28-08-2013 | La Voz Libre

Las prioridades del gobierno de la Generalitat son ajenas al interés general y responden principalmente a su interés partidista

Aunque es habitual que los gobiernos tengan muy en cuenta su interés partidista en el desempeño de su función gestora, lo que demanda el ejercicio honesto de la política es primar el interés general. Para conocerlo suelen dotarse de organismos de investigación sociológica que les permiten saber, de primera mano, qué asuntos interesan más al conjunto de sus administrados.

De la lectura de los resultados obtenidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) en encuestas sucesivas se deduce que el conjunto de los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, tienen como principales preocupaciones cuestiones parecidas cuando no idénticas. Paro y precariedad laboral, funcionamiento de la economía e insatisfacción con los políticos y los partidos encabezan generalmente el listado, incluyendo en esta última la corrupción y el fraude.

Según el CEO, el paro y la precariedad laboral preocupan a dos tercios de los ciudadanos catalanes; el funcionamiento de la economía a dos de cada cinco; y la insatisfacción con la política y los políticos, fuertemente marcada por la corrupción, a uno de cada tres. En cuanto a lo que se ha dado en llamar “relaciones de Cataluña con (el resto de) España” preocupa al porcentaje habitual en las últimas tres décadas, aproximadamente a uno de cada cinco ciudadanos, es decir, alrededor del 20%. En lo que respecta a la preocupación por la financiación autonómica, pese a la dedicación exhaustiva del gobierno de Artur Mas y de su principal socio, la ERC de Oriol Junqueras, por hacer pedagogía del “España nos roba”, esta cuestión solo preocupa a uno de cada diez catalanes.

Quien siga desde la distancia el día a día de la política catalana podrá creer que la gran mayoría de los catalanes sufren una profunda crisis de identidad, sobre todo si se fija en el enorme despliegue gubernamental para incentivar todo aquello que potencie y afiance la “identidad catalana”, cuestión capital que preocupa al 2,8% de los ciudadanos catalanes.

El gobierno de Artur Mas ha decidido 'plantar cara' (parece que les sobra) no elaborando los presupuestos de 2013 para los que dispone de un objetivo de déficit superior al 1,5% que consideraba óptimo hace solo unos meses. Mantiene al mismo tiempo recortes, ya que cumplirá el objetivo de déficit marcado en el 1,58%, y opacidad puesto que hurta el debate parlamentario e impide a los grupos parlamentarios ejercer su labor de control y al conjunto de los ciudadanos catalanes conocer las prioridades de gasto y la aplicación efectiva del conjunto de las partidas que conforman el presupuesto autonómico.

También ha decidido, con el apoyo inestimable de ERC, evitar el debate monográfico para luchar contra el paro y reactivar la economía cuya celebración en el Parlamento de Cataluña ha propuesto Ciutadans con carácter urgente. El principal motivo de preocupación para los ciudadanos no es prioritario para el gobierno de Artur Mas.

Y es que frente a los datos que revelan las encuestas, las prioridades del gobierno de la Generalitat y de los grupos parlamentarios que le dan apoyo en el Parlamento de Cataluña son ajenas al interés general y responden principalmente a su interés partidista. La prioridad, que en otro tiempo podría haberse considerado la típica “serpiente de verano”, es y seguirá siendo el proceso separatista que pretende alcanzar con urgencia la ruptura con el resto de España. Para conseguirlo, el binomio Mas-Junqueras y sus principales colaboradores siguen afianzando las bases para la ruptura, predicando la desafección con el resto de España y practicando activamente la deslealtad institucional, mientras hablan de poder ejercer un supuesto derecho cuya práctica deriva de la “radicalidad democrática”.

No cabe duda que el planteamiento de Mas y Junqueras es radicalmente extremista. Lo que quizás no esté nada claro es que sea realmente democrático. Porque la democracia se basa en el respeto de las reglas del juego, en mantener la acción de gobierno estrictamente en el marco del Estado de Derecho. Lo que no es nada democrático es anteponer a cualquier otro interés los intereses partidistas y gobernar de espaldas al ciudadano".