19-03-2024 | El debate

Aprueba un histórico informe en el que le reclama el cumplimiento del 25 % del castellano en las aulas y en las comunicaciones.

Hito histórico para los defensores del español en las aulas de Cataluña. El Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe en el que exige la no discriminación del español en la educación. Así, exige el cumplimiento de las sentencias del 25 % de español y que las comunicaciones con las familias y las páginas webs de los colegios y la Generalitat sean en las dos lenguas «de oficio, sin necesidad de que las familias o el alumno lo soliciten individualmente».

Son siete años de trabajo que han culminado con este informe elaborado por la comisión de Peticiones tras la misión a Barcelona celebrada el pasado diciembre, en la que eurodiputados de distintos partidos y nacionalidades comprobaron in situ la «obsesión del Gobierno nacionalista contra el castellano» en la educación pública y el acoso a niños y familias que han defendido su derecho a un 25 % de clases en español. «Es un texto histórico porque ayudará a poner fin al sistema de impunidad en el que hasta ahora el Gobierno catalán, con la connivencia del Gobierno central, se han movido para imponer un sistema lingüístico monolingüe en Cataluña», ha manifestado la diputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades, Maite Pagazaurtundua.

En la misma línea se ha expresado el PP quien ha asegurado que el informe deja claro que «la Generalitat está vulnerando los derechos de las familias y que el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada para impedirlo». Así, la eurodiputada popular Dolors Montserrat ha reclamado a ambos ejecutivos acatar las recomendaciones europeas.

El documento ha salido hoy adelante superando las trabas y la oposición del independentismo y de la izquierda –con 19 votos a favor y seis en contra–, y constituye un antes y un después para quienes reivindican el derecho al estudiar en castellano y en catalán. «El incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de la administración pública española y catalana vulnera este principio fundamental en la UE del respeto al Estado de Derecho», dice el Parlamento, que manifiesta su preocupación por que tengan que ser los ciudadanos los que busquen amparo individualmente. Por ello, pide a las autoridades catalanas que no obstaculicen la ejecución de esta resolución.

La misión a Barcelona, clave

Durante la misión a Cataluña de diciembre, los eurodiputados escucharon el testimonio de varias familias sobre el acoso que han sufrido y ellos mismos fueron objeto de manifestaciones en contra de su presencia en Barcelona que en algunos momentos, incluso, tuvieron que recurrir al uso policial.

En el informe aprobado, la Eurocámara expresa «su preocupación por la exclusión, las controversias y las reacciones en la opinión pública que este asunto está provocando en la sociedad catalana, incluidos casos de exclusión social, intimidación y acoso contra niños y padres», condena los discursos de odio y exige a la Generalitat que vigile «de cerca este comportamiento inaceptable y sancione a los autores».

Crítica a la inmersión en catalán

El informe asegura que el sistema de inmersión lingüística en catalán limita la libertad de circulación de las familias en España porque les «impide que se trasladen a Cataluña, lo que afecta a sus derechos y restringe sus opciones de búsqueda de empleo en su propio país y, por tanto, en la Unión» al no poder estudiar en castellano.

En este sentido, señala que los centros educativos de Cataluña deben ofrecer a los alumnos oportunidades adecuadas para que adquieran un buen dominio tanto del catalán como del castellano y pone de relieve el que no se equiparen asignaturas troncales con las extraescolares.

Los eurodiputados han incluido, además, un apartado concreto sobre los niños con necesidades educativas especiales y muestran su preocupación por que el modelo de inmersión «genere graves disfunciones para aquellos cuya lengua materna es el español».

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