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Derechos Sociales
 
Llevemos a las instituciones la realidad del ciudadano. Deseamos una sociedad progresista y plural, en la que, desde el respeto, la justicia y la igualdad, el ciudadano decida en libertad.

 
Derecho de huelga
Propondremos la aprobación de una Ley de Huelga que garantice el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y evite en los servicios de interés general (transporte, sanidad, limpieza, etc.) perjuicios graves a los ciudadanos y menoscabo de los legítimos derechos de los trabajadores, implantado un mecanismo de arbitraje obligatorio, ágil y eficaz.
Igualdad de sexos y lucha contra la discriminación
Impulsaremos la igualdad efectiva de hombres y mujeres, combatiendo cualquier discriminación por motivos de sexo. Rechazamos toda política encaminada a imponer artificialmente sistemas de cuotas rígidas de representación de cualquier sexo o de cualquier minoría, así como las estrategias de discriminación positiva. Defenderemos el principio de igualdad de oportunidades, capacidad y mérito como las herramientas para combatir la discriminación entre las personas.

La vigente Ley de Igualdad supone un avance hacia un modelo de convivencia en condiciones de igualdad, ya que propone criterios, principios y mecanismos que favorecen este principio. Creemos, sin embargo, que la ley establece medidas de discriminación positiva que, con la intención de avanzar en la necesaria modificación de algunas estructuras sociales, económicas y jurídicas, fuerzan situaciones que pueden suponer una discriminación injustificada y contraproducente.

Promoveremos la modificación de la Ley de Igualdad suprimiendo el establecimiento de cuotas para la formación de listas electorales, pero garantizando, en todo caso, el porcentaje de representación femenina en el total de la militancia del partido político correspondiente.

Equipararemos derechos entre hombres y mujeres en lo referente a los permisos de maternidad/paternidad, promoviendo de este modo la corresponsabilidad en el cuidado y educación infantil.

Promoveremos una reforma de la legislación que facilite la obtención de asilo a las personas gravemente amenazadas en sus países de origen por motivos de sexo.
Desplegaremos una política que corrija la discriminación ejercida contra homosexuales, lesbianas y transexuales, ampliando la agravante penal por homofobia y velando por el cumplimiento efectivo de las directrices europeas en la materia.
Regulación de la prostitución
Defenderemos un marco legal regulado para el ejercicio de la prostitución voluntaria. Éste permitiría una mayor protección y seguridad de las personas que se dediquen a tal actividad, velando por la voluntariedad de su ejercicio y por el control de las condiciones de salubridad e higiene en su práctica. Se permitirá así la incorporación regulada al mundo laboral en régimen de autónomos de aquellos que la ejercieran profesionalmente. Se restringirá el ejercicio de esta actividad económica en locales convenientemente legalizados, prohibiéndose su ejercicio en el espacio público. Los clientes que hiciesen uso de los servicios sexuales fuera de los ámbitos legalizados serán severamente sancionados. Esta regulación vendría acompañada de una persecución policial implacable de las redes criminales de explotación sexual, así como una modificación legislativa que aumentase las penas por esta tipología delictiva.
Atención a las personas mayores y dependientes
Estableceremos por ley el catálogo de prestaciones y servicios sociales con cobertura pública.

Garantizaremos mediante la Ley de Presupuestos la financiación necesaria para poner en práctica la Ley de Dependencia. Asignaremos más recursos para ampliar la cobertura de asistencia a domicilio.

Incrementaremos la inversión en equipamientos residenciales para aumentar así el número de plazas en los centros residenciales y centros de día.

Disminuiremos los tiempos de espera para acceder a una plaza en un centro residencial incrementando la dotación de personal técnico administrativo y sanitario.

Fomentaremos la implantación de servicios de teleasistencia, comida, lavandería y limpieza a domicilio, que serán sufragados mediante un sistema de co-pago que en todo caso tendrá en cuenta la situación socio-económica y sanitaria de las personas receptoras del servicio.

Propondremos la homologación y validación en todo el territorio nacional de las prestaciones sociales, como descuentos en todos los transportes para las familias numerosas, personas mayores y/o discapacitadas.

Fomentaremos y respaldaremos la creación de modelos residenciales dinámicos para los mayores no dependientes.
Atención a los discapacitados
Incrementaremos las plazas diurnas en centros ocupacionales, centros de atención a minusválidos físicos y centros de atención a minusválidos psíquicos.

Promoveremos la implicación de las administraciones locales en la organización y gestión de centros ocupacionales para discapacitados.

Agilizaremos la recepción de las ayudas económicas y técnicas para personas con discapacidad con el objeto de hacerlas inmediatas.

Aplicaremos de manera efectiva las medidas de integración social del discapacitado establecidas en la legislación: reserva del 2% de los puestos en plantillas de más de 50 empleados, así como la reserva del 5% de las vacantes en la Administración Pública.

Consolidaremos el apoyo público a la mejora de la accesibilidad de las nuevas tecnologías y potenciaremos la creación de empleo para minusválidos, para garantizar en la medida de lo posible su inserción social plena.

Crearemos y dotaremos de presupuesto programas de descanso familiar como sistema de apoyo a los familiares que cuiden personas ancianas y menores, enfermas o discapacitadas. Estos programas incluirán la atención nocturna, fines de semana y vacaciones.

Estableceremos ayudas y desgravaciones fiscales para los familiares que tienen a su cuidado grandes inválidos.
Derechos y obligaciones
Incrementaremos las plazas diurnas en centros ocupacionales, centros de atención a minusválidos físicos y centros de atención a minusválidos psíquicos.

Promoveremos la implicación de las administraciones locales en la organización y gestión de centros ocupacionales para discapacitados.

Agilizaremos la recepción de las ayudas económicas y técnicas para personas con discapacidad con el objeto de hacerlas inmediatas.

Aplicaremos de manera efectiva las medidas de integración social del discapacitado establecidas en la legislación: reserva del 2% de los puestos en plantillas de más de 50 empleados, así como la reserva del 5% de las vacantes en la Administración Pública.

Consolidaremos el apoyo público a la mejora de la accesibilidad de las nuevas tecnologías y potenciaremos la creación de empleo para minusválidos, para garantizar en la medida de lo posible su inserción social plena.

Crearemos y dotaremos de presupuesto programas de descanso familiar como sistema de apoyo a los familiares que cuiden personas ancianas y menores, enfermas o discapacitadas. Estos programas incluirán la atención nocturna, fines de semana y vacaciones.

Estableceremos ayudas y desgravaciones fiscales para los familiares que tienen a su cuidado grandes inválidos.

Atención a la infancia
Potenciaremos los convenios con las CCAA que ejecutados por los Ayuntamientos refuercen la atención a las familias desfavorecidas y monoparentales en situación de riesgo.

Aumentaremos los programas de atención y tratamiento a familias víctimas de violencia doméstica y malos tratos a menores velando por la efectiva tutela del Estado.

Nos implicaremos en el desarrollo de programas para la ejecución de medidas distintas al internamiento dictadas por los jueces de menores en relación con menores infractores.
Violencia doméstica
Incrementaremos los recursos destinados a atender los casos de maltratos, aumentando las casas de acogida y pisos tutelados hasta alcanzar una plaza por cada 10.000 mujeres. Asimismo mejoraremos los mecanismos de transparencia, coordinación e inspección pública de los centros de asistencia y acogida gestionados por asociaciones.

Impulsaremos la rapidez en la respuesta institucional a las víctimas de violencia doméstica, promoviendo programas específicos de protección en los casos más graves.

Extenderemos el ámbito de la actual Ley Integral contra la Violencia de Género para convertirla en una Ley Integral contra la Violencia Doméstica contra la Pareja, independientemente del sexo del agresor y el de la víctima. Asimismo, revisaremos sus mecanismos para evitar los abusos y fraudes de ley que se están cometiendo con algunas denuncias por malos tratos que buscan conseguir ventajas en los procesos de divorcio.
Custodia compartida
Impulsaremos una Ley por la Igualdad de Padres y Madres que introduzca en la legislación la guardia y custodia compartida.

Promoveremos este modelo como opción preferente en nuestra legislación, garantizando de este modo la corresponsabilidad económica y educadora entre los progenitores.

Impago de pensiones alimenticias
Crearemos un Registro, dependiente del Ministerio de Justicia, en el que consten las personas, con sentencia judicial firme, en situación de impago de pensiones alimenticias. Implantaremos los medios informáticos necesarios para que, por medio de la Seguridad Social, todo pagador retenga la cantidad que proceda en la nómina de la persona incluida en el mencionado Registro y que todo organismo del Estado y entidad bancaria practique la retención. El pago de la pensión alimenticia será condición indispensable para acceder a un régimen de visitas y/o a la tutela compartida.
Lucha contra la indigencia y la marginalidad
Diseñaremos una red de centros de personas sin hogar dimensionada según las necesidades reales de este fenómeno. Ello requerirá la redacción de estudios anuales de incidencia de esta problemática, especialmente en las áreas urbanas, para ajustar el sistema de manera eficaz.

Estos centros tratarán de forma integral esta situación, ofreciendo junto a las prestaciones de alojamiento e higiene programas específicos de salud, atención psicológica, formación laboral e inserción social.

Para acabar con las redes de mendicidad organizada, introduciremos cambios legislativos para que sea considerada delito penal.
Respeto, protección y defensa de los animales
Propondremos que todas las CCAA aprueben legislaciones que fomenten el respeto y garanticen la protección y defensa de los animales.

Impulsaremos en todas las CCAA la creación de un registro general de animales de compañía elaborado en base a los censos municipales existentes y en los que deben inscribirse los perros, los gatos y los hurones. Los criadores de animales, y de forma subsidiaria los veterinarios, estarán obligados a colocar el chip a todo animal de compañía.

Endureceremos las multas que sancionen el maltrato y abandono de animales, pudiendo alcanzar la inhabilitación permanente del culpable para la posesión de animales domésticos y ser condenado a realizar trabajos de rehabilitación a favor de la comunidad.

Incentivaremos, en colaboración con las CCAA y los municipios, un aumento de los recursos públicos destinados a construir nuevos centros de acogida de animales abandonados, así como medidas para mejorar las condiciones de vida en los mismos, siendo las asociaciones protectoras de animales la vía preferente de canalización de estas ayudas.
Derecho a morir dignamente
Defenderemos la aprobación de una Ley sobre Voluntades Anticipadas que incluya la posibilidad de que todo ciudadano en caso de enfermedad no tratable con consecuencia irreversible de muerte o siendo paciente en fase terminal, pueda recibir una asistencia médica pasiva y/o activa que evite la prolongación de su vida en contra de su voluntad.
Regulación del cannabis
Apoyaremos la adopción de medidas legislativas encaminadas a la despenalización y regulación por parte del Estado de la producción y distribución del cannabis y sus derivados, tanto para su consumo particular como para su uso terapéutico.

Como medidas paralelas necesarias e imprescindibles para su regulación social, promocionaremos programas de información y concienciación de las consecuencias nocivas para la salud derivadas de su consumo. Diseñaremos programas de desintoxicación y abandono del hábito, priorizando los de reducción de daños. Perseguiremos severamente el tráfico y distribución ilegal de dicha sustancia.

Prohibiremos la promoción y publicidad de todas las drogas y sustancias adictivas.
Si deseas conocer más sobre nuestras ideas en Derechos y Libertades u otras cuestiones no incluidas en el apartado Dilo con Nosotros consulta nuestro programa.
Programa Generales 2008.pdf