Catalán  |  Castellano
Inicio Ciudadanos / Inici Ciutadans Cataluña somos todos
 
 inicio  /  Posicionamientos políticos - modelo de estado

 
Modelo de Estado
  Queremos liderar una renovación en la política española que erradique el “frentismo” y permita establecer espacios de concertación con otros agentes políticos y sociales, siempre al servicio del ciudadano y no de los intereses económicos particulares. Creemos firmemente que hay temas de Estado en los que los acuerdos entre los partidos políticos son fundamentales para la estabilidad, la continuidad y la eficacia de las soluciones a adoptar. Por ello, apostaremos por potenciar dinámicas de cooperación y encuentro entre las fuerzas políticas, singularmente entre las que tienen vocación de gobierno, en la dirección que reclama
  la mayoría de los ciudadanos españoles no las distintas minorías territoriales. Lo haremos con la intención de facilitar pactos de Estado en asuntos particularmente sensibles, como la unidad democrática en la lucha antiterrorista, el sistema educativo, la gestión de flujos migratorios, el modelo territorial o las bases de la política exterior.

 
Un modelo autonómico más racional
Impulsaremos la asunción por parte de la Administración General del Estado del liderazgo en el diseño, la planificación y la inspección de las grandes políticas públicas, en orden a reforzar la unidad básica de los servicios públicos en el marco autonómico, garantizar la igual calidad de sus prestaciones y fortalecer su eficacia como elementos de redistribución y lucha contra la desigualdad. Estas reformas incluirán, si corresponde, la modificación de los artículos 149 y 150 de la Constitución Española (CE) y contemplarán las siguientes iniciativas:

-Reforzaremos la capacidad inspectora de la Administración General del Estado en todos los ámbitos y extenderemos sus competencias a la supervisión de la gestión descentralizada de los servicios públicos.

-Crearemos y publicitaremos pruebas nacionales y mecanismos obligatorios y periódicos de evaluación la calidad de los servicios públicos por parte de la Administración General del Estado.

-Plantearemos que la Administración General del Estado asuma el papel de Administración de referencia en lo relativo a la gestión y regulación de aquellas grandes infraestructuras y entidades públicas (universidades, hospitales universitarios, Parques Nacionales, centros de investigación sanitaria, redes ferroviarias, puertos y aeropuertos) que por su proyección, ámbito o alcance nacional así lo requieran.

Asimismo, promoveremos la creación de consorcios nacionales en las áreas de educación, sanidad, seguridad pública y recursos naturales, así como para los instrumentos de redistribución económica y gestión tributaria. Estos consorcios, que estarán integrados por representantes del Ministerio correspondiente y los distintos Departamentos autonómicos, permitirán armonizar y unificar criterios en la gestión pública, abordar los problemas de coordinación e intercambio entre distintas autonomías, detectar las problemáticas estructurales que se puedan presentar en diferentes puntos del país y proponer, en su caso, las modificaciones legislativas que se consideren oportunas en las Cortes Generales o las Asambleas Autonómicas. Se favorecerá también la presencia de representantes de la Administración General del Estado en los consorcios existentes de liderazgo autonómico, con el fin de potenciar la integración de las distintas Administraciones y la coherencia de su acción pública.

Más autonomía para las ciudades
Proponemos consolidar la autonomía local frente al resto de Administraciones Públicas y mejoraremos y clarificaremos su catálogo de competencias y los recursos previstos en la legislación. Aumentaremos la financiación de los ayuntamientos para cubrir adecuadamente sus necesidades financieras.

Abordaremos la racionalización del actual mapa municipal -compuesto en la actualidad por cerca de 9000 municipios- para optimizar la utilización de los recursos y mejorar la eficacia en la prestación de servicios municipales.

Mejoraremos la regulación del estatus, las características, competencias y recursos de las grandes ciudades españolas y de sus áreas metropolitanas, mediante el desarrollo de la legislación existente (Ley de Grandes Ciudades, Ley de Capitalidad, Carta Municipal de Barcelona) y la adopción de medidas orientadas a potenciar su autonomía y articular en su caso las estructuras metropolitanas correspondientes, para hacer frente a las problemáticas específicas y las demandas de las grandes ciudades.

Reforzar el Congreso. Votos en blanco, escaños vacíos.
Propondremos una reforma de la Ley Electoral para reforzar al Congreso de los Diputados como Cámara de representación unitaria del pueblo español. Para ello, consideramos imprescindible mejorar la proporcionalidad entre votos y escaños obtenidos por cada partido, reducir las desigualdades territoriales y promover la apertura de las listas, con el objeto de favorecer la vinculación elector-electo mediante la introducción de la fórmula del voto preferente.

Nuestra propuesta contempla el aumento del número de diputados hasta los 400, máximo permitido por la Constitución. De ellos, 350 serían elegidos en lista provincial con voto preferente según el método de asignación proporcional de escaños a las medias más fuertes (D’Hondt). A cada provincia le correspondería un escaño como mínimo (más uno para Ceuta y otro para Melilla), y el resto se asignarían de forma proporcional a la población. Los 50 escaños restantes serían escogidos en lista nacional cerrada y bloqueada sobre la agrupación de restos (votos no traducidos en escaño) de cada partido en las distintas provincias. La asignación de escaños sería, también, proporcional a las medias más fuertes (D’Hondt).

Los votos en blanco se contabilizarán como los de cualquier otro partido y los escaños que correspondan en el reparto serán dejados vacíos.

Constitución Española
Apoyaremos la adopción de los siguientes ajustes técnicos al texto de la Carta Magna, basados en las recomendaciones del Consejo de Estado para adaptar el texto constitucional tras treinta años de vigencia:

-Supresión de la desigualdad en la sucesión al Trono por razón de sexo, sin perjuicio de la sucesión en la persona del actual heredero a la Corona.

-Reforma del art. 2 de la CE para enumerar (por orden alfabético) las CCAA y sustituir el reconocimiento del “derecho” a la autonomía por la constatación de la autonomía como “principio” de la organización territorial del Estado.

-Supresión de las previsiones preautonómicas (procedimientos de creación de una autonomía a partir del régimen provincial) y previsión de los mecanismos de división y fusión de autonomías, implicando, en todo caso, la aprobación de los ciudadanos de las regiones afectadas en referéndum y la autorización de las Cortes Generales por mayoría constitucional (2/3).

-Constitucionalización de la pertenencia de España a la Unión Europea y la integración del acervo comunitario en el ordenamiento jurídico.

Proponemos una reforma limitada de la Constitución Española, centrada en los siguientes ámbitos:

Reforma del Senado:

Emprenderemos una reforma del Senado de alcance constitucional, dentro del margen de las recomendaciones del Consejo de Estado, para reforzar su carácter de Cámara Alta de las Cortes Generales, consolidar su atribución constitucional de instancia de representación territorial del pueblo español y acentuar su perfil de espacio de encuentro, cooperación y concertación entre las distintas Administraciones Públicas del Estado, en particular el poder central y las comunidades autónomas. Sus funciones serán:

Para hacer del Senado la Cámara principal para la cooperación y participación de las autonomías en el Estado y del Estado en las autonomías, se adoptarán las reformas necesarias para que el Senado:

-Sea Cámara de primera lectura para leyes de especial incidencia autonómica.

-Resulte necesario, junto con el Congreso, para la aprobación de reformas constitucionales, iniciativas de armonización autonómica, suspensión de la autonomía y elección de órganos de arbitraje y supervisión de las instituciones autonómicas.

-Acoja, de forma no vinculante, una segunda sesión de investidura del Presidente del Gobierno (tras el Congreso) y de presentación de los presidentes autonómicos tras su nombramiento, así como capacidad de convocar y recibir a estos últimos.

-Constituya la sede de la Conferencia Interautonómica (y supervise su actividad) y del Debate sobre el Estado de las Autonomías.

Por otra parte, potenciaremos la dimensión del Senado como Cámara de reflexión y segunda lectura para la legislación ordinaria. Con tal fin, proponemos el aumento a cuatro meses el plazo para la revisión de leyes procedentes del Congreso y la reducción de sus miembros hasta los 226 senadores.

Para mejorar su carácter de representación autonómica, la elección de los senadores, mediante sufragio universal de los ciudadanos a través de listas abiertas, será simultánea a las elecciones autonómicas en las distintas comunidades. Cada Comunidad Autónoma elegirá un mínimo de 5 senadores, más 2 por provincia y uno más por cada millón de habitantes, además de 2 senadores por Ceuta y 2 por Melilla (en total, 226 senadores, con una ratio de autonomías 1:4).

Supresión de los derechos históricos y privilegios forales vascos y navarros:

Defenderemos la supresión del reconocimiento de los derechos históricos y los privilegios forales relativos a Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava (Disposición Adicional 1ª). Apoyaremos la incorporación del País Vasco y Navarra al régimen común de las CCAA y a su sistema de financiación.

Suprimiremos la previsión constitucional sobre la incorporación de Navarra al régimen autonómico vasco (Disposición Transitoria 4ª).

Reforma judicial
Abordaremos una reforma en profundidad de la Administración de Justicia y, en particular, de sus órganos de gobierno, que restablezca su autoridad como Poder del Estado, vele por el respeto a su independencia, combata eficazmente los intentos de politización e intervención partidista y proteja su unidad frente a los intentos de disgregación y subordinación a los poderes autonómicos.

Consejo General del Poder Judicial

Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en orden a convertir la composición del Consejo en un verdadero autogobierno de jueces y magistrados y evitar la reproducción de las actuales dinámicas de bloqueo y politización. Queremos la consolidación del CGPJ como garantía de unidad en la Administración de la Justicia en España.

Recurso previo de inconstitucionalidad

Para aquellas leyes que requieran un referéndum para su aprobación se podrá presentar contra ellas un recurso de inconstitucionalidad previo a la aprobación en referéndum, que tendrá que ser resuelto antes de éste.

En materia de lenguas
Aprobaremos una ley reguladora de la oficialidad del castellano y de protección de las diversas lenguas de España, en desarrollo del art. 3 de la CE y en ejercicio de la competencia de la Administración General del Estado para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. La Ley desarrollará los efectos de la oficialidad del castellano en las distintas Administraciones Públicas, en las relaciones de las Administraciones entre sí y de éstas con los ciudadanos, en los medios de comunicación públicos y en la enseñanza. Los principios en que se basará la Ley serán la consideración del castellano como lengua común de todos los españoles y la protección de la diversidad lingüística de España. Asimismo, regulará los derechos lingüísticos de los ciudadanos, protegiendo expresamente el bilingüismo en aquellas CCAA con cooficialidad lingüística, cuyas Administraciones deberán atender en la lengua de opción del interesado y reconocer la libertad de uso en las relaciones privadas.

Crearemos el Consejo Nacional de las Lenguas de España, órgano independiente de asesoramiento, consulta y participación social que estará integrado por representantes de la sociedad civil y de las distintas Administraciones. Dicho Consejo asesorará al Gobierno de la Nación sobre las políticas lingüísticas y velará por los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Los integrantes del Consejo Social serán designados por las Cortes Generales por mayoría de dos terceras partes.
Un Defensor del Pueblo para todos los españoles
Propugnaremos una reforma de la ley del Defensor del Pueblo que garantice su jurisdicción efectiva en todo el territorio nacional y sobre todas las Administraciones del Estado. Esta reforma establecerá la primacía del Defensor del Pueblo nacional en materia de derechos fundamentales, educación, lengua y políticas de solidaridad y cohesión sobre sus homólogos autonómicos o locales.
Limitación de mandatos
Propondremos la limitación de mandatos a dos legislaturas para el mismo cargo ejecutivo.
Retribuciones de los cargos electos
Racionalizaremos los sueldos de representantes públicos y miembros de órganos ejecutivos del Estado (directores generales, secretarios de Estado, ministros, directivos de empresas públicas, etc.).

Propondremos la aprobación de una Tabla Nacional de Retribuciones para representantes públicos y miembros de órganos ejecutivos del Estado, basada en los principios de austeridad y proporcionalidad con la responsabilidad del cargo. Estas retribuciones se concretarán en el sueldo percibido, sin que los altos funcionarios puedan recibir otras remuneraciones adicionales distintas de las que por su cargo y responsabilidad correspondan. En caso de acumulación de cargos públicos electivos o designados de carácter remunerado, cada persona tendrá derecho al sueldo más elevado de los correspondientes a los cargos que ejerza.

Eliminaremos cualquier indemnización económica para los representantes democráticos que no obtengan su reelección en las urnas, instando a la revocación de cualquier acuerdo parlamentario a estos efectos.
Se racionalizarán y se reservarán las dotaciones de personal, recursos y pensiones a las altas dignidades del Estado (representantes de los tres Poderes en las distintas Administraciones).
Iniciativa Legislativa Popular
Reformaremos y potenciaremos la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar su presentación reduciendo a 200.000 el número de firmas necesarias e incrementando el papel de las entidades promotoras durante su toma en consideración por parte de las instituciones representativas.

Crearemos la Iniciativa Popular de Valoración Constitucional, con los mismos requisitos para su presentación que la ILP, a través de la cual los ciudadanos puedan solicitar que el Tribunal Constitucional analice y emita dictamen sobre la constitucionalidad de una determinada norma aprobada, mediante petición motivada.
Referéndum
Revisaremos los umbrales de participación exigibles en un referéndum. Los referendos vinculantes sólo serán válidos cuando se pronuncie sobre ellos la mayoría del censo electoral.
Ley de Transparencia Económica
Propondremos una ley que permita al ciudadano controlar todos los aspectos del coste económico del funcionamiento de las Administraciones Públicas, ya que las facultades de control económico del ciudadano sólo existen formalmente dadas las grandes dificultades que se plantean en la actualidad para ejercerlo.

Endureceremos las obligaciones de transparencia a entidades financieras y partidos políticos en sus relaciones, poniendo coto a la arbitrariedad en las grandes decisiones de financiación.
Democracia Local
Armonizaremos y fomentaremos la regulación a nivel nacional de procedimientos de audiencia pública, consulta popular (presencial o telemática) y consejos cívicos consultivos en los municipios para informar las decisiones de las Corporaciones en el ejercicio de sus competencias.

Favoreceremos la desconcentración del gobierno municipal en las grandes ciudades, en orden a favorecer la participación de los ciudadanos en sus barrios.

Introduciremos progresivamente listas o candidaturas abiertas para las elecciones municipales en los municipios que lo soliciten y en que, en razón de su tamaño (menos de 10.000 habitantes), la concentración geográfica de la población o el conocimiento personal de los candidatos, esta fórmula resulte plenamente operativa.
Una Administración pública al servicio de los ciudadanos
Aprobaremos una Ley de Acceso a la Información y de Transparencia Pública (LAITP) para regular el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener gratuitamente información en poder de las Administraciones Públicas en un plazo de 15 días, salvo en casos en que la difusión afecte a cuestiones de seguridad nacional, prevención e investigaciones criminales, derecho a la intimidad, secretos industriales, derechos de partes sometidas a proceso judicial o confidencialidad en las deliberaciones previas a una decisión, siempre que no exista un mayor interés público en el conocimiento de dicha información.

Garantizaremos el derecho de todo ciudadano a conocer los datos personales propios de que dispongan las Administraciones Públicas, mediante solicitud pública (gratuita dos veces al año, abonando los costes en el resto) y plazo de respuesta notificada al interesado.

Impulsaremos la obligación de las Administraciones de publicar y hacer accesibles a través de los medios que correspondan, en particular telemáticos, información básica relativa a su regulación y el ejercicio de sus competencias, así como a facilitar el acceso de los ciudadanos a la documentación e información que éstos soliciten, más allá de la que esté publicada y accesible sin necesidad de solicitud.

Impulsaremos la creación de las herramientas informáticas adecuadas para la recepción operativa de los deseos, inquietudes y necesidades del ciudadano directamente de él y en tiempo real (o razonable). Una herramienta que fomente la participación ciudadana en la toma de decisiones y devuelva la confianza de la sociedad en nuestro sistema político. En una democracia representativa nadie puede representar a nadie sin que el representado disponga de un medio de hacer saber al representante su voluntad e intereses. Crearemos la Agencia Nacional de Acceso a la Información (ANAINFO) como órgano independiente de coordinación, asesoramiento a las Administraciones, tanto nacionales como autonómicas y locales, e instancia de recurso para los ciudadanos, para hacer efectivos los derechos previstos en la LAITP en los términos establecidos. La Agencia coordinará su actividad con la Agencia de Protección de Datos y sus homólogas autonómicas. Esta Agencia, asimismo, estará encargada de la promoción del derecho de acceso a la información pública entre los ciudadanos y dentro de la propia Administración.





Reforma de los partidos políticos
Fomentaremos los mecanismos de democracia interna mediante un mecanismo de incentivos en la asignación de recursos públicos, que favorezca a aquellas formaciones en las que el proceso de elección de sus candidatos involucre a todos los militantes del ámbito territorial que corresponda, siempre que el número de éstos supere un umbral mínimo.

Regularemos la presencia de los distintos partidos políticos en los medios de comunicación públicos atendiendo al número de votos obtenidos en la más reciente convocatoria electoral del ámbito que corresponda, siempre que haya obtenido un mínimo del 1% de los votos de la circunscripción y no únicamente en función del número de electos, ya que margina a las sensibilidades extraparlamentarias dificultando la visualización de su mensaje por parte de la ciudadanía.

Incorporaremos el mismo criterio de votos obtenidos en el cómputo de subvenciones públicas a recibir por parte de un partido, para facilitar la concurrencia de nuevas opciones a las elecciones y evitar la endogamia de la clase política.
Relaciones entre los poderes públicos y los medios de comunicación
Promoveremos la defensa y la independencia de los medios de comunicación públicos, el pluralismo en los privados y la transparencia en las relaciones del poder político con ambos. Los medios de comunicación públicos pueden y deben consolidar su función de servicio público y desempeñar un papel esencial en lo relativo a la difusión del conocimiento y la cultura, la información veraz y plural y el compromiso con los valores democráticos y constitucionales, la participación cívica y la pluralidad política.

Reforzaremos el compromiso de los medios de comunicación públicos con el debate y la dinámica democrática, mediante medidas como la regulación de debates entre los líderes políticos y especialmente entre los principales candidatos en las elecciones legislativas, seguimiento de las experiencias de deliberación pública, actividad institucional, etc.

Suprimiremos las subvenciones directas e impondremos criterios objetivos para las indirectas, como el gasto publicitario de los poderes públicos en los medios de comunicación privados.

Garantizaremos la objetividad y respeto a la pluralidad en los procedimientos de concesión de frecuencias y espacios del espectro radioeléctrico.

Limitaremos la publicidad institucional a los programas de concienciación social (tráfico, drogas, sanidad, enseñanza, etc.) y la difusión de informaciones que no puedan hacerse llegar a través de otros medios, para excluir propaganda o balances de la acción política gubernamental; elaboraremos un reglamento de los procedimientos de selección de los medios en que ésta se inserte.
Autonomía financiera de partidos y organizaciones
Reforzaremos la tendencia a la autofinanciación de los partidos políticos, sindicatos, confesiones religiosas y demás organizaciones no estatales presentes en la sociedad. Toda financiación pública será otorgada bajo criterios de máxima transparencia y publicidad.
Para ver más propuestas sobre Modelo de Estado y Democracia consulta nuestro programa para las Generales.

Programa Generales 2008.pdf