20-02-2013 | La Vanguardia

Existe la sensación generalizada de que el camino hacia la independencia que ha emprendido el Govern de la Generalitat ha perdido fuerza

Existe la sensación generalizada de que el camino hacia la independencia que ha emprendido el Govern de la Generalitat ha perdido fuerza. Sin embargo, nada hace pensar que la ruta trazada tras el 11 de septiembre haya variado de objetivo.

 

La verdad es que no creo que la meta soberanista llegue a alcanzarse; pienso lo contrario, dado su descabellado planteamiento. Pero el recorrido previsto, la transición nacional en torno al llamado derecho a decidir, sigue su marcha y no hay ningún signo externo de que las cosas vayan a cambiar. No sé si el más convencido de todos es Artur Mas, a veces pienso que es un simple prisionero de su circunstancia. Ahora bien, si en esta obra ha escogido el papel de liberador de Catalunya, debe atenerse a las consecuencias: a los que se disponen a pasar a la historia como héroes la marcha atrás les resulta imposible.

 

Ante tal situación, ¿qué actitud adopta el Gobierno de Rajoy? Por las apariencias, sólo una: recurrir judicialmente las actuaciones ilegales de la Generalitat. Una actitud cautelosa, nada beligerante y aparentemente defensiva. Ahora bien, más allá de esta apariencia, me parece que Rajoy abriga una secreta esperanza: que sean los propios partidos catalanes quienes fracasen a consecuencia de sus propias contradicciones. Veamos las que se dan en el seno de CiU respecto al mundo empresarial.

 

Es sabido que los empresarios desean estar en buenas relaciones con el poder, gobierne quien gobierne. Además, por lo general son muy cautos en expresar abiertamente opiniones políticas aunque en privado ejerzan toda la influencia de la que son capaces. Actúan en los pasillos del poder, no en las tribunas públicas. Pues bien, empresarios muy conocidos y representativos del sector han roto esta tradición, mostrando su rechazo a la opción independentista.

 

Primero, hace ya varios meses, José Manuel Lara, de Planeta, se expresó con rotundidad aunque su voz sonara algo excéntrica ya que siempre ha sido considerado un personaje peculiar, un verso suelto dentro de su mundo. Después han hablado de forma más sibilina, aunque se ha entendido todo, Joaquim Gay de Montellà y Josep Piqué, presidentes, respectivamente, de Foment del Treball y del Cercle d’Economia, es decir, la más potente patronal catalana y el principal lobby de opinión empresarial. Por último, también han dejado oír su voz Isidre Fainé y Josep Oliu, presidentes de La Caixa y de Banc Sabadell, las dos principales instituciones financieras de Catalunya.

 

Estos cuatro últimos han coincidido en un aspecto básico: que todo se desarrolle dentro de la legalidad. Parece algo obvio y, sin embargo, es un dardo envenenado: Artur Mas ha dicho y ha repetido que prefiere utilizar las vías legales pero que en el caso de que dificulten el objetivo final habrá que utilizar también las que no lo son. El fin, pues, justifica los medios. Incluso el president ha sostenido algo más peregrino: utilizará la legalidad que más le convenga, si no es la interna habrá que acudir a la internacional, desconociendo que hay una sola legalidad y no varias –¿imaginan que pudiéramos escoger a la carta entre varios códigos civiles o penales?– y, en este supuesto, nuestro ordenamiento integra el derecho internacional en el derecho interno. La ignorancia sobre cuestiones jurídicas elementales –esta metedura de pata no es la primera ni la segunda– también ha contribuido notoriamente al desprestigio del camino emprendido por el Govern. Por tanto, invocar la legalidad como única vía aceptable por parte de los representantes empresariales es un claro freno a las aspiraciones independentistas.

 

Pero, además, en otro punto difieren este nuevo Govern y los empresarios: en el necesario giro que deben dar a la política económica debido a las condiciones que le impone ERC. Ello se pondrá a prueba inmediatamente al elaborar los presupuestos. ¿Se implantarán los nuevos tributos que gravan a las empresas? ¿Se aumentará el gasto social? ¿Cómo podrá mantenerse el equilibrio presupuestario? ¿Atiende mejor las peticiones empresariales el Gobierno catalán o el español? Por último: ¿puede ser que dos liberales como Artur Mas y Andreu Mas-Colell lleven a cabo políticas intervencionistas contrarias a sus principios? Todo ello genera contradicciones internas en el seno de Convergència, de esta con Unió y entre CiU y un sector de sus votantes tan numeroso e influyente como es el mundo de la empresa, sea esta grande, mediana o pequeña.

 

No estoy muy convencido de que la política pasiva de Rajoy, basada en que el independentismo catalán se cueza en su propia salsa, en sus contradicciones, sea la acertada para sus fines. Quizás aplace el problema, pero no lo resolverá. La economía catalana y tal vez cierta buena convivencia civil pagarán cara una aventura independentista que durará unos años y acabará en frustración. Preferiría ir más rápido, comprobar la fuerza real del independentismo mediante la convocatoria de un referéndum consultivo y, a partir de ahí, obrar en consecuencia. Aunque esperar decisiones arriesgadas de Rajoy es pedir peras al olmo: quizás acierte, quizás se equivoque.