06-09-2009 | C's

En un estado democrático de derecho, tan importante como la participación en las decisiones, es la regulación y el respeto a los procesos de decisión así como la defensa de la legalidad democrática.

 

Las sociedades modernas basan su organización y convivencia en dos pilares: la democracia y el estado de derecho. Ello supone que en los países políticamente más avanzados los enfrentamientos y las discrepancias se resuelven en los parlamentos y bajo el imperio de la Ley.
 
La legalidad democrática se convierte así en el principal instrumento para garantizar la paz social, alejando de la confrontación y la crispación la defensa de los diferentes intereses y facilitando el desarrollo de sociedades más prosperas y cohesionadas.
 
Incluso las sociedades occidentales han sufrido pulsiones totalitarias y en algunas de ellas durante un determinado periodo histórico se ha pisoteado y anulado la legalidad democrática con claro perjuicio a las libertades y derechos de sus ciudadanos.
 
Hoy España es una sociedad democrática pero los nacionalistas e independentistas que arrastrados por una pulsión totalitaria pretenden que el Ayuntamiento de Arenys y otros Ayuntamientos lleven a cabo una consulta declarada ilegal por ser contraria a la Ley de Bases de Régimen local, al Estatuto (artículo 122), y a la Constitución, nos descubren los fascistas dictadores que llevan dentro, dispuestos a pisotear la legalidad democrática que ellos también han contribuido a establecer.
 
Si fueran sólo la mitad de demócratas de lo que dicen ser sabrían que en un estado democrático de derecho, tan importante como la participación en las decisiones, es la regulación y el respeto a los procesos de decisión así como la defensa de la legalidad democrática.
 
En ningún Estado de derecho como pueden ser Alemania, Francia, EEUU o Suiza se permitiría que un ayuntamiento se saltase esa legalidad. Nadie puede, tampoco los Ayuntamientos, incumplir la legalidad democrática, incumplir las leyes que han aprobado nuestros representantes e incluso algunas que hemos refrendado nosotros y que establecen que los ayuntamientos sólo pueden consultar para asuntos de su competencia, e impiden por tanto, que puedan preguntar sobre un asunto que no les incumbe.

La razón es muy sencilla: impedir que los ayuntamientos se dediquen y pierdan el tiempo y el dinero en lo que no les toca y se centren en los asuntos para los que tienen competencia.

Antonio Espinosa, Secretario de Acción Política de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía