impunemente la ley que han prometido cumplir y hacer cumplir. Que ocultan su incompetencia en un victimismo grotesco. Que esconden la ineficacia de su gestión tras el espantajo de un ficticio expolio fiscal. Que injertan un monolingüismo empobrecedor y extraño a la realidad social de sus comunidades. Una casta política caracterizada por una profunda hemiplejia moral que ha generado un sustrato donde fermentan elementos que ponen en riesgo los pilares básicos de la convivencia, la libertad política y las instituciones democráticas.
Sin embargo, y frente a esto, somos mayoría los que no nos resignamos a que de la amenaza surja la desesperanza. No permitiremos que triunfen ni la opresión ni la intolerancia, y se equivocan quienes fían sus esperanzas al poder de la coacción, la intimidación y el miedo. De una sociedad comprometida con sus libertades y su progreso, ha surgido un movimiento de ciudadanos dispuestos a convertirse en un firme baluarte de la democracia. Para nosotros la justicia, la igualdad y la libertad no son palabras huecas tras las que esconderse, sino valores y metas alcanzables dentro de nuestra Constitución, a las que no queremos renunciar.
La tarea no será fácil. Necesitamos que las instituciones defiendan nuestro modelo de convivencia y garanticen el ejercicio político de nuestra ciudadanía en libertad. Necesitamos que los mecanismos del Estado de Derecho velen por el cumplimiento de las leyes e impidan que aquéllos que quieren violentar, ignorar y despreciar el orden constitucional logren sus objetivos. Para ello es nuestra obligación cívica la defensa inequívoca de nuestras instituciones democráticas, impidiendo que el ataque y zapa al que son constantemente sometidas minen su legitimidad y su garantía de igualdad. No debemos confiar en la idea de que las cotas de libertad individual no tienen retorno. La historia pasada y reciente nos alerta del peligro que tiene supeditar los derechos del individuo al mito, y nos recuerda que desandar el camino andado es fácil y siempre trágico.
Decía el emperador romano Marco Aurelio que la diferencia entre el esclavo y el ciudadano es que el primero está sometido a su amo y el segundo a las leyes. La diferencia reside en estar sujeto al capricho o a la norma. Por ello, y tras haber conquistado democráticamente hace casi treinta años el derecho a regirnos por las normas que nos hemos dado, no permitiremos que éstas sean violentadas por el capricho de unos políticos que utilizan lenguas, banderas y sentimientos como arietes para negarnos nuestro derecho a ser lo que ya somos: ciudadanos libres."

"El deseo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, es que este año los ciudadanos celebremos la Fiesta Nacional, que es la fiesta de todos, como lo venimos haciendo desde hace treinta años: en libertad. En libertad para hacer lo que cada uno quiera, con bandera constitucional o sin ella, saliendo a la calle o quedándose en casa; teniendo solo presente el valor de una convivencia política y social en libertad y democracia que ha sido posible en el marco de nuestra Constitución y el convencimiento de que hay asuntos que no pueden utilizarse políticamente como elemento de confrontación, como los símbolos nacionales. Porque lo que hace falta a los símbolos de este país es normalidad y respeto, y lo que les sobra es apropiación y manipulación y apasionamiento.
No podemos caer en el error de la exaltación simbólica como ejercicio de pertenencia. Mimetizar el uso de los símbolos como coagulante, actitud burdamente empleada por los nacionalistas, solo nos sitúa en una categoría identitaria reducida y reduccionista, alejándonos de una visión de la nación libre, moderna y solidaria. Los símbolos deben tener una función de integración afectiva, nunca deben servir ni ser usados como elementos de confrontación. Su normalización pasa porque definitivamente dejen de ser ocultados vergonzosamente por una buena parte de la izquierda de este país, y no sean patrimonializados por una derecha que los emplea como arma arrojadiza. Su uso desde la normalidad les dota de legitimidad, su exaltación oportunista les drena credibilidad. Sacar los símbolos comunes de la confrontación política es la forma de acercarlos a los ciudadanos y convertirlos en lo que deben ser, elementos que nos unen entorno a lo que es nuestra mayor conquista: ser ciudadanos libres.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía propondrá que el 12 de octubre se convierta en los próximos años en una verdadera fiesta cívica. Este día debe pertenecer a la ciudadanía y no limitarse a ser una celebración institucional. La fiesta debe proyectarse más allá de los palacios y edificios oficiales para extenderse por las calles y plazas de nuestro país. Debemos explicar, compartir y celebrar lo que somos a través de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros valores colectivos. Debemos conocernos mejor para apreciar lo que somos, lo que nos une y lo que nos singulariza. Es una apuesta difícil pero necesaria e inaplazable. Ese orgullo cívico, significado por nuestro símbolos constitucionales, debe ser nuestro referente colectivo, porque en el todos los ciudadanos nos encontramos sin exclusiones.
Mientras llega ese día, y evitando toda manipulación partidista, acojamos la fiesta del 12 de Octubre como una fiesta de unión, libertad y proyecto de convivencia común, manifestando cívica y democráticamente, nuestro compromiso con el marco constitucional que nos garantiza nuestro presente y futuro en libertad.”

Hoy se cumple el 30º aniversario de la vuelta de Josep Tarradellas a Barcelona como presidente de la Generalitat de Cataluña provisional, y de su inolvidable "Ciudadanos de Catalunya. Ja sóc aquí ". Con este retorno se simbolizaba la recuperación del autogobierno de nuestra comunidad y el compromiso de la democracia española con la construcción de un marco político y de convivencia integrador para todos los españoles.
En ocasiones los aniversarios se convierten en algo más que meros trámites que el paso del tiempo nos impone, y llegan a nosotros proponiéndonos una reflexión. El retorno de la democracia a España y el reconocimiento del autogobierno de Cataluña crearon en la ciudadanía un ambiente de esperanza en el futuro nuevo y desconocido hasta entonces. Una ilusión colectiva que unía en las diferencias, una espontánea sensación que percibía que lo necesario era por fin posible, la certeza de que la libertad era una realidad que había llegado para quedarse entre nosotros definitivamente. Estas esperanzas, que la recuperación de la democracia transmitía a los ciudadanos, venían acompañadas por una sensación de confianza: que la clase política, por primera vez en la historia de nuestro país, aceptaba la renuncia al todo o nada en beneficio del consenso y el acuerdo. Un sentido de estado responsable, reflejo de una oportunidad histórica que no podía dejarse escapar, impregnaba el ambiente.
Treinta años después, este ambiente está saturado de sensaciones contradictorias. Un país moderno, con unas cotas de justicia social y bienestar económico elevadas, que ha definido unos valores colectivos modernos y progresistas, y que sin embargo está sumido en la duda. Una sociedad cada vez más ausente del debate político, que vive al margen de la arena en la que se ha convertido el enfrentamiento partidista, desconfía de su futuro. Treinta años de gobiernos nacionalistas han sumido a Cataluña en una situación inesperada. De ser un referente de la sociedad y de la economía españolas, ha pasado a estar en un incomprensible segundo plano, dominada por inercias provincianas y excluyentes, guiada por políticos de vuelo corto, de ansiedad localista y de espíritu reducido. Una sociedad que ha pasado de ser vanguardia cultural a convertirse en pesebre obediente. Una sociedad abierta que gobernantes de propuesta insensata y cortina de humo, de ansia voraz y nula responsabilidad, han querido cerrar para hacerla rehén.
Por ello, y creyendo que habitar por un día en la nostalgia nos permite confiar en que un futuro mejor es posible, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, quiere rendir el mejor homenaje que este día merece. Proponemos que hoy es el primer día de un nuevo futuro en Cataluña. Hoy, Ciudadanos se compromete a devolver la ilusión a nuestra sociedad. Estamos luchando por defender el derecho del ciudadano común a tener voz, a recuperar su protagonismo, a ser sujeto en el tablero del poder y el centro de sus propuestas. Reivindicamos un cambio en el panorama político que lo devuelva, definitivamente, a la escala del ciudadano. Nuestro reto es conseguirlo, y proponemos a todos los ciudadanos que nos ayuden a lograrlo.

El 11 de septiembre de cada año se celebra la Diada, la fiesta de Cataluña desde que el Parlamento de Cataluña la declaró Fiesta de la Comunidad en 1980. Con ella se recuerda la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del Duque de Berwick durante la Guerra de Sucesión Española en 1714. Esta fecha se conmemora desde finales del siglo XIX con el nacimiento del nacionalismo político catalán, que le da una lectura que no se regía por los elementos propios del episodio histórico, sino en la justificación de los proyectos políticos del momento, entrando en mistificaciones tan llamativas como el realizarle una ofrenda floral al conseller en cap Rafael Casanova, presentándolo como mártir, cuando murió veintinueve años más tarde en su domicilio tras recibir el perdón real. Esta falsedad del hecho histórico como coartada política se ha prolongado hasta nuestros días, convirtiéndose en una descarnada mentira histórica al servicio de la “construcción nacional”.
Es por ello que en Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no celebramos la Diada del 11 de septiembre porque no queremos colaborar, con nuestra participación, en perpetuar que una mentira histórica sea el referente colectivo que defina nuestro escenario simbólico común. La manipulación que del significado histórico del 11 de septiembre de 1714 han hecho los nacionalistas ha convertido la conmemoración de este día en la diada nacionalista de Cataluña y no en la fiesta común de todos los ciudadanos catalanes. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no puede aceptar que las manipulaciones, las falsedades y las patrañas históricas con las que los partidos nacionalistas-independentistas justifican su irredentismo político sean el elemento de referencia colectivo. No creemos que la idealización manipuladora del pasado deba ser jaleada y apoyada por una ciudadanía democrática y libre.
El romanticismo historicista nacionalista, fabulador de pasados míticos, trajo la desgracia a Europa alentando el fascismo y el nazismo de la primera mitad del siglo XX y, nuevamente, se configura como una herramienta demagógica de enfrentamiento entre personas y territorios para los nacionalismos de nuestro tiempo.
En la conmemoración de este día, en su manipulación política y en la demagogia burda que destila, la mayoría de los catalanes no se ven identificados y deciden libremente celebrarlo a su manera: disfrutando de la playa si el día acompaña. Sin embargo, en C’s creemos que la pasividad silenciosa ampara la ensoñación nacionalista de un pasado irreal y que este no puede convertirse en verdad por el mero hecho de que sea repetido como un mantra irrefutable por el coro de pesebristas e iluminados habituales, abrigados al amparo de la indiferencia o el hastío que provoca en la ciudadanía esta celebración.
Las interminables querellas sobre el pasado sólo sirven a quienes las interponen como coartada para reclamar beneficios políticos en el presente desviando la atención de los problemas reales de los ciudadanos. Para los nacionalistas la historia sirve únicamente cuando los hechos y las fechas dejan de ser historia y se convierten en un instrumento político de adoctrinamiento y manipulación.
Decía Pío Baroja que la historia es siempre una fantasía sin base científica y que cuando se pretende levantar sobre ella un tinglado invulnerable y colocar sobre él una consecuencia, se corre el peligro de que un dato cambie y se venga abajo toda la armazón histórica. En Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía queremos, con unos pequeños apuntes sobre los acontecimientos de la Guerra de Sucesión y sobre el 11 de septiembre de 1714, ayudar a desmontar y refutar las mentiras históricas sobre las que se sustenta argumentalmente el independentismo catalán.

11 de septiembre de 1714: ¿sabías que…
… el 11 de septiembre se conmemora la rendición de la ciudad de Barcelona tal día de 1714, tras la declaración de guerra de las Cortes Catalanas en el 10 de julio del mismo año al no reconocer éstas el Tratado de Utrecht que ponía fin a la Guerra de Sucesión Española?
… la guerra no fue de secesión, como los nacionalistas venden, sino de sucesión? En dicho Tratado el pretendiente a la Corona Española, el Archiduque Carlos de Habsburgo renuncia al trono, reconociendo la soberanía de Felipe D'Anjou, contra el que se la disputó en la llamada Guerra de Sucesión Española, tras la muerte sin descendencia del Rey de España Carlos II? Es decir, es una guerra civil entre partidarios de dos pretendientes a suceder en la corona de España al rey muerto sin descendencia.
… Madrid, Alcalá y Toledo lucharon en el mismo bando que Barcelona? La Guerra de Sucesión Española, al contrario de lo que argumentan los nacionalistas, no supuso el enfrentamiento entre Cataluña-Austria y España (o Castilla)-Francia? Ciudades y comarcas pertenecientes al antiguo reino de Aragón como Castellón, Alicante, Calatayud o Tarazona, así como el valle de Arán, y ciudades del interior de Cataluña como Vic y Cervera, fueron partidarias de Felipe V, el rey Borbón. Y lugares como Madrid, Alcalá o Toledo se declararon fieles al aspirante austriaco, el archiduque Carlos. El enfrentamiento entre territorios españoles de 1714 es otra falsedad esgrimida por el nacionalismo para negar el carácter de guerra civil que tuvo aquella sucesión al trono. En realidad esta fue una contienda internacional en la que se dirimía la hegemonía entre las diferentes potencias europeas.
… los catalanes no perdieron sus libertades civiles, sino que los poderosos perdieron sus privilegios exclusivos? Las Cortes Catalanas, lejos de tener las características de una democracia, tal y como la entendemos ahora, representaba a los tres estamentos (clero, nobleza y burguesía urbana) a los que, dentro del patrón feudal del Antiguo Régimen, el Rey les había concedido tal privilegio, relegando totalmente a la inmensa mayoría de la población? No hay que olvidar que en el llamado Antiguo Régimen, el Soberano no era otro sino el Rey y de él, por tanto, emanaban todas las instituciones.
… la facción en Cataluña favorable al pretendiente Carlos no partió de una rebelión espontánea ni popular?, En realidad, expresaba los intereses políticos de la clase dirigente barcelonesa que quería potenciar su presencia comercial en América, de tal forma que sus privilegios forales no estaban en juego ya que el pretendiente Borbón en ningún momento los cuestionó.
… Felipe d’Anjou reinó sin oposición interna entre 1700 y 1705, hasta el punto que en 1701 había celebrado Cortes en Barcelona, donde no sólo confirmó los fueros, sino que recibió numerosas donaciones?…
… los seguidores de Carlos de Habsburgo en Cataluña defendían la unidad de España? Trataban de imponer su candidato al conjunto de todo el país, apelando a la libertad de toda España, recelosos de la influencia francesa; lejos, pues, de cualquier aspiración secesionista o desmembradora. Los soldados que fueron derrotados el 11 de septiembre de 1714 frente a las tropas de Felipe V estaban mandados por el general Antonio de Villarroel, que en su última arenga recordó a las fuerzas bajo sus órdenes que estaban luchando “por nosotros y por toda la nación española”.
... el llamado decreto de Nueva Planta, llamada en realidad, Cédula Real de Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, organizaba las instituciones judiciales en Cataluña, respetando las Constituciones y prácticas previas, estableciendo que los letrados fuesen expertos en legislación y lengua catalana, de la misma forma que fijaba el castellano meramente como lengua jurídica y eliminaba los privilegios por nacimiento en un territorio determinado? (“…han de cesar las prohibiciones de extranjería, porque mi real intención es que en mis reynos las dignidades y honores se confieran, recíprocamente a mis vasallos, por el mérito y no por el nacimiento en una ó otra provincia de ellos.”)
…supuso el final de tres siglos de decadencia de Cataluña y el inicio de su resurgimiento económico? posteriormente, el siglo XVIII lejos de ser un periodo de declive en Cataluña, resultó ser una etapa de particular esplendor y auge demográfico, agrícola, comercial e industrial, que más que fundamentarse en el comercio internacional, centrado en productos agrícolas, se benefició del proteccionismo de la Corona, particularmente con la apertura al comercio americano.
... Rafael Casanova no fue un mártir? El día del asalto final de las tropas borbónicas, Casanova estaba durmiendo y, avisado, se presentó en la muralla con el estandarte de Santa Eulalia para dar ánimos a los defensores. Durante el asalto fue herido de poca gravedad por una bala en el muslo. Casanova fue trasladado al colegio de la Merced, donde se le practicó una primera cura. Tras caer la ciudad en manos de las fuerzas borbónicas, quemó los archivos, se hizo pasar por muerto, y delegó la rendición en otro consejero. Huyó de la ciudad disfrazado de fraile y se escondió en una finca de su hijo en Sant Boi de Llobregat. En 1719 fue amnistiado y volvió a ejercer como abogado sin ningún problema hasta 1737, año en qué se retiró. Murió en Sant Boi de Llobregat en 1743. Un verdadero “héroe”.

Después de 25 años de traspasos de competencias educativas a las CCAA, el balance no puede ser más catastrófico:

-1-
Coexisten en España 17 sistemas educativos distintos, la mayoría de los cuales no podrían homologarse entre sí. A pesar del triunfalismo con que algunas autonomías maquillan sus resultados, su absoluta falta de rigor académico produce unos resultados sonrojantes cuando se realiza una evaluación externa.
-2-
Ninguna de las mejoras que los traspasos pretendían se ha producido: ni la administración educativa es más económica, ni más eficaz ni, en modo alguno, más asequible o cercana al ciudadano.
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3Los contenidos de las materias promueven un secesionismo abierto o solapado, introduciendo un adoctrinamiento político nacionalista sistemático en la escuela. Se busca formar ciudadanos nacionalistas, no ciudadanos libres. En las comunidades gobernadas por partidos políticos nacionalistas o social-nacionalistas la Formación del Espíritu Nacional no ha abandonado los planes de estudio.
-4-
La estabilidad y rigor del sistema se ha corrompido: las garantías de un sistema de acceso por oposición libre y objetiva y la libertad de cátedra han dado paso en muchos lugares a una casta de auténticos comisarios políticos que clasifican al profesorado en función de su mayor o menor ortodoxia ideológica; la competencia profesional ha pasado a ser un estorbo y no un incentivo para la promoción profesional de los docentes, y muchos centros carecen de las mínimas condiciones para ejercer una labor digna. Se promueve un éxodo de los profesionales discrepantes con el nacionalismo de una forma velada pero asfixiante.
-5-
Los localismos, las enseñanzas triviales, superficiales e intrascendentes –cuando no abiertamente manipuladoras- han ido substituyendo, por imperativo legal, a las materias verdaderamente formativas y liberadoras, como la filosofía, la literatura, la ciencia, la historia o el arte. Y el grado de improvisación y los cambios constantes de programa han sumido a alumnos y profesores en la desorientación y el desánimo.
-6-
Son cada vez más las autonomías (Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares...), donde se conculcan los derechos de los castellanohablantes –mayoritarios, casi siempre-, pues sus elites nacionalistas consideran como sujetos de derecho las lenguas o territorios, en vez de considerar que los genuinos sujetos del derecho son los ciudadanos que hablan y habitan libremente estos territorios. Se niega de este modo a los ciudadanos, no solo un derecho inalienable, sino también un instrumento de comunicación, cultura y promoción profesional de magnitud mundial, con el único objetivo de amparar delirios nacionalistas de raíz reaccionaria.
-7-
La competencia académica de los alumnos en las comunidades donde más radicales han sido estas atribuciones han caído en picado año tras año, siendo cada vez menor el número de ellos que accede a enseñanzas superiores desde los centros públicos.

Por estas razones, exigimos a los gobiernos autonómicos, especialmente a los que más han reclamado y obtenido competencias, que den cuenta del lamentable y regresivo estado en que han dejado a la enseñanza, que las competencias en materia educativa regresen de inmediato al Estado y que éste garantice, como es su responsabilidad, una educación igualmente rigurosa, libre, pública y de calidad para todos los españoles, que garantice la igualdad de oportunidades y ponga punto final a tan indigna dejación de responsabilidades, cuyos resultados, y con la perspectiva del cuarto de siglo que lleva sucediendo, en modo alguno pueden ya justificarse.