Viviendas de Protección Oficial
Proponemos que las administraciones establezcan reservas de suelo público y privado para la construcción de viviendas protegidas en número suficiente de acuerdo con las necesidades previstas en cada pueblo, ciudad o región. Estas viviendas se localizarán no solamente en los nuevos crecimientos urbanos sino también en el interior de las ciudades. La ejecución de todas las viviendas protegidas previstas en los planes será prioritaria. Se fomentará para ello la iniciativa de los agentes privados, que podrán gestionar las etapas de planeamiento, urbanización y construcción de las viviendas protegidas, si bien las administraciones podrán hacerlo directamente a fin de evitar las consecuencias de la inactividad y retención especulativa del suelo. Las viviendas se adaptarán al perfil de la demanda, prestando especial atención a las necesidades de los diferentes grupos familiares, jóvenes y ancianos. Se creará una bolsa de viviendas de precio regulado, que facilite el intercambio entre los propietarios, con el fin de que se adapten mejor a sus necesidades.
Combatir el fraude
Proponemos mantener la calificación de las viviendas protegidas a perpetuidad. Las administraciones gestionarán las transmisiones de propiedad y los alquileres de éstas, mediante el ejercicio obligado del derecho de tanteo y retracto, y constatarán la ocupación efectiva de la vivienda.
Defenderemos el mantenimiento de la titularidad pública del suelo destinado a vivienda protegida, haciendo uso del derecho de superficie.
Alquiler de la vivienda protegida
Las administraciones deberían comprometerse a crear un parque de viviendas de titularidad pública de alquiler, al cual se incorporaría como mínimo un 75% de todas las nuevas viviendas de protección oficial. Los patrimonios públicos de suelo se destinarían prioritariamente a este fin.
Vivienda social
Las administraciones deben destinar como mínimo un 20% a vivienda social de alquiler para atender las necesidades de aquellos ciudadanos con especiales dificultades de acceso a la vivienda.
Aprobaremos planes específicos que prevean ayudas y préstamos cualificados, siempre en el ámbito de la vivienda protegida, y apoyarán a colectivos socialmente vulnerables, adecuando a su situación las exigencias de solvencia y avalando la compra o el alquiler de las viviendas. Estas ayudas irán destinadas a las rentas medias y bajas, se modularán en función de la renta y serán revisadas periódicamente.
Alojamientos de emergencia para inmigrantes
Crearemos una red de alojamientos temporales para inmigrantes que alivien la situación de precariedad en la que se encuentran muchas de estas personas.
Fomento de la cultura del alquiler
Estableceremos garantías jurídicas que amparen los derechos de los propietarios que decidan poner su propiedad en alquiler y el de los inquilinos que opten por esta modalidad.
Impulsaremos la creación de un registro público de arrendatarios morosos.
Promoveremos mecanismos para agilizar los desahucios y ofreceremos al arrendador la contratación de seguros de caución con la garantía de las Administraciones Públicas en caso de impago de la renta.
Se adoptarán medidas de protección contra el mobbing inmobiliario ejercido contra los inquilinos, de garantías referidas a la obligación del propietario de mantener la vivienda en condiciones adecuadas y de devolución de las fianzas en plazo.
Crearemos la figura voluntaria del mediador administrativo, con amplias competencias destinadas a salvaguardar los legítimos intereses de arrendador y arrendatario.
Viviendas vacías
Articularemos medidas no coercitivas que fomenten la incorporación al mercado de la vivienda de los más de tres millones de viviendas vacías que existen en España.
Viviendas habitables
Velaremos por el cumplimiento de niveles adecuados de habitabilidad en el mercado libre de alquiler persiguiendo la sobreocupación y la infravivienda. Igualmente, controlaremos la calidad constructiva de las nuevas viviendas, protegiendo al consumidor.
Rehabilitación
Estableceremos ayudas a la rehabilitación y a la mejora de la calidad y eficiencia energética de las viviendas. Aplicaremos un tipo de IVA reducido del 7% en obras de rehabilitación.
Fiscalidad de la vivienda e hipotecas
Igualaremos a efectos de la desgravación de IRPF el tratamiento fiscal de la adquisición de la vivienda habitual o su alquiler. Se priorizarán estas desgravaciones para las rentas con ingresos brutos inferiores a 60.000 €. Sustituiremos el trámite de la cancelación registral de la hipoteca por una extinción automática por caducidad pasados cinco años desde la finalización del pago total de la deuda.
Suelo
Defenderemos la revisión de la legislación sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo con el fin de que se incorporen como valores fundamentales la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. La propiedad del suelo y la vivienda deben ser tratadas respetando su función social.
Legislación urbanística
Impulsaremos un gran pacto político y social en materia de vivienda y territorio que armonice las disposiciones normativas de las distintas Administraciones Autonómicas con el fin de conseguir un desarrollo urbano sostenible y una vivienda de calidad, accesible para todos los ciudadanos. Instaremos a todas las administraciones a que participen y hagan cumplir los compromisos adquiridos por España en esta materia.
Disciplina urbanística
Crearemos un órgano de reclamación y protección urbanística bajo la forma de un Defensor del Ciudadano. Las administraciones velarán para que los efectos de las infracciones en materia urbanística no se rediman solamente mediante compensación económica, sino que se proceda en todos los casos a la reposición a la situación anterior.
Información urbanística
Exigiremos que las administraciones se comprometan a garantizar la transparencia administrativa y la agilidad en las tramitaciones, incluyendo el sistema de ventanilla única, la información telemática disponible universalmente y el derecho a recibir información en plazos razonables. Asimismo, apoyaremos la creación de un Registro Único de Cargas e Información Urbanística Relevante, de forma que se pueda acceder a toda la información necesaria en materia urbanística en un solo lugar.
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